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Domingo, 24 de septiembre de 2006

Dos opiniones sobre la política de subsidios

SANTIAGO URBIZTONDO

economista de FIEL

“Esconder un problema”

“Los precios tienen que reflejar los costos, salvo que existan fundamentos para apartarse de ese principio general. Para el ferrocarril hay fundamentos internacionales históricos como la utilización de un medio más limpio en términos ambientales, la integración regional y la necesidad de afrontar parte de los altos costos fijos que tiene la infraestructura, pues si el precio reflejara esos costos habría una subutilización del servicio y una pérdida de las ventajas asociadas que genera el tren. En el caso del autobús se esgrime la conveniencia del transporte colectivo por sobre el individual como forma de aliviar la congestión urbana, pero los fundamentos son más tenues. También se lo justifica diciendo que es un servicio utilizado fundamentalmente por personas de bajos recursos, lo que indica algún tipo de focalización. Ahora bien, aunque se decida otorgar un subsidio debe seguir existiendo una correlación entre costos y precios. No se puede mantener el precio congelado de un pasaje pase lo que pase con los costos, porque lo único que se hace de ese modo es esconder un problema.”

MARTIN HOUREST

economista de la CTA

“Condiciones de equidad”

“Lo primero que se debe poner en discusión es qué modelo de transporte se quiere implementar para generar condiciones de equidad entre los usuarios de transporte público y privado. Luego se debe definir si ese transporte público debe estar a cargo del Estado o de empresas privadas. Ahora bien, si se decide otorgar a los privados la operación del servicio no está mal otorgar subsidios, lo que está mal es el subsidio sin regulación del servicio. En Argentina, el Gobierno asegura beneficios privados a través de subsidios sin verificar el cumplimiento de los servicios. Garantiza la continuidad de las concesiones, no sanciona los incumplimientos y subsidia el servicio a cambio de que los privados no aumenten la tarifa para de ese modo evitar que se incremente el descontento social. Lo que se impone no es un análisis técnico sino el objetivo político de no aumentar el boleto bajo ningún concepto. De ese modo, la calidad del transporte público se deteriora y la gente igualmente se ve obligada a incrementar el gasto destinado a transporte, pues debe recurrir a servicios privados como el remís para garantizar su movilidad.”

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