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Viernes, 31 de julio de 2009

ENTREVISTA

Dejar pasar, dejar hacer

El negocio de la trata de personas cumple con –y es amparado por– las normas del capitalismo más salvaje: el Estado apenas interviene, las rutas del negocio van detrás de la fluidez del dinero –como el que produce el boom sojero– y la “mercadería” tiene un precio según la oferta y la demanda. Pero, hay que insistir, se trata de personas, y aunque exista una ley federal que condena este crimen, Liliana Loyola, defensora adjunta de la provincia de Santa Fe, explica por qué hasta ahora es una herramienta que llega demasiado tarde.

 Por Elisabet Contrera

“La madre declaró que su hija se había ido enojada a buscar a su padre y la chica confesó que no la obligaron a ejercer la prostitución.” Así, el subcomisario de la ciudad santafesina de San Lorenzo, Alcides Colnachi, justificó el pase a archivo del caso de Cecilia Castro quien, tras dos meses de encierro en un prostíbulo de San Francisco, pudo escapar recientemente de su cautiverio. La causa se abrió y cerró bajo la carátula “abandono de hogar”. “Todavía hay muchas comisarías que siguen implementando estas viejas prácticas que presumen que la persona desapareció porque quiso y por lo tanto es culpable”, aseguró Liliana Loyola, defensora adjunta de la provincia de Santa Fe. En una entrevista con Las12, la funcionaria también denunció la falta de recursos estatales para asistir a las víctimas rescatadas de las redes de prostitución y la falta de personal capacitado en la persecución del delito.

“Las víctimas liberadas se encuentran en situación de desamparo, indefensión e inseguridad, con escasas redes sociales de contención y total desconocimiento de sus derechos, lo que lleva a naturalizar las situaciones vividas”, describió Loyola y se quejó de que la mayoría de los casos que llegan a la Justicia están caratulados como promoción y facilitamiento de la prostitución. “Así, quedan en el ámbito provincial, y no son tipificados como casos de trata de personas, con lo que pasarían a ser delitos federales.”

Desde hace tres años, como defensora adjunta de la zona norte de la provincia, ella intenta denunciar y suplir los vacíos estatales en la lucha contra el delito a través de la visibilización de la problemática, la prevención y la asistencia a las víctimas. “La trata es un crimen, una grave violación a los derechos humanos, en especial de las mujeres. Detrás de este crimen hay organizaciones mafiosas, con conexiones en distintos niveles y es muy difícil ir tras estos delincuentes si no hay decisiones políticas contundentes. Por lo tanto, la persecución del delito exige directivas claras, control efectivo, personal especializado y presupuesto”, sostuvo. En esa línea, la funcionaria acusó al Estado santafesino de “minimizar e invisibilizar el problema”.

¿Cómo es el mapa del delito en la provincia? ¿Es una provincia de origen, captación o traslado? ¿Cómo operan las redes de prostitución?

–Es una provincia de origen y reclutamiento. Las víctimas captadas pueden quedar un tiempo en alguna vivienda donde son doblegadas, o en un prostíbulo de la zona, y luego son trasladadas por localidades cercanas hasta ser vendidas o alquiladas por el proxeneta a un prostíbulo de otras provincias, como Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba o el sur de Argentina. De acuerdo con los allanamientos que se realizaron en diferentes puntos del país, los captadores son proxenetas de nuestra provincia, que utilizan por lo general la técnica de la seducción y realizan un verdadero trabajo de inteligencia a nivel barrial para detectar a las potenciales víctimas.

¿Cuáles son las zonas de captación en la provincia?

–Son los barrios empobrecidos con población de alta vulnerabilidad social de la ciudad de Santa Fe: las ciudades de Santo Tomé, Coronda, San Javier, el corredor de la ruta Nº 11; 19 y 34, Rafaela, el corredor de la ruta 1 y la zona costera que permiten en la mayoría de los casos la salida de las víctimas hacia Entre Ríos y Córdoba estableciendo de ese modo el vínculo de los proxenetas de esta provincia con los dueños de los prostíbulos de la provincias vecinas.

Algunas organizaciones de mujeres denuncian la proliferación de prostíbulos en la provincia a la par del boom sojero.

–No hemos hecho un relevamiento de este tema, pero como sabemos, los prostíbulos, a pesar de ser ilegales desde 1937, funcionan diseminados por todo el país, a la vera de las rutas. Se da donde hay mayor concentración de actividades típicamente masculinas: camioneros, zona de puertos, casinos, actividades mineras, carreras automovilísticas. El boom sojero, en todo caso, pone de manifiesto todo lo bueno y lo malo de las relaciones humanas.

¿Cuál es la situación en materia de persecución del delito?, ¿cuál es el papel de la policía?

–En 2007 fue creada bajo la órbita de la policía provincial la División de Unidad de Lucha contra la Trata de Personas. Lamentablemente esta unidad cuenta con escasos recursos operativos e informáticos, con el agravante de que el recurso humano además de escaso es removido constantemente de sus funciones impidiendo de esta forma la consolidación de un equipo capacitado.

¿Por qué el personal es removido?

–Creo que se han priorizado otros temas como la inseguridad urbana. En Santa Fe hay un alto índice de criminalidad y eso seguramente ha motivado el desplazamiento de recursos capacitados.

