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Viernes, 6 de junio de 2014

SEXUALIDAD

La mala educación

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo invierte el 0,001 por ciento de su presupuesto para la aplicación de las leyes de Educación Sexual Integral, de acuerdo con un informe del espacio La Fábrica Porteña. Mientras que cuatro de cada diez madres adolescentes viven en los barrios del sur, el 86 por ciento del presupuesto destinado a cumplir con la normativa se terceriza a organizaciones no gubernamentales que excluyen al 90 por ciento de los colegios, impidiendo el acceso a un derecho que ayude a evitar embarazos no buscados en la adolescencia.

 Por Luciana Peker

La prevención de abusos sexuales, la no discriminación a compañeras por su color de piel o a compañeros por sus preferencias sexuales, la prevención de embarazos adolescentes, el respeto por el propio cuerpo, la posibilidad de evitar o salir de noviazgos violentos, la inserción del protagonismo de las mujeres en la historia, la información para no caer en avisos clasificados engañosos que lleven a situaciones de trata de personas son algunos de los contenidos que hoy la mayoría de los y las alumnas/os porteños no sabe ni contesta. Es su derecho a acceder a información respetuosa y adecuada a su edad, concurran a escuelas privadas o públicas, desde el preescolar hasta la escuela secundaria. Pero la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) aprobada a nivel nacional en 2006 y la Ley 2110 de la Ciudad de Buenos Aires no se cumplen en el ámbito porteño.

En 2014 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asignó un 0,001 por ciento de su presupuesto a cumplir con la educación sexual integral. Incluso, dentro de la partida del Ministerio de Educación los fondos destinados a empoderar a niños y niñas en el respeto a su cuerpo representan sólo el 0,006 por ciento. La partida total es de 805.000 pesos. Pero la mayoría de esos fondos –700.000 pesos– están destinados a organizaciones no gubernamentales que dan talleres en colegios. Por lo tanto, el Estado sólo destina 105.000 pesos a la financiación de capacitaciones, materiales o formación específica. Los datos surgen del Monitoreo de la Ley de Educación Sexual de la Ciudad, elaborado por los equipos de educación y salud de La Fábrica Porteña, un espacio que conduce el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en la Ciudad de Buenos Aires y que fue coordinado por Geraldine Oniszczuk.

La investigación advierte que no estamos en una situación de progreso sino de declive en el interés gubernamental, ya que en 2010 se contaba con muchos más fondos que ahora: 2.085.000 pesos, a pesar de que cuatro años atrás la recaudación impositiva era menor y esa plata valía mucho más. Pero para graficar la diferencia, si ahora la inversión en ESI implica un 0,006 por ciento de las partidas educativas, en 2010 llegaban al 0,042 por ciento. Sin embargo, en 2011 se redujo un sesenta por ciento la posibilidad de instrumentar concretamente consignas imprescindibles como “Respetar y proteger el cuerpo”, “Aprender a decir no”. Pero que necesitan docentes formados, manuales en los escritorios e instrumentación efectiva. La apuesta a su aplicación nunca alcanzó. Pero, encima, disminuyó.

El informe coordinado por Oniszczuk detalla: “Si bien en 2010 el programa tuvo un pico de 2 millones de pesos, desde entonces decreció hasta tocar un piso de apenas 120.000 pesos en 2012, seguido por otro presupuesto muy bajo de 292.000 pesos en 2013. Si bien en 2014 se observa una recuperación, no supera la asignación de varios años anteriores cuando el presupuesto total del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha aumentado de manera sostenida”.

La Fábrica Porteña también alerta sobre la casi exclusiva tercerización de la tarea de hablar pero, esencialmente, escuchar a pibas y pibes para que puedan disfrutar con orgullo de su cuerpo y no sufrir violencias. En este momento, casi nueve de cada diez pesos que la gestión PRO invierte en educación sexual se maneja fuera del Estado. “A partir de 2012 los recursos asignados al Programa de Educación Sexual Integral son ejecutados a través de organizaciones no gubernamentales. En 2014, la transferencia a Ong por medio del ESI alcanza el 86 por ciento del gasto de la partida, lo que podría hacernos suponer que casi la totalidad de los talleres de educación sexual y la formación de docentes, con un presupuesto ya muy escaso, es realizada por parte de ONG”, revela. No hay información oficial sobre cuáles son estas organizaciones y cómo es el trabajo que realizan.

La Fundación Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) es una de estas Ong. En su caso, venían trabajando en el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes en la gestión de María Elena Naddeo y, ante la llegada del PRO, pasaron al área del Ministerio de Educación. El trabajo es valioso y es bienvenida su continuidad. Pero no puede ser la única política oficial para cumplir con la ley porque su tarea sólo alcanza, como mucho, al 10 por ciento de las escuelas porteñas. “Las Ong somos cinco y cubrimos pocas escuelas, aproximadamente cinco por año, cada una, por lo que queda más del 90 por ciento de las escuelas sin cubrir. Quiere decir que si el Ministerio de Educación no tiene otros recursos y presupuesto para atender a esas otras escuelas, sería muy insuficiente”, desnuda la médica Mabel Bianco, presidenta de FEIM. En la actualidad se dictan talleres sólo en colegios secundarios, por lo que queda vacante la educación primaria.

