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Viernes, 21 de marzo de 2008

PERFILES

Una cruzada

Capaz de renunciar a lo personal pero jamás a su profesión, la jueza federal Laura Inés Cosidoy asume el riesgo de denunciar las conexiones entre policías y narcotraficantes, aunque eso le cueste vivir rodeada de custodia. Esta mujer implacable, dura para las lágrimas, desconfía de las voces de apoyo que llegan desde la política; la complicidad, cree, no se acaba en los uniformes.

 Por Sonia Tessa

Desde hace quince años, la jueza federal Laura Inés Cosidoy denuncia la complicidad de la policía con el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. No se limita a hacer declaraciones periodísticas, sino que procesó –como jueza de instrucción– a seis oficiales en 1993, y luego, cuando ascendió a integrante del Tribunal Oral Federal número 1, devolvió expedientes a los jueces para ordenarles que investiguen la conexión policial en distintas causas por drogas. El año pasado denunció penalmente a una unidad regional policial completa por recaudación ilegal. Las consecuencias de su tarea comenzaron muy temprano: en 1993 le balearon el frente de su casa, un chalé ubicado sobre la calle Walt Disney de Parquefield, un barrio de clase media en el norte de la ciudad, del que nunca se mudó. Por entonces debió llevar chaleco antibalas durante meses. Las amenazas siguieron y hoy tiene una guardia reforzada en su vereda.

Foto: Sebastian Granata

Entre amenazas y abrazos

La reacción de los que se molestan por sus investigaciones tiene una contracara: el cotidiano pedido que le hace la gente por la calle para que no baje los brazos. Cuando lo cuenta, a esta mujer capaz de enfrentarse cara a cara con hombres poderosos, se le eriza la piel y se le humedecen los ojos. Sin embargo, la mirada vuelve a endurecerse cuando rechaza las declaraciones de “apoyo” de gobernantes y políticos. “Para que haya tanta impunidad tiene que haber complicidad, no hay otra forma”, enfatiza.

La historia comenzó cuando Cosidoy tomó muy en serio —como hace con todo— la desarticulación de una banda de narcotráfico. Y no se detuvo en sus integrantes civiles, sino que indagó hasta encontrar la conexión policial. En la causa Salerno, así llamada porque uno de los jefes de la banda era José Luis Salerno, procesó al subcomisario César Peralta, los sargentos Aldo Rey y Miguel Masiello, los comisarios principales Jorge Daniel Benítez y Angel Roberto Cuello y el subcomisario Miguel Feldman. Las derivaciones llegaban también al dirigente Jorge Lelli (ya fallecido), íntimo amigo del ex presidente Carlos Menem. Pero los problemas comenzaron cuando citó a declarar al comisario inspector Raúl Romero, que nunca se presentó. Allí recibió la primera amenaza.

El ascenso a integrante del primer Tribunal Oral que se formó en el fuero federal de la ciudad fue inmediato. “Desde ya que no me sacaron del final de la lista, yo estaba primera para ascender, pero les resultó muy oportuno. Juré el 18 de junio y nosotros el primer juicio lo tuvimos el 27 de septiembre. Para entonces, ya no era jueza de instrucción”, indica. Cuando ella dejó la causa, la Cámara Federal confirmó los procesamientos a civiles, pero anuló los de los uniformados, amparándose en fallas formales en la instrucción. “Juraría que los indagué igual, y les presenté las pruebas por igual a civiles y policías, pero la Cámara entendió que estaba bien hecho lo de los civiles, y que me equivoqué con los policías”, recuerda.

Por esos días, las amenazas, que burlaban las medidas de seguridad, se convirtieron en moneda corriente. Aún hoy tiene custodia reforzada que incluye efectivos de la Policía Federal y de la policía provincial también. Como si se tratara de una mamiushka sin fin, cada investigación de bandas de narcotráfico contiene en su interior efectivos policiales que brindan cobertura. Si bien actualmente su tarea no es investigar ya que la función del Tribunal Oral es la sentencia, muchas veces ordenan a los jueces que profundicen en alguna causa. “En algunos momentos vamos un poco más allá, porque nos damos cuenta, a través de lo que pasa en la audiencia, y del expediente, de cosas que no se pueden soslayar”, afirma Cosidoy, sentada en el living de su casa. Esos datos insoslayables, siempre se soslayan a favor de la policía.

Así fue como rozaron la causa por la muerte de Sandra Cabrera. Fue en la investigación a Roberto Juan Uzin, acusado de tenencia para comercialización, y propietario de una parrilla. La dirigente de Ammar concurría allí con Diego Parvluczyc, policía federal y único sospechoso que tuvo la causa, hoy desvinculado definitivamente por falta de pruebas. Es más, Sandra estuvo en ese lugar la misma noche de su muerte. “No se pudo probar quién la mató, pero en la causa que investiga su muerte está probado quiénes de la Policía Federal, de la provincial, quiénes de Gendarmería se reunían ahí todas las noches, llevaban remanentes de lo que habían robado de los procedimientos, y lo repartían entre las prostitutas y vendedores para que vendieran para ellos”, relató Cosidoy, que pidió el expediente de la muerte de Sandra para acumularlo en la causa contra Uzin. En ese expediente, el Tribunal que integra la jueza ordenó que se investigue a los efectivos de las tres fuerzas por encubrimiento.

