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Domingo, 9 de octubre de 2016

EL PRECIO PIST Y LA AUDIENCIA PUBLICA POR LAS TARIFAS DE GAS

Errores y datos ocultos

Propuesta de una auditoria para revisar las aprobaciones realizadas por el Gobierno, que llevan a que el Estado se vea comprometido a pagar cifras siderales por el gas más allá de rentabilidades razonables.

 Por Jose Andres Repar *

La mayoría de los concurrentes a la Audiencia Pública del 16 de septiembre pasado reclamó al Gobierno que los aumentos propuestos eran absolutamente excesivos y que afectaban la vida cotidiana También los organismos de defensa del consumidores reclamaron la falta de información de la generación de los precios PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) y la no explicitación de los fundamentos que justifiquen el volumen y el precio del gas incremental componente que aparece como clave del PIST y de las tarifas de gas. Esa información era reclamada como un elemento esencial para la validez de la Audiencia Pública.

La propuesta del gobierno fue expuesta por medio de un Power Point que merece una serie de aclaraciones por serios errores y sin la información sensible que se le reclamaba al Gobierno. El traslado del precio PIST a todos los compradores –industrias, comercios, generadoras eléctricas y residenciales– se definió por la Resolución 226/14 en un promedio según el gobierno actual de 2,50 dólares por millón de BTU. A ese precio fue vendido el gas por los productores sin ningún subsidio por parte del Estado. Por lo tanto los pagos del gas a cargo del Estado existentes vienen por otro lado, y están relacionados con el gas importado y con los planes promocionales de gas, que el Gobierno denomina “producción incremental”.

Con respecto a este último, por Resolución 1/2013 el anterior gobierno estableció un “Programa de Estímulo a la Inyección de gas excedente de Gas natural”. El objetivo primordial fue promover inversiones en nuevas técnicas de extracción del gas, como el shale gas y nuevos desarrollos productivos especialmente de gas no convencional, proponiendo un precio de hasta 7,50 dólares por millón de BTU. Este incentivo entre la reglamentación del programa, formularios tipo y la prórroga para la inscripción el 31 de octubre de dicho año produjo que de hecho el Programa comenzara a funcionar durante el 2014 con la nueva producción del shale gas de YPF, pero prosiguió en el 2015 con una nueva postura que fue la de aprobar propuestas de diversas empresas de reconvertir en algunos yacimientos gas viejo convencional en gas nuevo no convencional.

El Programa garantizaba a las productoras el pago de una suma que correspondiera a un efectivo incremento de producción entre una curva de declino base y el producido real por encima de la misma. Es así que la Propuesta del Gobierno nos informa que durante el 2015 los volúmenes de gas incremental llegaron al 26 por ciento del total consumo y que el pago fue a 7,33 dólares/MMBTU. Es decir sobre un consumo total de 128 millones m3/d, aparece en escena en forma descontrolada un gas incremental de 33 millones m3/d. Volumen que la propuesta del gobierno no aclara si son del principio o a finales de 2015.

El cálculo de los 5700 millones de dólares que estima el gobierno como subsidio a ser pagado por los usuarios hasta el 2019 en seis cuotas semestrales en dólares posee errores como el de incluir el gas oil que no es procedente ni para los usuarios R ni P, ambos estructuralmente vinculados solo a gas natural. La cifra planteada de 5700 millones de dólares si se le resta el gas oil implica una baja de 1332 millones de dólares. Las importaciones del año 2016 se presumen van a ser un 40 por ciento de las erogaciones del 2014. Por último la valoración del gas incremental es un estímulo que el gobierno anterior lo asume desde el Estado. Ese gas incremental es un problema serio que pasamos a desarrollar.

La curva de declino del país en los 10 años anteriores se halla en el -2,42 por ciento anual. Asumiendo dos años del mismo (-4,84 por ciento) y sumando el incremento de la producción de gas de 2015 (3,87 por ciento), cifras obtenidas de estadísticas de la secretaria de hidrocarburos, solo cerca de 9 millones m3/d se justifica como gas incremental. La diferencia hasta llegar a los 33 millones de m3/día no se posee información ni el gobierno la ha dado. Nadie expuso de donde vienen tanto incremento. A la Audiencia pública el gobierno no presentó ninguna lista de empresas que indique a quien y en qué momento se les ha otorgado el beneficio de pagarle precios del gas al triple del valor de base. Tampoco se suministró información al respecto de las aprobaciones correspondientes.

