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Por Fernando Krakowiak

Desde enero, el gasoil aumentó un 120 por ciento y las petroleras adelantan que seguirán subiendo los precios. La devaluación incrementó los costos de producción en menos del 10 por ciento. Por lo tanto, los aumentos tienen como objetivo fundamental preservar la renta en dólares de las empresas. Los perjudicados con la suba del gasoil son las compañías de transporte público de pasajeros, los transportistas de carga, el agro y las miles de personas que durante la década del 90 compraron un auto gasolero para ahorrar costos.
Durante los primeros meses del año el Gobierno estableció retenciones del 20 por ciento a los hidrocarburos, cuotas fijas de exportación, exenciones impositivas a la importación de gasoil y precios diferenciales para el transporte, garantizados a través de subsidios. Las medidas sirvieron para frenar el desabastecimiento. Sin embargo, los reiterados aumentos de precios han vuelto cada vez más explosiva la situación. La ley 25.561 de Emergencia Pública que sancionó el Congreso autoriza al Gobierno a regular las tarifas desde la boca de pozo hasta el surtidor. Pero fuentes del Ministerio de Economía afirmaron a Cash que se descarta la fijación de precios máximos porque “de esa forma las petroleras reducirían el nivel de inversiones y sería muy difícil poder controlarlas”.
Al igual que en el mercado de las naftas, cuatro empresas dominan la venta de gasoil. Según el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE), Repsol-YPF, Esso, Shell y EG3-Petrobras concentraron durante 2001 el 86 por ciento de las ventas. El control oligopólico del mercado interno les permitió acordar fácilmente políticas de precios que fueron en detrimento del interés público ante la pasividad del Estado. Según el IAE, entre 1992 y 2002 el precio del gasoil a la salida de la refinería estuvo un 15 por ciento promedio por encima de los valores que se manejaron en el mercado de Nueva York. Luego de la devaluación los precios locales quedaron por detrás de los internacionales. Actualmente se han equiparado, pero los aumentos podrían seguir.
Paradójicamente, las ventajas impositivas que hicieron del gasoil un combustible barato son las que explican la mayor suba porcentual de su precio en comparación con la nafta (ver cuadro). En 1992 el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, decidió desgravar al gasoil del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC). Esa situación produjo que la industria automotriz pasara de producir siete nafteros por cada gasolero a dos nafteros y medio por gasolero. Según la Cámara de la Industria del Petróleo, en 1995 el 80 por ciento de los vehículos eran nafteros, mientras que hoy alcanzan el 55 por ciento. En el mismo período los gasoleros pasaron del 15 al 30 por ciento del parque automotor. La distorsión impositiva se corrigió en parte volviendo a aplicar el ITC al gasoil, pero nunca se equiparó la cifra que pagan ambos combustibles. Actualmente, el ITC que se aplica por sobre el precio industrial es una suma fija de 0,54 centavos por litro para la nafta y 0,15 centavos para el gasoil, diferencia que amortiguó la suba del precio industrial en términos porcentuales en el caso de la nafta. Antes de la devaluación el litro de nafta era un 76 por ciento más caro que el gasoil y ahora la diferencia se redujo al 45 por ciento.
Quienes defienden la libertad de precios afirman que los combustibles son commodities que fijan su valor de acuerdo con la cotización vigente en el mercado internacional, escenario que no viene siendo favorable a la Argentina, pues en el último año el precio del barril de crudo subió de 18 a 28 dólares. Los que se oponen sostienen que el petróleo es un bien estratégico y escaso que debería tener en el mercado interno un valor acorde con las necesidades de los sectores productivos, tal como ocurre en Venezuela. Gustavo Calleja, experto en hidrocarburos del Grupo Moreno, defendió ante Cash esa postura al afirmar que “se deben fijar precios máximos en el mercado local”. Jorge Lapeña, presidente del IAE, reivindicó una postura intermedia al señalar a este suplemento que “el petróleo es un commodity, pero también es un producto estratégico no renovable. Por lo tanto, es indispensable fijar una política energética que privilegie el interés común sin necesidad de fijar precios máximos al gasoil y a la nafta”. Hasta el momento, el Gobierno se limitó a garantizar el abastecimiento de gasoil, pero no hizo nada para frenar la suba de precios. Prefirió subsidiar con fondos públicos a las empresas de transporte antes que intervenir en el mercado de los combustibles.