Para conocer la postura del PRO, Las 12 intentó dialogar con el ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad, Esteban Bullrich, pero no tuvo respuesta. En cambio, la ministra de Desarrollo Social porteño, Carolina Stanley, valorizó la potencialidad educativa: “Considero importante la educación como canal de información para prevenir, alertar y detectar relaciones con situaciones de violencia. En la Ciudad de Buenos Aires, el 50 por ciento de las mujeres víctimas sufrieron su primer maltrato durante el noviazgo. Estoy convenida de que la educación sobre los derechos sexuales y reproductivos brinda a las mujeres mayores posibilidades de decidir con libertad y autonomía”. En este sentido resaltó la plataforma web #chautabú sobre sexualidad y salud.

Un logro a no diluir

La ley 2110 se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires en 2006, después de muchos años de idas y venidas, de la oposición de un macrista conservador como Santiago de Estrada, de la reacción de las iglesias católica y evangélica, que pretendían que sus alumnos/as no accedieran a contenidos públicos, y del acuerdo final entre los macristas más modernos, como el ex legislador Marcos Peña y los autores del proyecto, que fueron Florencia Polimeni (ex PRO), Ana María Suppa (FpV) y Diego Kravetz (ex FpV, actualmente Frente Renovador). ¿Una lucha en vano o para poner en marcha una nueva generación con información certera y válida y con más posibilidades de cuidarse, disfrutar y respetarse? “La ley sigue sin implementarse y la educación sexual integral con perspectiva de género es la gran ausente en las aulas. Más allá de algunas iniciativas que ya se venían llevando adelante desde gestiones anteriores, tales como los post títulos que se dictan en el CEPA (área de capacitación docente) o los talleres brindados por ong, y de la voluntad de algunos/as directores/as y docentes comprometidos con el tema, la gestión macrista no ha implementado ninguna medida para hacer efectiva la aplicación de la ley”, subraya la ex legisladora porteña, Ana María Suppa.

La Ciudad de Buenos Aires está en el kilómetro cero. La educación sexual integral, como establece la norma nacional y porteña, no llega a las aulas. Hay experiencias aisladas, talleres, buena voluntad de algunos docentes y multinacionales de toallitas íntimas que siguen teniendo el patrimonio de la enseñanza sobre la menstruación con fines de lucro. Ni siquiera se continuó con la distribución de “La caja de Pablo y Julieta” –que se realizó, por ejemplo, en la gestión PRO de Mariano Narodowsky en Educación–, destinado a chicxs de hasta ocho años, y explica: “Tenemos el mismo y único cuerpo desde que nacemos y para siempre. Cuidarse significa seguir hábitos saludables como lavarse los dientes, comer frutas y verduras, lavarse las manos antes de comer y muchos otros. Para preservarse sanos, también es importante que los niños y niñas reconozcan y eviten situaciones de riesgo que puedan ocasionarles daño”. La colección está integrada por “Cuido mi cuerpo”, “Decir sí, decir no”, “Pablo va a tener un hermanito” y “Los secretos de Julieta”. Las preguntas en la infancia son constantes y vitales. Las palabras que faltan son simples, pero esenciales.

Los contenidos están. Pero el goteo de posibilidades no riega nuevas formas de enseñar y aprender. ¿Qué se pierde? Por ejemplo, la posibilidad de pensar en clase la pregunta: ¿Qué nos pasa cuando nos encontramos con alguien diferente?”, que propone el “Cuaderno de Educación Sexual Integral para la educación primaria, contenidos y propuestas para el aula”, del Ministerio de Educación de la Nación, para después de leer un fragmento del cuento “Historia de un amor exagerado”, de Graciela Montes, donde aparece Teresita Yoon, una niña coreana que saluda “An nienj” y de la cual todos se burlan. El ingreso de Teresita en la clase es una de las múltiples potencialidades de la educación sexual integral. Siempre la palabra es una de las formas más efectivas de vacunación contra la violencia. Una oportunidad única que pueda reforzar el diálogo en la casa o defender a los chicos y chicas de la violencia familiar.

La renovación que implicó, ocho años atrás, una nueva forma de promover cuidados y conocimiento sigue esperando, aunque los chicos y chicas que ya egresaron del sistema educativo, casi una década de la revolución normativa que implicó la obligatoriedad de la educación sexual, ya se quedaron con su oportunidad perdida y, en muchos casos, con embarazos que no buscaron. El informe de La Fábrica Porteña también señala que falta una perspectiva de género en toda la gestión: “Si tomamos el conjunto de programas asociados con la difusión, prevención, atención y asistencia de cuestiones asociadas con el ejercicio de los derechos sexuales de los porteños y porteñas, vemos que esta problemática dista de tener un respaldo fiscal que nos haga pensar en la posibilidad de obtener resultados favorables. En concreto, durante los siete años de gestión PRO, identificamos de manera variable y en todos los casos prácticamente sin financiamiento la presencia alternativa de programas y subpartidas asociadas con esta problemática. En efecto, la sumatoria de asignaciones presupuestarias de los programas asociados a los derechos sexuales nunca superó los 4.795.000 pesos de 2010, y el presupuesto agregado de estos programas contemplado para este año, con 2.992.000 pesos, representa el 0,0049 por ciento del presupuesto total del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Los efectos de la falta de política pública se reflejan en una gran inequidad en embarazos adolescentes, mientras las chicas todavía concurren al colegio. Cuatro de cada diez bebés que nacen de madres adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires viven en las comunas 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano), que están posicionadas en el nivel más bajo del Indice de Desigualdad en el Desarrollo Humano Comunal. Mientras que en la Recoleta sólo se encuentra el 0,76 por ciento de los nacimientos de madres adolescentes. Por eso, aunque la falta de educación sexual viola el derecho de todas, las adolescentes más vulnerables son las que más necesitan poder decidir sobre su proyecto de vida con el apoyo de la escuela.

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