Del listado de las 10 empresas productora principales observamos de las estadísticas del Ministerio de Energía que solo 4 empresas incrementaron su producción de 2014 al 2015. Ellas fueron YPF (+10,2 por ciento),PAE (+15,9), Tecpetrol (+5,2) y Sinopec (6,1). Las 6 restantes siguieron en declive (Total, Petrobras, Pluspetrol, Apache, Petrolera LF y ENAP Sipetrol). En resumen se supone que las empresas recibieron el estímulo por el gas incremental. Es el 26 por ciento del consumo y a 7,33 dólares/MMBTU: implica la suma de 3278 millones de dólares.

No todas estas empresas beneficiarias y no beneficiarias se presentaron a la Audiencia pública para aclarar su situación respecto a los incrementos y beneficios obtenidos. Todos estos procedimientos de aprobación han estado a cargo del Estado, sin ninguna presentación de auditorias de nivel adecuado para proceder a justificar la erogación de los más de 3200 millones de dólares del Tesoro Nacional. Por el Art 5° de la resolución 1/2013 se indica que serán solventados por el Tesoro Nacional y así ha sucedido. El ministro Aranguren suscribió este año la nueva resolución 74/2016 que otorga a toda producción incremental el precio tope de 7,5 dólares/MMBTU y además prolonga el programa a diciembre 2018.

La finalización del programa se supone el fin de los pagos estímulos. Es decir terminado el plan de estímulos-subsidios la lógica indica que las empresas volverían a percibir el precio base de producción nacional. A las empresas esta perspectiva de que los estímulos no vayan a pagarse más obviamente no les cae bien, quieren que se asegure el precio del gas boca de pozo como tarifa no como estímulo.

El gobierno actual en representación de las empresas toma los valores ya pagados por el Tesoro Nacional del 2015 como subsidios y pretende repartirlos en caso de los usuarios residenciales en cuotas en dólares hasta el 2019. Tomar los valores del 2015 es un error dado que en realidad es cosa juzgada con el ejercicio presupuestario de ese año ya cerrado. En el 2016, la propuesta en power point del gobierno establece una estimación entre la curva de producción y la curva base de declinación y estima que el volumen de gas incremental subirá 34 por ciento del consumo de gas. Es decir asume la friolera de 44 millones m3 y con una erogación–subsidio de 2920 millones de dólares sobre el valor base de 2,50 dólares/MMBTU. Que tampoco se sabe de dónde surge ni de que empresas ni cuándo ni cómo. El Ministerio de Energía y Minería no las exhibe en su página web y tampoco las presentó a la Audiencia Publica.

Una auditoria resulta imprescindible para revisar las aprobaciones realizadas que nos llevaron a que el Estado se vea comprometido con dinero que es de todos a pagar cifra siderales por el gas más allá de rentabilidades razonables conformando un sobreprecio peor que los que se barajaron en alguna obra pública pasada.

Estos programas de estímulo, cuya transparencia y control de las inversiones no nos consta, no corresponde de ninguna manera incluirlos en la tarifa de los usuarios que solo deben pagar los valores reales certificados o auditados del gas que le es suministrado. La tarifa de un servicio público debe estar constituida por el pago de un monto transparente directamente relacionado con el servicio recibido y al valor de ese servicio.

El gobierno ha formulado un sistema compensatorio, un mix, entre el precio del gas en boca de pozo existente antes del tarifazo: 2,50, que remuneraba a las petroleras por el gas viejo o convencional –a nuestro juicio adecuadamente– y el precio resultante de los mecanismos promocionales, que fija en 7,33, proponiendo en consecuencia un precio unificado en el 2019 de 6,78 dólares por millón de BTU. Un precio de esta magnitud, es probablemente suicida para el país que frenará la expansión de las redes y mantendrá en la exclusión a millones de argentinos que no la tienen y que comprometerá el desarrollo industrial competitivo. Traslada a la tarifa de los usuarios un sendero en dólares del sistema de “producción incremental” y lo lleva muy cerca al precio de 7,5 de promoción del shale gas. Sistema que de alguna manera anula los estímulos diferenciales a la producción de shale gas y lleva a una política en la que Vaca Muerta pasará a ser Vaca sepultada.

* Ingeniero. Integrante del IESO–Instituto de Energía Scalabrini Ortiz.

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Imagen: Guadalupe Lombardo
 
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