¿Cómo actúa la policía ante desapariciones de mujeres?

–Sabemos a través de relatos de familiares de las víctimas que todavía en las comisarías siguen con la vieja práctica de negarse a tomar las denuncias inmediatamente, alegando que hay que esperar 48 horas e induciendo a familiares que la efectúen como fuga de hogar y no como pedido de paradero. Esta situación lleva a presumir que la persona que desapareció se fue porque quiso y, por lo tanto, es culpable y no víctima. Esto de alguna manera nos hace cómplices y a esto me refiero cuando pido directivas claras para la persecución del delito. Un funcionario con responsabilidad deja de hacer cuando no toma en serio las denuncias, no investiga, no se involucra en los casos, estigmatiza a las víctimas, a su entorno o su familia. Es decir se es cómplice por acción u omisión. Si deja de hacer eso a lo que está obligado, es porque deja hacer a quienes frente a la inacción perciben rápidamente una especie de zona liberada.

¿Cuál es el papel de la Gendarmería? ¿Interviene?

–En Gendarmería funciona también otra Unidad de Trata de Personas que en el último año actuó a requerimiento de juzgados federales de otras provincias, sobre todo de Entre Ríos, en seis casos de trata para explotación sexual. Debemos recalcar que esta unidad no actúa en coordinación con la unidad creada a nivel provincial.

¿Por qué?

–La falta de coordinación entre Gendarmería y la unidad ha sido manifestado por las propias autoridades y seguramente obedece a diferencias en las estrategias de intervención. En este punto, no podemos decir lo mismo de la Policía Federal que no cuenta en la Delegación Santa Fe con una Unidad de Trata, a pesar de la Resolución del Ministerio de Justicia de la Nación.

¿Cómo aplica la ley AntiTrata la Justicia provincial?

–En los tribunales santafesinos la ley se aplica cuando el juez de instrucción en lo penal advierte que se dan los supuestos para configurar el delito, remitiendo las actuaciones a la Justicia federal. Pero cabe consignar que los expedientes en la mayoría de los casos están caratulados como promoción y facilitamiento de la prostitución que se instruyen en el ámbito provincial, siendo difícil el cambio de carátula. A la fecha, en la ciudad de Santa Fe hay tres causas en el juzgado federal que requiere en todos los casos la intervención de la Unidad de Trata de Personas de la policía de la provincia. Más allá de esto, creemos que la ley contra la trata es una herramienta válida, pero no es ni debe ser la única para lograr este objetivo. Es insuficiente. Es necesario la implementación de políticas claras y contundentes tendientes a lograr que por medio de las fuerzas de seguridad y la Justicia se investigue, se persiga y se sancione a los delincuentes. Tampoco estamos de acuerdo con la distinción que establece la norma entre víctimas menores y mayores de 18 años para la tipificación del delito y las penas reducidas que hacen excarcelable el mismo.

De acuerdo con declaraciones realizadas a diarios locales, la provincia hace agua en materia de asistencia a las víctimas. ¿Cuál es la situación de las víctimas rescatadas de las redes?

–Las víctimas rescatadas se encuentran en situación de desamparo, indefensión e inseguridad, con escasas redes sociales de contención y total desconocimiento de sus derechos, naturalizando situaciones vividas, con dependencia del proxeneta. Persisten prejuicios y escasa visualización del tema en la sociedad y sus gobernantes, que impiden la persecución del delito y la asistencia a sus víctimas.

¿Qué pasa con las víctimas cuando consiguen huir de sus proxenetas?

–Las mujeres que lograron escapar de sus proxenetas vuelven a su lugar de origen, sin evaluar demasiado si ello es conveniente. Muchas entran nuevamente al circuito de trata por falta de contención y respuesta del Estado, en cuanto a la posibilidad concreta de reinserción social.

¿Qué no se hace y qué debería hacerse?

–No se cuenta, por ejemplo, con un lugar físico específico para albergar a víctimas, sobre todo si se trata de mayores de 18 años. En el caso de ser menores las diligencias las realiza la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, pero son derivados en su mayoría a nuestro Centro de Asistencia a la Víctima –funcionan cinco en la provincia– donde reciben asistencia psicológica, social y asesoramiento legal, tanto víctimas menores y mayores de 18 años, junto a sus familias. A esto se suma que no existe un programa de atención integral que contemple tales derechos, ni existe un protocolo de actuación al respecto. Es así que se deja al descubierto la ausencia del Estado: la reinserción social de las víctimas muchas veces se ve obstaculizada por la carencia de recursos que van desde la falta de alojamiento adecuado, asistencia económica que les posibiliten realizar terapia psicológica con profesionales idóneos, incorporación a programas de empleo transitorio y/o capacitación; asistencia médica inmediata, adopción de medidas de seguridad para garantizar su seguridad y la de su grupo familiar. En esta materia, el Estado provincial es un dejar de hacer para dejar hacer. Se deja hacer cuando no se toman las denuncias, no se investiga, no se establece un protocolo, no se coordina con los distintos organismos y se estigmatiza a las víctimas, su entorno, su familia.

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Liliana Loyola
 
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