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Viernes, 11 de junio de 2010

Cuando el temor es el mayor enemigo de la ley

En la provincia de Buenos Aires se realizó una alianza entre un organismo gubernamental y una asociación de profesionales de salud para que el protocolo de atención a las interrupciones del embarazo contempladas por la ley, en caso de problemas para la salud o la vida de la mujer, violaciones o embarazos inviables, sea practicado sin encontrar trabas en los hospitales. Un avance que intenta llegar a todos/as los médicos y enfermeras para que sepan qué hacer cuando una mujer pide realizarse un aborto legal.

 Por Luciana Peker

Ana María Acevedo murió a los 20 años, el 17 de mayo, en el Hospital Iturraspe de Santa Fe. Tenía cáncer y estaba embarazada. Pero los médicos no le permitieron acceder a un aborto para poder recibir quimioterapia. Su aborto encuadraba en los casos permitidos por el artículo 86 del Código Penal. Pero, igual, la obligaron a gestar durante 22 semanas un bebé que sólo sobrevivió pocas horas. Ella no pudo recibir ningún tratamiento ni curativo ni paliativo. Y murió deformada y enormemente dolorida. No tuvo acceso a luchar por su vida. Y ni siquiera a tratamientos paliativos ni a una muerte digna. En julio del 2008, por primera vez en la Argentina, los seis médicos que la atendieron fueron procesados por lesiones graves culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La sentencia mostró que no cumplir con un aborto no punible es un delito. Sin embargo, en la mayoría de las guardias de los hospitales y los centros de salud cuando una mujer pide interrumpir un embarazo producto de una violación o un aborto terapéutico porque el feto no es viable –por ejemplo, por una anencefalia– o porque corre riesgo su vida o su salud, la mayoría de los y las médicos/as tienen miedo a ser juzgados. Y le piden una autorización de la Justicia que envuelve al cuerpo femenino en un laberinto de trabas, prejuicios y juicios.

En la provincia de Buenos Aires ya existe una normativa para que nadie –-por más que porte estetoscopio y delantal blanco– pueda hacerse el distraído y tenga que cumplir con la ley. Pero ahora, en un paso adelante en la vida concreta de las mujeres, se generó una alianza entre el Estado y los profesionales de la salud. Una alianza que une a dos mujeres: la trabajadora social Magdalena Grau, Coordinadora del Programa Provincial de Salud Para la Prevención de la Violencia Familiar y Sexual y la Asistencia a las Víctimas (del gobierno bonaerense), y a la médica María Inés Sasiain, vicepresidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Ellas tejen redes entre el Estado y las enfermeras, las leyes y los que tienen que calmar con anestesia a una mujer con miedo, los derechos y un médico que recibe en la guardia a una paciente que acaba de ser violada. Ellas se juntan para hablar ante Las 12 y para que las normas no sean bla bla sino una verdadera manera de atender a las mujeres con el cuerpo tomado por una situación que no eligieron y en la que tienen derecho a elegir.

¿Cómo surge la alianza entre la asociación de profesionales de la salud y el programa bonaerense de asistencia a las victimas?

María Inés Sasiain: –En la Asociación vimos con preocupación, desde la práctica concreta, muchos casos en donde el aborto no punible no se resolvía como tenía que resolverse en los hospitales públicos.

–Por qué, a pesar de que el Código los avala y que en la provincia de Buenos Aires hay una normativa concreta, no se realizan los abortos no punibles?

M. I. S.: –Los médicos tienen miedo de sufrir acciones legales concretas, sobre todo desde los noventa, en donde empezaron a realizarse muchos juicios por mala praxis. Además, también le tienen miedo a la Iglesia Católica, que tiene un poder muy importante, que parece abstracto, pero que en los hospitales –muchas veces a través de los comités de ética–- ejerce un poder concreto que mete miedo. Por eso, el temor es el mayor obstáculo de los profesionales.

Magdalena Grau: –Para el Programa Provincial de Salud Para la Prevención de la Violencia Familiar y Sexual y la Asistencia a las Victimas es muy importante esta alianza para poder diluir el temor de los médicos, que hoy están desinformados de su obligación de resolver el aborto no punible como dice el artículo 86 del Código Penal y de que existe un protocolo de atención para estos casos en la provincia de Buenos Aires. Los directores de los hospitales deben garantizarles a las víctimas su derecho a un aborto no punible.

¿Qué pasa si hay objetores de conciencia que se niegan a realizar abortos aunque sean legales?

