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Miércoles, 4 de abril de 2007

TEATRO › UN RECLAMO DE LOS INDEPENDIENTES

Ordenar las leyes

Los teatros independientes de Buenos Aires siguen padeciendo la falta de una legislación que contemple las particularidades de la actividad que realizan. Por tal motivo, Artei –que representa a 180 salas de la ciudad–- convoca a sus asociados a reunirse hoy a las 12.30 frente al Ministerio de Cultura (Av. de Mayo 575), en apoyo de la gestión que la entidad viene realizando en defensa del sector, desde que en 2000 el gobierno a cargo prometió regularizar la situación habilitatoria de las salas. Colaborando con las autoridades, tanto los dueños como los encargados de los diferentes espacios (todos teatristas) trabajaron durante los años 2005 y 2006 en la redacción de “una ley posible”. Lo cierto es que hoy, después de esperar infructuosamente que se reglamente la ley Nº 2147, que debía especificar los plazos y los pasos necesarios para la habilitación, no se logró una respuesta satisfactoria. La falta de criterio de quienes deben legislar y gobernar produjo desde fines de febrero algunos hechos lamentables, como las varias inspecciones a las salas (una de las primeras fue Andamio 90, teatro fundado por la fallecida Alejandra Boero, pionera de los independientes) en las que se aplicó sin atenuantes la Ley 2147, que necesitaba de ajustes, pues “no interpretaba la singularidad de nuestra tarea”, como señala Artei. A partir de esas inspecciones se les informó –ya abiertamente– que tal ley no necesitaba reglamentación y que por lo tanto era “operativa”. Se produjo entonces un nuevo reclamo de los independientes y una respuesta: “El Ejecutivo nos informó entonces que iba a reglamentar la ley, pues se trataba de una Ley de Consolidación.” Lo cierto es que el enredo continúa. Pero los independientes no se desaniman y exigen respuestas claras. “El Ejecutivo se había comprometido a redactar una reglamentación con un plazo de 180 días para ponernos en regla, pero resulta que la Dirección de Habilitaciones, Control y Fiscalización desconoce esta gestión y se niega a inspeccionarnos bajo la reglamentación del DNU de marzo de 2005, que sigue vigente. Insiste en desconocer la hasta ahora aparente voluntad política del Ministerio de Cultura para solucionar esta situación y continúa realizando inspecciones a los teatros con una actitud persecutoria.”

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