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Viernes, 6 de junio de 2014

VIOLENCIAS

Prohibido ser madre

Marisa, una joven con discapacidad intelectual y en situación de pobreza, está a punto de ser separada en forma definitiva de su hijo de dos años, luego de que la Justicia decretara el estado de adoptabilidad del niño como una medida “de protección especial” y lo derivara a una institución. La resolución, basada en informes sesgados, fue elevada a la Cámara de Apelaciones en lo Civil para que revise el caso. Mientras tanto, Marisa visita todas las semanas a su hijo y pelea por el derecho a ejercer la maternidad de una criatura que la reconoce y reclama por ella cada vez que la ve.

 Por Roxana Sandá

Mucho se habla de que el siglo XXI será, por fin, el tiempo de los derechos. Sin embargo, la teoría estalla en miles de pedazos cuando para muestra la enfrentan a Marisa. Sólo se dirá ese nombre, sin más, para protegerle al menos la intimidad, porque el resto de sus derechos fueron pisoteados desde que parió a un bebé prematuro, en situación de pobreza, hace dos años, y la Justicia ordenó arrancárselo de los brazos por ser discapacitada intelectual, institucionalizarlo y decretar el “estado de adoptabilidad” del chico, como una medida de “protección especial” que podría separarlos definitivamente. El calvario es retroactivo a los informes sesgados y poco favorables que emitió la Maternidad Sardá, donde tuvo al niño; a la asistencia escasa que recibió el padre de Marisa cuando concurría al juzgado a solicitar ayuda para otra hija, también discapacitada, y a cambio obtuvo una mirada punitiva cuando empezó a hablar del nacimiento adelantado, y a la brutalidad del traslado de la joven a un hogar de madres, por cierto sin su hijo, para que entendiera de qué se trataba la cosa y aprendiera a hacer lo que supo ejercer con amor desde el primer instante. Y en un esfuerzo sostenido en el tiempo desde que institucionalizaron al pequeño y hasta la fecha, en tanto nunca dejó de visitarlo y permanecer junto a él todas las horas posibles porque, afirma, anhela y necesita ejercer su maternidad con un niño que la reconoce, la quiere y reclama su presencia.

Bajo el patrocinio jurídico de la abogada Graciela Fijtman y con el asesoramiento de la Red por los Derechos de las personas con Discapacidad (REDI) se planteó la nulidad de la resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº10, que en diciembre dispuso la adoptabilidad del niño, en el marco de un proceso de oficio. El expediente del caso que salió a la luz a partir de un informe de la periodista Verónica González, de Visión Siete, se encuentra en la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, donde hoy se celebrará una audiencia en la que estarán Marisa junto con sus representantes legales y parte del equipo interdisciplinario de la escuela de formación laboral a la que concurre, para resolver su situación y la del niño. “Pedimos una audiencia para que la Cámara conozca a Marisa, vea que está en condiciones de ejercer la maternidad con toda la conciencia de sus limitaciones, sí, pero conociendo que con apoyo podría ejercer ese rol perfectamente”, manifestó la abogada. “Tenemos las esperanzas puestas en este día, porque esa sala fue receptiva y fijó audiencia rápidamente. Ojalá se revierta la situación y se den cuenta de que hay que restablecer los derechos de esa joven y de ese hijo que permaneció sus dos años de vida institucionalizado.”

Es casi una ironía que el mismo texto que pone especial énfasis en las supuestas limitaciones en las que incurriría la observada, revele una prosa y un contenido tan cortos de vuelo. Preocupa la mirada estrecha y discriminatoria de la resolución emitida por la titular del juzgado, que sólo hace hincapié en que “Marisa no está en condiciones de ejercer su rol materno en forma independiente”, que eran “... evidentes para cualquier persona ajena al saber médico sus grandes dificultades cognitivas, agravado por la compleja situación familiar” y que “no se puede forzar un vínculo que no se puede desarrollar. Reitero, Marisa no es responsable de ello, su situación personal se lo impide”. Desde la Red lamentaron que “ni una palabra se diga, en cambio, de los apoyos y otras políticas públicas a las que Marisa y su hijo deberían haber accedido para garantizar su derecho a permanecer juntos”. Tampoco se resalta la dedicación y el esfuerzo que prodigó al contacto con el niño, ni el cumplimiento del sistema de visitas que le impusieron pese a la distancia considerable que separa la institución de su domicilio, y sí se contempló, por la negativa, la situación de pobreza en la que están sumidos ella, su padre y sus otros dos hermanos, también con discapacidad. Es llamativo que en el juzgado no se tomara en cuenta el trabajo realizado durante todo su embarazo con el equipo interdisciplinario de la escuela de formación laboral a la que concurre, para fortalecer el vínculo con su bebé, adquirir hábitos de cuidado y aprender a amamantar con el apoyo de un grupo de lactancia. “Cuando su hijo nació estaba muy feliz, pero angustiada porque él debía permanecer internado en neonatología”, dijo la abogada. “Y cuando le dieron el alta, el bebé no pudo ir a la casa con su madre y su familia sino a un hogar, por orden judicial.”

Durante todo el proceso hubo situaciones irregulares que vulneraron los derechos de la madre y el niño, tales como el traslado de Marisa a un hogar maternal donde debía permanecer quince días “para su adaptación” pero sola, sin su hijo. A la defensora de Cámara le explicó que no pudo sostener esa situación porque no comprendía lo que estaba sucediendo, extrañaba a su familia, su casa, la comida que le preparaba su papá, y porque “todas las mamás estaban con sus hijos y ella estaba sola, y eso la angustiaba mucho”. Las determinaciones del juzgado sólo reflejan intentos inconducentes, entrevistas breves, citaciones en ambientes atemorizantes, sin patrocinio letrado, con una interpretación caprichosa de las actividades y actuaciones de Marisa. Desde ese juzgado también se la intimó por cédula a presentar un plan de vida para ella y para su hijo en cinco días, “bajo apercibimiento de determinar el estado de abandono moral y material del niño. Al no cumplir esa intimación en un plazo tan exiguo, es que se decretó el estado de adoptabilidad de su hijo”. Primó una mirada proteccionista “y se sobreentendió que lo mejor que podía pasarle a ese chico era crecer en una familia de clase media. Pero no hablemos sólo de la Justicia, muchas veces la sociedad se siente con derecho a observar a algunas personas cuando se junta discapacidad con pobreza –advirtió Fijtman–. Es increíble que sigamos discutiendo quiénes están en condiciones de criar. Hizo falta una Convención de Naciones Unidas en 2006 que reafirme que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Y eso, por supuesto, incluye la maternidad”.

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