M. G.: –En cada hospital deben tener un registro de objetores de conciencia y poder reemplazar a esos objetores por otros profesionales que no lo son para poder garantizar que se cumpla con esta práctica.

M. I. S.: –Entre los profesionales de la salud no se sabe que existe la obligación de realizar el aborto no punible y que no hay que pedirle autorización a ningún juez. Por eso, hoy en día es tan común que se le siga pidiendo autorización a la Justicia para realizar un aborto no punible cuando, en realidad, es una obligación realizarlo.

¿Por qué los médicos no saben que existe una ley y un protocolo que los obliga a realizar los abortos no punibles?

M. I. S.: –Porque no existe formación ni información. No se estudian estas cuestiones en la facultad y no hay difusión de la nueva reglamentación del aborto no punible.

M. G.: –En la currícula de la carrera de medicina tampoco se enseña con perspectiva de género, si no este tema no tendría que ignorarse.

¿Cómo se puede superar el obstáculo del miedo de los profesionales de la salud a tener problemas por realizar una interrupción del embarazo seguro y legal?

M. G.: –Con mucha capacitación. Ya hay una agenda de ocho hospitales bonaerenses donde se va a informar sobre este tema. Para nosotros es un gran paso trabajar con la asociación de profesionales de la salud más grande que tiene la provincia de Buenos Aires.

M. I. S.: –Tenemos pensada una serie de charlas. Es importante que estén informados los que están al frente de la batalla diaria.

M. G.: –El director es el que decide y ejecuta, pero él tiene que apoyarse en el equipo del hospital para resolver la práctica concreta.

M. I. S.: –Hay que producir un cambio de cultura. El aborto no punible está instrumentado y los profesionales de la salud tenemos que entender que debemos realizarlo. Y esta alianza es una forma de que los médicos/as, psicólogas/os, enfermeros/as, trabajadores sociales y odontólogos/as se comprometan con las mujeres y con la sociedad.

¿Confían en que esta alianza produzca efectos reales?

M. G.: –Sí, vamos a ir hospital por hospital llevando información a los médicos.

M. I. S.: –El médico que va a realizar la práctica se tiene que sentir respaldado por el director del hospital y el director del hospital por el Ministerio de Salud.

M. G.: –Es que los médicos están respaldados por el Ministerio de Salud y por la resolución 304/07, del 29 de enero del 2007.

¿Creen que la Argentina se tiene que conformar con que se cumplan los casos contemplados como abortos no punibles o que se puede llegar más lejos en la libre elección de las mujeres?

M. I. S.: –Esto es a título personal y no institucional. Creo que las mujeres tienen derecho al aborto, es un derecho sobre su cuerpo. Además, existe una gran hipocresía dentro de la sociedad y dentro de los profesionales de la salud, porque todos sabemos que son ellos/as los que realizan los abortos clandestinos, pero no tienen la misma conducta en los hospitales públicos.

Una nueva ley en Chubut

En Chubut, igual que en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, se promulgó, la semana pasada, un protocolo de aborto no punible. Si bien en casos de violaciones, embarazos no viables o peligro para la salud o vida de la mujer el Código Penal establece la legalidad de la interrupción del embarazo, esta medida, en la mayoría de los casos, es trabada por los médicos y judicializada en tribunales. Por eso, tanto los profesionales de la salud cuanto los jueces y los médicos/as piden que se generen normas nacionales y locales para aclarar cualquier duda y allanar el camino al acceso a los derechos reales de las mujeres.

En Chubut quedó fijado que los centros de salud tienen un plazo de cinco días para actuar frente a una solicitud de un aborto no punible. Además, se formará un registro de objetores de conciencia. Este listado es fundamental para que los médicos/as, anestesistas o enfermeras que se resistan a hacer esta práctica lo digan abiertamente y el Estado cumpla con su obligación de reemplazarlos –en estas situaciones– con otros profesionales dispuestos a cumplir con la ley.

Además, en el Senado de la Nación se debaten otros tres proyectos para normativizar, a nivel nacional, el aborto no punible y quitar los frenos con los que se encuentran las mujeres violadas o enfermas cuando piden realizarse esta intervención en un hospital público. Mientras que la senadora Liliana Negre de Alonso –del riñón de Adolfo Rodríguez Sáa– propone un retroceso inaudito: regresar a la época anterior a 1920 (cuando fue redactado el artículo 86 del Código Penal) y derogar el permiso para que las mujeres víctimas de violencia sexual puedan decidir interrumpir el embarazo producto de una violación.

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Imagen: Juana Ghersa
 
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