El economista de la UBA Javier Curcio es autor del trabajo Análisis del impacto de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, junto a Alejandra Beccaria, presentado en el X Congreso Nacional de Ciencia Política, que se realizó a fines de julio en Córdoba.

–Es un programa que resolvió muy bien el tema de la focalización. Llega a los que más lo necesitan. Sin embargo, de los primeros datos que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares notamos que el impacto efectivo que se visualiza es inferior al esperado en las simulaciones. Hay cuestiones por resolver. Por ejemplo, según datos que se desprenden del Ministerio de Trabajo, existen aproximadamente un millón de chicos que podrían recibir esta asignación y no la están percibiendo. Hay poblaciones indígenas de difícil acceso, o chicos que no tienen documentos o padres que no pueden dar sus datos en la Anses. Por otro lado, los aumentos de los precios de los alimentos fueron mayores al incremento que tuvo la asignación el año pasado. De todas maneras, hay que destacar otras ventajas, como el fomento al consumo, lo que implica una mayor demanda de empleo, inversión y una devolución al Estado vía impuestos. Es un círculo virtuoso que podría optimizarse.

–Lo que pudimos comprobar es que existe una correlación muy marcada entre las jurisdicciones que tienen las mayores dificultades laborales con la presencia de la AUH. Por ejemplo, en Misiones el 31,0 por ciento de los niños la reciben, en Salta llega al 30,9 por ciento, en Tucumán alcanza al 32,1 por ciento y en Buenos Aires al 26,7 por ciento.

–Hay un aspecto positivo que es la vinculación de la asignación con el Plan Nacer, para las madres embarazadas. Esto implica, sin duda, mejores indicadores sanitarios. Y en cuanto al tema educativo, aumentó la matrícula en los diferentes niveles, aunque todavía es difícil decir en qué proporción, ya que cada escuela tiene una forma diferente de tomar esa información.

–Por definición gubernamental, la AUH resulta incompatible con cualquier otra política de transferencia de recursos directos. Pero, por ejemplo, las capacitaciones de empleo también implican una transferencia directa, y su objetivo es la inserción laboral. Aquí no habría incompatibilidad en los objetivos de los planes. Creo que si se revisara este criterio, los beneficios podrían extenderse