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¿Cómo evalúa la situación actual de los docentes?
–Para nosotros hay una flagrante contradicción entre un discurso que le asigna cada vez mayor trascendencia a la educación y una práctica que convierte a la retribución de los docentes en un salario basura condenándolos a vivir en la pobreza. Creemos que desde el Estado se debe empezar a revertir esta situación.
¿Qué herramientas tiene el Estado Nacional para impulsar una recomposición salarial en un sistema federal más allá del Incentivo?
–La provincialización profundizó las desigualdades existentes llevándolas a límites históricos que nunca habíamos conocido en la Argentina. El gobierno nacional posee una herramienta precaria como el Incentivo Docente porque es una ley acotada a cinco años y dejará de tener vigencia en abril de 2005. Por eso creemos que hay que generar otra alternativa. Con el ministro de educación, Daniel Filmus, coincidimos en la necesidad de impulsar un cambio y acordamos fijar el segundo semestre del año como el punto de partida de un debate para definir una ley de financiamiento educativo que apunte otra vez a reposicionar al Estado Nacional como corresponsable del sostenimiento de la educación en todo el país junto con las provincias. Una ley de financiamiento que no solamente plantee la continuidad del Incentivo como parte del salario sino pisos de inversión que obliguen en todo el país a tomar la educación como una política de Estado.
En los ‘90 la inversión educativa aumentó y los docentes igual quedaron postergados.
–El Estado debe fijarle a las provincias un compromiso en contrapartida por los fondos que le gira. La futura ley debería exigir la inversión en el sistema educativo y en los salarios docentes porque si no, se corre el riesgo de que haya gobiernos que especulen con los fondos que reciben de la Nación para mantener el salario de los docentes bajos y disponer de más recursos para rentas generales.