La ira que no cesa

Cosidoy se indigna cuando funcionarios, legisladores, o políticos le prometen apoyo. “No pido apoyo en la lucha contra el narcotráfico, estoy pidiendo decisión política de todo lo que tienen que hacer. Compromiso político y social, tanto del Ejecutivo, como del Legislativo, los judiciales tenemos un compromiso con la sociedad. No es que me apoyen a mí”, señala la magistrada, que tiene pocas expectativas con el actual gobierno encabezado por el gobernador Hermes Binner. Arguye que por los cambios, o la falta de cambios, que nota en la estructura policial, no ve que se modifique el estado de situación.

“En este momento, mi sensación es que los que no forman parte del llano de la sociedad están en la estratosfera”, lanza después de contar una reunión con legisladores. Y también carga contra sus colegas del fuero. “A los jueces federales, cuando les decimos que queremos una investigación más profunda, o les señalamos nuevas líneas, nos responden que no está clara la responsabilidad. Y entonces, no le estamos dando respuestas a la persona que dio el dato, a los empleados que se involucraron en procedimientos, que se arriesgaron a entrar en lugares de terror. Y los denunciantes, a los diez días, ven volver a ese fulano, que también vuelve a vender. Sienten una sensación de impunidad.”

Prevención sin despenalización

En la misma medida que denuncia infatigablemente la complicidad policial, la jueza no considera que la despenalización del consumo de droga sea una medida certera. “Es verbalizar y verbalizar y seguir una línea de ‘progresismo’ como se llama en este momento, de la que inevitablemente en algún momento vamos a tener que dar marcha atrás”, afirma, al tiempo que asegura que hoy los consumidores no son detenidos. “No tiene sentido”, subraya.

También señala que el Estado falla en la prevención, así como en el tratamiento de los consumidores, a quienes califica como “enfermos”. “Los drogadependientes son enfermos, y terminan siendo utilizados y son trafiadictos, porque trafican para poder tener estupefacientes, y así como creo que hay padres despreocupados por su propia problemática, o que se les va de las manos, hay quienes viven el drama y no tienen a quién recurrir. Que es lo más doloroso de todo”, considera.

Pero su prédica está centrada en los narcotraficantes. Denuncia en cada lugar a su alcance las fallas en el sistema de control, al tiempo que dice que “sólo llega a los Tribunales el pequeño proveedor”. En realidad, opina que también ellos “tienen que estar detenidos”. Lo dice sin medias tintas: “No lo voy a llamar como el resto de la gente, que caen los perejiles. Si vende droga, no es ningún perejil, si no preguntale a la mamá que vive en la cuadra del quiosquero, que no es el proveedor, no es el que aporta la plata, no es el que tiene el laboratorio, pero que vende droga a los chicos del barrio. Decile a esa mamá que agarraron un pobre perejil.” Pero también señala, con el aval de su largo accionar judicial, en el que demostró estos mecanismos, que “con el sistema de complicidades, no se llega más arriba en la cadena porque los responsables pagan por su impunidad”.

Cosidoy se enoja cuando el ministro de Seguridad le pide que haga denuncias más concretas. “No le tengo que hacer denuncias. Tiene las herramientas para investigar lo que piense que se debe investigar. Yo las denuncias las judicializo y si en algún momento las doy a conocer, sé por qué motivo. Pero no tengo por qué ir a denunciarle, como juez de la Nación, al ministro de Seguridad”, contesta.

En ese punto, es intransigente. Asegura que sus denuncias siempre fueron concretas, con nombre y apellido, y judicializadas, como el año pasado, cuando denunció ante los tribunales provinciales a una regional de policía completa, con cabecera en la ciudad de Villa Constitución. “Nunca dije me parecen, me dijeron, creo, debería ser. He dicho todo lo que tenía que decir y por eso he corrido todos los riesgos que corro y expongo a mi familia. Pero me da la impresión que salvo la gente común que convive con el problema, todos los demás, una vez nombrados, jueces federales, provinciales, fiscales federales, provinciales, Poder Ejecutivo, Legislativo, todos miran para otro lado”, considera.

El año pasado fue nominada por el Colegio de Abogados de Rosario como la mejor candidata a procuradora de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, es decir, la jefa de los fiscales. Jura que en ningún momento pensó que la designarían. “Sabía que no iba a ser procuradora jamás, si ganaban los que estaban, o los que vinieron, nadie puede querer alguien como yo. Tiene que ser muy kamikaze, porque sabe que voy a sacar todo a la luz, no voy a perdonar nada, voy a mostrar todo”, define.

Cosidoy nació en Resistencia, en Chaco. Desde allí llegó a Rosario para estudiar Abogacía y cuando se recibió estuvo unos años en Buenos Aires, para doctorarse. En plena dictadura militar, volvió a la Justicia Federal en esta ciudad, que ya es la suya. Sabe que trabaja en un ámbito de hombres, pero esquiva la referencia a cualquier escollo derivado de eso. Es más, cuando se designa a sí misma se nombra como “un juez de la Nación”. Y asegura que los acusados en sus causas nunca “tuvieron huevos” para amedrentarla. No hay ninguna marca feminista en su discurso. Al contrario, al hablar de elecciones afirma: “Si en algún momento sentí que debía sacrificar algo, se trataba de algo personal, nunca dejar de darles a mis hijos lo necesario ni permitirme abandonar lo profesional”. En esa misma línea, se pone un poco solemne para decir que ser jueza es “el amor y el honor” de su vida.

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