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Viernes, 22 de febrero de 2008

RESISTENCIAS

El hambre como herramienta

Cuando todavía se está recuperando de los efectos de la huelga de hambre que casi la llevaron a la muerte, Patricia Troncoso, militante mapuche del sur de Chile, espera ansiosa que se cumpla con las salidas transitorias de las que le hubiera correspondido gozar desde hace más de un año y que fueron motivo central de su reclamo. Troncoso fue condenada por la polémica ley antiterrorista en su lucha por la defensa de las tierras que llevan adelante integrantes de los pueblos originarios a ambos lados de la cordillera contra latifundistas privados.

 Por Gimena Fuertes

Después de 112 días de huelga de hambre los primeros bocados de Patricia Troncoso, presa política mapuche en Chile, no fueron del todo dulces. Si bien le arrancó al gobierno chileno el compromiso de mejorar las condiciones de encarcelamiento suyas y de sus compañeros gracias a la medida de fuerza extrema que puso en peligro su vida, la Chepa –como le dicen sus hermanos– ya lleva más de cinco años encarcelada por un supuesto incendio a una compañía forestal en el sur chileno. Pero su paso dejó huella en cada una de las cárceles donde la mantienen detenida y en las que contribuyó a visibilizar los abusos y a denunciar las violaciones a los derechos humanos. En tanto, Roberto Troncoso, padre de la Chepa, organizaciones mapuche y de derechos humanos ya convocaron a llevar a cabo movilizaciones y actos el 29 de marzo a ambos lados de la cordillera “que le recuerden al gobierno chileno que las demandas de nuestra lamién (hermana) exigidas y peleadas, a través de la huelga de hambre más larga en la historia de Chile, no fueron alcanzadas del todo. Apenas ha obtenido la promesa de ciertas garantías a partir de marzo”.

Esta huelga, iniciada el 12 de octubre de 2007, la llevó a cabo para poder salir los fines de semana, derecho que se les otorga a quienes hayan cumplido la mitad de su condena. En su caso, desde septiembre de 2002, ya lleva cumplidos cinco de los diez años y un día de cárcel a los que la condenó la Justicia chilena debido a la acusación y sentencia producto de la aplicación de la ley antiterrorista, en vigencia desde la dictadura de Augusto Pinochet por el supuesto incendio en el fundo Poluco Pidenco de la empresa Forestal Mininco SA. Además de la condena, la Chepa debe pagar una indemnización de 425 millones de pesos a la forestal que ocupa las tierras históricamente reclamadas por su pueblo. En este juicio los acusados fueron marcados por los llamados “testigos sin rostro”. Gladys Troncoso, hermana de Patricia, había relatado a Las12 que “hubo cien testigos, les pagaron, atestiguaron en contra de los cuatro mapuches detrás de un biombo, con la voz distorsionada”. La causa se llevó en el juzgado de Temuco y ahora ya están condenados.

“Vencimos el orgullo y la arrogancia de un gobierno y nos llenamos de generosidad para dejar de lado los intereses personales y mezquinos por otros intereses más solidarios que aseguren justicia y libertad para todo el pueblo mapuche y el pueblo chileno, ambos empobrecidos y explotados por un modelo económico depredador e inhumano”, sintetizó. “Hoy 30 de enero del año 2008 pongo fin a mi huelga de hambre que se prolongó durante 112 días, obedeciendo y creyendo en el rol de la Iglesia (Católica) a quien pedimos su mediación”, relató la Chepa con un hilo de voz en la grabación que entregó a los medios y luego de la intervención del obispo Alejandro Goic, quien actuó como mediador con el gobierno chileno. Después, la Chepa fue internada en el hospital de Temuco, para luego ser trasladada a un Centro de Educación y Trabajo en Angol. Desde marzo próximo accederá al beneficio de salida dominical lo que también se aplicará a los comuneros Jaime Marileo y Juan Millalen, acusados en la misma causa que la Chepa.

