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Viernes, 27 de junio de 2008

“El caso” lleva nombre de mujer

La noticia de que un hombre –Mauro Schechtel– atropelló, violó y quemó a una niña de 12 años –Rocío–, aunque tremenda, cierta y repetida a diario con mínimas variantes, no llega a convocar un reclamo implacable de la sociedad. La misma sociedad que clama por seguridad no incluye entre sus desvelos los mecanismos necesarios para que la violación, y en particular la violación de niñas, deje de ser considerada una desgracia, un “caso” o consecuencia puntual de algún desvío o arrebato.

 Por Roxana Sandá

El hecho es tan crudo que cuando se habla de él las voces apenas deslizan “lo que le pasó a Rocío”. Su nombre sigue pronunciándose con cierto temblor, como si con sólo mencionarla se reabriera el espanto que intentan reparar en el Hospital Garrahan, donde la niña de 10 años sigue luchando por sobrevivir tras haber sido atropellada, maniatada, violada e incinerada por un hombre, cuya única declaración sólida es “me asusté y le prendí fuego”. Por cierto, luego de ocurrido el ataque, el miércoles 18, la clase media argentina y los autoconvocados de pelaje variopinto no salieron a las calles a batir cacerolas de repudio y en reclamo de mayor seguridad para mujeres y niñas.

Hija de padres docentes, Rocío asiste a la Escuela Nº 1 de Coronel Dorrego, en la provincia de Buenos Aires, y practica básquet en el club local Atlético Independiente. El miércoles, a una cuadra del lugar, el plomero Mauro Schechtel la atropelló con su automóvil, le ofreció trasladarla para que la atendieran, la llevó a un descampado atada y amordazada, abusó de ella hasta el desmayo y finalmente la roció con querosene, la prendió fuego y huyó. Pero aun con el sesenta por ciento del cuerpo incinerado, Rocío logró arrastrarse hasta la ruta y ser rescatada por un camionero.

Su tío, Eduardo Olsen, habló de las marchas de silencio que se están realizando en el pueblo, de la indignación que los obligó al debate público porque nunca antes se detuvieron a pensar en qué tipo de condenas merecen los violadores, “porque ésta es una comunidad donde jamás sucedían estas cosas”, dijo Olsen. El desconcierto se les encarnó en discusiones que exigen desde la castración química, hasta rondas de debates sobre proyectos de ley. Olsen prefirió el espíritu de la prudencia traducido en resultados concretos: “Que ese individuo no salga más de la cárcel y que la Justicia se haga cargo de lo que le corresponde”.

Que a la Justicia argentina le competen cada vez más responsabilidades en ese capítulo es a esta altura una verdad de perogrullo, sobre todo si se tiene en cuenta que Schechtel, de 27 años, había cumplido condena por abuso deshonesto contra otra niña de 10 años, estuvo sospechado de violar a una maestra cuando tenía 15 años y fue expulsado de su pueblo natal, Coronel Suárez, ante la cantidad de denuncias en su contra por delitos similares.

“En muchos juzgados no actúan con la conciencia ni con la celeridad que deben proceder en estos casos”, lamentó Isabel Yaconis, integrante de la Asociación Madres del Dolor y mamá de Lucila, la adolescente abusada y asesinada en 2003, en las vías del ex Ferrocarril Mitre que cruzan el barrio de Núñez. “Un caso emblemático que tiene muchos puntos de contacto con el de Rocío, es el de la violación y asesinato de Elsa Escobar, y la violación e intento de asesinato de su hija de 13 años, Berenice, en 2005, en Núñez. Fueron atacadas por un vecino, Claudio Alvarez, que había sido condenado a catorce años de prisión en otra causa por robo y violación.”

A Alvarez se le concedió la libertad condicional por haber cumplido dos tercios de la condena. El fiscal Oscar Hermelo, un funcionario judicial cuestionado sistemáticamente por su actuación en diferentes casos, dictaminó en forma favorable, al igual que el Servicio Penitenciario Federal (SPF), sobre la conducta excelente de Alvarez. “Pero se sabe que cuando salen en libertad, los violadores son reincidentes en un 90 por ciento”, advirtió Yaconis. “Los jueces nos dicen que deben buscarse otras soluciones, porque no se puede dejar a una persona en la cárcel después de cumplidos los plazos que fijan las leyes. En el caso de Alvarez actuaron con negligencia espantosa porque hubo al menos tres denuncias anteriores por agresión sexual en el mismo barrio, pero el juez las desestimó porque pensaba que tenían baches.” Se trata del magistrado Gabriel Ghirlanda, que entonces consideró pobre la batería de elementos para detener a Alvarez, lo cual generó una polémica que terminó en el Consejo de la Magistratura, donde abrieron un expediente para evaluar sus procedimientos.

“En definitiva, esos individuos están presos porque Rocío y Berenice sobrevivieron para denunciarlos, no porque exista una política de Estado o una Justicia que apliquen condenas efectivas”, sostuvo Yaconis, que remarcó la premeditación con que actúan los violadores, a partir de las denuncias que reciben en la asociación. “El agresor de Rocío se había depilado la zona genital; otros obligan a bañar a sus víctimas luego de abusarlas y muchos están usando preservativos. Están aprendiendo a protegerse, se les está dando margen para que puedan seguir atacando.”

–¿Qué posibilita que se vaya corriendo ese margen?

