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Viernes, 25 de julio de 2014

Cuando quieran, donde quieran

VIOLENCIAS Las víctimas de violencia doméstica tendrán vacantes escolares seguras para sus hijxs desde el nivel inicial primario hasta el secundario porteño cada vez que necesiten cambiar de domicilio por medidas protectoras o por cualquier otro motivo que apremie. La nueva ley obliga a mantener la confidencialidad de la información e incluye los Centros de Primera Infancia (CPI), que deberán recibir a niñxs de 45 días en adelante.

 Por Roxana Sandá

Lxs hijxs de víctimas de violencia doméstica tendrán vacantes escolares seguras en cualquier momento del año, en establecimientos de todos los distritos porteños, cuando por amenazas de sus agresores tuvieran que cambiar de domicilio y de colegio, manteniendo la confidencialidad de la información. El trámite alcanza a jardines maternales y escuelas primarias y secundarias dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad. La nueva ley también incluye los Centros de Primera Infancia (CPI), que deberán albergar a niñxs de 45 días en adelante sometidxs a esa situación.

Se trata de una modificación del artículo 16 bis de la ley 1688, de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar y Doméstica, impulsada por su autora, la diputada Virginia González Gass, del Partido Socialista Auténtico (PSA). Hasta la fecha, ese artículo establecía que en caso de que las víctimas de violencia se vieran obligadas a cambiar de domicilio, el derecho de niños y niñas a incorporarse a un establecimiento educativo quedaba restringido a aquellos cercanos al nuevo domicilio. “Con la modificación que se sancionó, ese beneficio se extiende a todos los casos en los que las víctimas de violencia necesiten o requieran cambiar a niñas, niños y adolescentes a un nuevo establecimiento, sea por tener que trasladarse a otro domicilio, por una medida de protección o por cualquier motivo que las víctimas consideren necesario”, explicó González Gass. En la modificación, además, se incluyeron los Centros de Primera Infancia, que no existían al momento de la redacción del artículo original.

El texto establece que las víctimas de violencia doméstica tendrán asegurada la incorporación en el establecimiento educativo y/o CIP que soliciten y podrán optar por la cercanía a su domicilio particular o laboral, “o cualquier otro que considere como el más conveniente, sin importar la etapa del ciclo lectivo en que se encuentren”. Para acceder a este beneficio deberá presentarse constancia de denuncia y/o intervención de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de la Nación, de los Centros Integrales de Atención citados en la ley, juzgados nacionales de Familia “u otro órgano estatal de características similares”, debiendo garantizarse la confidencialidad de la información.

“Cortar con el vínculo de la violencia es muy difícil”, advirtió la legisladora. “Las mujeres víctimas necesitan contar con tres elementos fundamentales, que son la independencia económica para no depender del violento, un lugar donde vivir para dejar la vivienda que comparte con aquél y resolver el tema del cuidado de sus hijos.” En sintonía con estos argumentos, presentará un proyecto para la incorporación obligatoria de mujeres víctimas de violencia de género en puestos de trabajo de todos los organismos dependientes de la Ciudad, con un cupo no inferior al 5 por ciento sobre la totalidad del personal. “La mujer en situación de violencia ve sus vínculos sociales e interpersonales limitados por el maltratador, que lo primero que busca restringir es el trabajo fuera de la casa para someterla, porque de esa manera no sólo la aísla de un entorno social laboral, sino que también le impide la independencia económica que podría darle la posibilidad de separarse.” Para la búsqueda de vivienda, la legisladora había elaborado otro proyecto que perdió estado parlamentario, pero que espera remontar en breve. “Con Rogelio Frigerio, el presidente del Banco Ciudad, estamos viendo un sistema de créditos accesibles para que esas mujeres, que no cuentan con los recursos económicos necesarios, puedan comprar sus viviendas.”

La semana pasada, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, realizó un informe de gestión muy discutido, volviendo a dejar al descubierto un subejecutado presupuesto en Educación, que en siete años fue de 926 millones de pesos, y a uno de sus efectos más groseros, la falta de establecimientos. La legisladora Lorena Pokoik, del Frente para la Victoria, advirtió que “todavía 17.000 chicos siguen sin vacantes”. Los números oficiales de vacantes en falta, según Pokoik, surgieron “de una audiencia organizada con padres y representantes del Ministerio de Educación” porteño. Se trataría de 13.211 vacantes correspondientes al nivel inicial, 1585 al nivel primario y 2819 al secundario. Rodríguez Larreta intentó desmentir esa información y negó que estén por construirse “aulas container” o “modulares”, pese a que en el Boletín Oficial se haya publicado una convocatoria para armar 41 módulos de 650.000 pesos cada uno.

Para González Gass, todas estas manifestaciones “no hacen más que generar nuevas vulneraciones de derechos”. La trama de violencias “que intentamos desalentar con leyes que asistan y contengan a las mujeres y a sus hijos e hijas se reinstala, sin embargo, cada vez que la Policía Metropolitana tarda veinte minutos en llegar al domicilio de una mujer que activó su botón antipánico. O en los recortes del presupuesto destinado a la Dirección de la Mujer y en el maltrato presente en los refugios. Y en la desarticulación de todos los programas sociales”.

En tantos de estos casos lxs niñxs y adolescentes se convierten en las víctimas invisibles de la violencia de género. Pero existen leyes locales, como la 114 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, comprometida a remover “los obstáculos de cualquier orden”, que limitando la igualdad o la libertad impidan o entorpezcan el desarrollo pleno de lxs chicxs. En la misma línea, el Sistema de Protección obliga al Gobierno de la Ciudad a adoptar medidas para efectivizar los derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes por normas jurídicas, operativas o programáticas”. Pero los compromisos se cumplen a medias, y el viaje parece atravesar su punto de mayor desprolijidad.

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Imagen: Daniel Jayo
 
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