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Domingo, 24 de octubre de 2004

AGRO › LA PELEA JUDICIAL POR LA DISTRIBUCION DE LA CUOTA HILTON

Abrir el juego o negocio para pocos

 Por Susana Díaz

La Cuota Hilton consiste en un preciado cupo para la exportación a la Unión Europea de 28.000 toneladas de carne de altísima calidad. Fue asignada al Estado argentino en 1987 a modo de “compensación” por las barreras, que perjudicaron sus ventas de cereales y oleaginosas, por las onerosas barreras introducidas por la UE. Originalmente fueron 5000 toneladas, que rápidamente crecieron hasta alcanzar las 28.000 actuales en 1992. Nótese que se trata de una “restricción comercial” impuesta por los mismos países que abogan por el libre comercio cuando se trata de sus exportaciones.
El cupo es codiciado porque permite vender a la UE pagando un derecho de sólo 60 centavos de euro por kilo contra 3,05 que deben pagarse si se exporta por fuera de la cuota. Haciendo cifras gruesas esto significa conseguir un ahorro de alrededor de 2500 dólares por tonelada exportada. El “dueño” de repartir este beneficio es el Estado, lo que habilita la posibilidad de discrecionalidad en el reparto. En la década del ‘90, por ejemplo, sólo cinco empresas llegaron a repartirse más del 50 por ciento de la cuota, mientras que las primeras diez exportadoras se repartían el 75 por ciento. La discrecionalidad estaba dada por los parámetros establecidos para el reparto, parámetros que beneficiaron primero a algunas firmas productoras de hamburguesas y luego a otras que habían exportado carnes cocidas.
La discrecionalidad del Estado también fue el origen de las primeras medidas cautelares interpuestas por muchas firmas pequeñas y medianas. El problema de la “judicialización de la cuota”, esto es la intervención de un juez comercial obligando al Estado a asignar o mantener la cuota de una determinada firma, llegó al extremo en el período 2003/2004, cuando cerca del 50 por ciento de la Hilton se distribuyó de esa manera.
Para el período en curso, 2004/2005, la actual administración implementó una serie de medidas tendientes a desconcentrar el reparto. Los cambios consistieron esencialmente en cuatro medidas:
1. Aumentar la cuota asignada a los productores directos (cuya carne es faenada por frigoríficos habilitados) del 6 al 10 por ciento de manera gradual. Este año tendrán 2000 toneladas.
2. Regionalización de un 7 por ciento de la cuota. Esto significa repartir unas 2000 toneladas entre las distintas provincias en función de su stock ganadero.
3. Repartir 5000 toneladas entre las plantas nuevas, a razón de 200 toneladas por dos años a cada planta. La medida no sólo es democratizadora sino que premia a los frigoríficos que realizan las fuertes inversiones necesarias para conseguir la habilitación de la UE, que demanda requisitos edilicios mínimos, adecuada trazabilidad, y altísimos estándares de sanidad.
4. Se eliminó la inclusión de la carne cocida en el cálculo del historial de exportación (past performance) que se utiliza para repartir el resto de la cuota.
El conjunto de estas medidas permitió sacar 9000 toneladas del reparto por historial de exportación. También que el número de empresas exportadoras pase de 48 a 66. De las restantes 19.000 toneladas, 7000 fueron distribuidas por medidas cautelares concretas y 3000 fueron reservadas por el Estado para cautelares aún no resueltas. Sólo las restantes 9000 se repartieron por past performance, lo que significa que las empresas tradicionales vieron reducirse sus cuotas a la mitad.
El debate actual, más allá del pataleo de algunos grandes frigoríficos por este último punto, se centra en la “judicialización” del reparto. La modalidad de las cautelares trascendió el marco de la defensa contra la arbitrariedad del Ejecutivo para convertirse en lo que muchos consideran un negocio. El secretario de Agricultura, Miguel Campos, declaró esta semana en Francia que solicitaría la intervención del Consejo de la Magistratura para “desjudicializar” el reparto.

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