–La ausencia de un plan integral contra la violencia de género, y el perfil machista de esta sociedad. Un hombre como Alfredo De Angeli hace su show, y entonces los diputados trabajan de lunes a viernes para tratar el proyecto de las retenciones. Nosotras nos sentimos discriminadas; ser mujer en la Argentina es un obstáculo muy grande. Claro que algún día seremos escuchadas, pero mientras tanto seguimos perdiendo vidas.

Los proyectos legislativos que deberían aportar alguna solución “no encuentran clima” para ser tratados, reconocen en los pasillos de Diputados. Por caso, desde 2004 duerme una iniciativa de la legisladora Paola Spatola, que plantea la creación de un registro de condenados por delitos contra la integridad sexual. Razones que nunca salen a la luz cajonean propuestas en un destino incierto, hasta que ocurren violaciones sonadas y desde las bancadas se rasgan las vestiduras con horror de manual, por toda expresión. No está de más decir que en las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, donde deberían discutirse estas cuestiones, no se percibe una agitación tendiente a abrirle caminos al debate.

El caso de Paola Soria fue víctima de esos vacíos. La secuestraron en marzo, cuando salía de su casa en Quilmes para ir a trabajar a la de su cuñado, a pocas cuadras. La chica de 21 años fue llevada hasta un arroyo, violada y asesinada. El cuerpo apareció flotando horas después. Su padre todavía se pregunta por qué ninguna autoridad se acercó de inmediato para informarle sobre el estado de la causa “o para decirme cómo van las cosas, o para preguntarme algo. Qué sé yo, nada”.

Para algunas especialistas, la violencia que se derrama sobre las mujeres en la Argentina y que un informe reciente de Amnesty Internacional describe en al menos un caso diario de violencia física (agresiones o muerte), con igual registro para la violencia sexual, revela una crisis de legitimidad del sistema de géneros y la necesidad urgente de buscar formas innovadoras que preserven la armonía entre los sexos.

La psicóloga Irene Meler, que presidirá en julio próximo el XI Congreso Metropolitano de Psicología en esta ciudad, consideró que “la máquina guerrera que fue la masculinidad cultural en Occidente está en una de sus crisis históricas de legitimidad más profundas. Todavía hay guerras, pero cada vez gozan de menor legitimidad entre la gente, y esto a su vez pone en crisis la forma del ser masculino de los varones. Cuando dejemos de entrenar a los hombres para confrontar, dejaremos de sufrir las horribles consecuencias que padecemos cuando su agresión se vuelca contra los propios. En este sentido, la violación no es una estado de enajenación: un violador es capaz de cubrir sus crímenes astutamente”.

A principios de junio, el cadáver descompuesto de una adolescente de 15 años fue hallado en la terraza de un antiguo edificio del barrio de Monserrat, a cinco cuadras de Plaza de Mayo. La policía detuvo a su padrastro, un albañil de 35 años, sospechado de violación y asesinato. Quince días atrás le había pedido que lo acompañara al lugar donde viven unas treinta familias, porque tenía que hacer unos arreglos.

“Esos casos patológicos expresan en forma exagerada y distorsionada aspectos presentes en la normalidad. No son discontinuos entre sí”, señaló Meler. “Un asesino violador de niñas que representa el personaje más repudiable de la masculinidad, tiene nexos con los hombres comunes, sólo que en su caso sus formas de imposición de criterio son el ataque violento y la muerte. Pero resulta difícil ver esos nexos: para poder seguir viviendo hacemos escisiones y pensamos que la vida no tiene nada que ver con la muerte o que el amor no tiene nada que ver con el odio.”

Amplios sectores del feminismo y de los movimientos de mujeres coinciden en que sólo creando nuevas redes de poder entre pares y conciencia solidaria de los hombres para luchar contra las asimetrías jerárquicas de géneros y su consecuencia más funesta, la violación, podrá lograrse que la masculinidad social de este siglo deje de exhibir como uno de sus emblemas identificatorios la capacidad de dominio y aniquilamiento. Aunque el desafío ya no sólo consiste en abordar el fenómeno, sino en descubrir y contrarrestar las nuevas fisonomías que adopte el monstruo.

“Esta especie de auge de la violación y asesinato de niñas nos muestra que el fenómeno se está corriendo a víctimas mucho más sujetables, porque cada vez se hace más difícil sujetar a las mujeres, situando en capítulo aparte la trata y tráfico con fines de explotación sexual. Se corrobora que las perversiones masculinas se están volcando al sometimiento de niñas”, analizó la historiadora Dora Barrancos, que dirige el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

–¿Qué reacciones manifiesta la sociedad sobre estos hechos?

–Esos acontecimientos espantosos tienen una contrapartida cotidiana con lo que es la naturalización de la violencia. Nuestra sociedad manifiesta poca prevención, no abre los ojos frente a la violencia que se ejerce contra mujeres y niñas.

–¿Con qué sustancias se relaciona esa actitud?

–Con las complicidades sociales históricas. Hay una continuidad de las normas patriarcales severas. Obsérvense los cacerolazos de los últimos días: cuando se vulneran intereses económicos, hay una actitud de protesta desde la ocupación de lo público. Pero los casos de naturaleza insegura para las mujeres no tienen ninguna manifestación de solidaridad social. Las violaciones no se visibilizan porque ése es el orden patriarcal: el juego de ocultamiento.

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