Hace cinco años, a Patricia Troncoso le faltaba un cuatrimestre para recibirse en la carrera de Teología de la Universidad Católica de Valparaíso. Como parte de sus prácticas universitarias, concurría a la comuna mapuche de Temuco para realizar trabajo voluntario. El incendio se produjo en las tierras cercadas por la forestal Miñinco, que los mapuches mantenían ocupadas en reclamo de sus derechos ancestrales. Cuando Patricia vio por primera vez en la televisión desde su casa, en Santiago de Chile, que se había producido el incendio en los bosques de esa empresa, miró a su hermana y le dijo: “Vas a ver que me van a culpar a mí”. Y así fue. Meses después, Patricia viajaba en un auto por la ruta que une Santiago con Temuco; los carabineros pararon el vehículo y lo inspeccionaron. En cuanto la vieron, la bajaron a los tirones y la arrojaron dentro del camión policial. Su hermana Gladys, contó que “la Chepa se considera una mapuche más, aunque nació y creció hasta los 28 años en Santiago. Un día empezó a buscar sus orígenes por el lado de mi papá, pero no hay registro. Pero acá todo el mundo es descendiente de mapuche, de ahí venimos. Hay mucha discriminación con los mapuches, pero en realidad es con todas las personas de bajos recursos”.

Todos somos terroristas

La Ley 18.314 sobre Conductas Terroristas vigente en Chile es similar a la aprobada en junio pasado en Argentina, un instrumento para sancionar a cualquier agrupación popular en una tipificación de “asociación ilícita terrorista”, y es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar ser incluida en el grupo de países “no confiables” para las naciones que integran. El organismo internacional exige adecuar las leyes nacionales a normas globales sobre represión. Para que un acto sea considerado terrorista debe desarrollar “un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político”. La norma pena con reclusión a quien forme parte de una organización terrorista y condena a sus organizadores con un mínimo de diez años, hayan participado del acto o no. La Ley Antiterrorista en Chile tuvo su génesis durante la dictadura del general Pinochet con el objetivo de perseguir y aniquilar al movimiento opositor. A partir de la Constitución de la República de 1980, la ley continuó vigente. Los sucesivos gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia han gobernado apegados a ella. Hace ya una década, en el contexto del llamado Conflicto Mapuche, el gobierno de Chile, encabezado por Ricardo Lagos, se querelló en contra de varios comuneros mapuche y se exigió a los Tribunales de Justicia la aplicación de la Ley Antiterrorista.

En el marco de la Campaña por la Derogación de la Ley Antiterrorista y la Libertad Inmediata de los Presos Políticos Mapuche se argumenta que “no se puede aplicar en el contexto de un conflicto entre particulares, como lo es en el caso del Incendio del Fundo Poluco Pidenco, puesto que éste no es un atentado a bienes públicos que afecten a la comunidad en general” y que “dichos hechos tampoco tienen una connotación terrorista en tanto no afectaron vidas humanas. Está claro que en este caso, como lo fue también en el Juicio llevado en contra de la coordinadora Arauco Malleco por Asociación Ilícita Terrorista, no tienen carácter terrorista. Estos hechos confirman que evidentemente la aplicación de la Ley Antiterrorista fue un error jurídico. Sin embargo, la responsabilidad política de su aplicación recae en el Poder Ejecutivo, en tanto, ya que fue quien solicitó expresamente su aplicación”.

Decenas de organizaciones de pueblos originarios, de mujeres y de derechos humanos se movilizaron para lograr visibilizar la lucha de la Chepa. La campaña tomó distintas formas: cartas, cadenas de mails, difusión en los medios alternativos, marchas en Chile y Argentina y escraches a diplomáticos. La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) se dirigió a “la Señora Michelle Bachelet Jeria, Excelentísima Presidenta de la República de Chile”. “Nos provoca un gran desconcierto que en un país gobernado por una mujer, nuestra vida ha ido perdiendo su valor cada vez más, y nos impacta fuertemente que el femicidio se haya convertido en una constante”, sostuvieron.

“Las banderas que hemos usado en esta lucha son justas y generosas. Lo que ha puesto cada uno, del más pequeño al más grande, del más humilde al más letrado, puede significar en un futuro cercano cambios reales en materia del respeto a los derechos humanos, cambios del sistema económico depredador e inhumano, protección y resguardo de los recursos naturales –de los pocos que nos quedan–, legalidad que permita fiscalizar y elevar las exigencias del impacto ambiental y tecnologías limpias para las futuras inversiones en este país”, declamó en el comunicado que emitió el 30 de enero cuando finalizó su huelga de hambre. Los conflictos por la tierra y por los derechos del pueblo mapuche se agudizan. En enero un joven mapuche, Matías Catrileo, fue asesinado por los carabineros, en el marco del conflicto que se extiende en el sur de Chile. En los últimos comunicados, luego del triunfo de su lucha, la Chepa advierte: “Los mapuches seguiremos luchando, seguiremos resistiendo y si uno o una cae, diez se levantarán”.

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