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Viernes, 19 de septiembre de 2014

Carne de cañón

Internacionales ¿Quién es víctima? ¿A quién debe repararse? ¿De qué se trata la reparación cuando la paz todavía está lejos? Estas son algunas de las preguntas que se formulan en las conversaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas de Colombia, país en el que, además, por lo menos 18 mil niños, niñas y adolescentes forman parte de grupos armados. Natalia Springer, investigadora que develó esta última cifra, analiza el conflicto y las chances de la paz.

 Por Gabriel Díaz

Natalia Springer, doctora en Justicia Transicional, master en Derechos Humanos y Derecho Humanitario, es una de las analistas independientes más conocedoras del conflicto armado colombiano. Su informe “Como corderos entre lobos” reveló que no menos de 18.000 niños, niñas y adolescentes forman parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. En medio de las conversaciones de La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, Springer detalla las causas de este conflicto, los daños que ha provocado y cuáles podrían ser las posibles vías para alcanzar la paz.

Comencemos por el trasfondo del conflicto colombiano. ¿Cuáles son sus principales causas?

–Prefiero hablar de múltiples conflictos, de dinámicas violentas de carácter crónico y persistente. Para darle dos ejemplos, en el sur del país, las comunidades y la movilidad social están fuertemente reguladas por la producción de coca y la necesidad de mantener los corredores para sacarla. En la zona del Catatumbo (nordeste del país), los conflictos por las regalías petroleras se suman al comercio y tráfico de grandes volúmenes de droga en el marco de una frontera –con Venezuela– muy porosa y conflictiva. Si tuviéramos que hablar de las grandes causas del conflicto, podemos distinguir, entre otras, la excesiva concentración de la tierra cultivable en pocas manos (0,03 por ciento de los propietarios concentran más del 95 por ciento de la tierra), concentración que consolidaron los paramilitares y la guerrilla de las FARC por la vía de una contrarreforma agraria que emprendieron a sangre y fuego para apoderarse de millones de hectáreas de las mejores tierras del país; el narcotráfico y la pobreza extrema, que afecta a más del 46 por ciento de la población, es una condición que ha pasado de ser consecuencia a convertirse en uno de los móviles del conflicto. Son entonces muchas violencias, en las que el objetivo es la población más pobre y vulnerable.

¿Qué mecanismos serían los más viables para que la desconcentración de la tierra se concrete?

–En la mesa en la que se realizan las negociaciones de paz en La Habana se trabajó por meses una fórmula que aún no ha sido completamente finalizada sobre este tema. Como el gobierno colombiano conformó un equipo técnico encabezado por el entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se trabajó un esquema que el gobierno ha expresado que pondrá en marcha independientemente del resultado del proceso. Fundamentalmente, la fórmula está basada en la expropiación de los predios obtenidos ilegalmente, usando mecanismos que ya existen en la ley en casos de despojo y en los que se respetan todas las garantías del proceso para las partes. Este mecanismo ya viene siendo implementado por jueces especializados en el marco de la Ley de Restitución de Tierras y a esta ley se le sumarán nuevos aspectos una vez la fórmula sea perfeccionada y validada en un referendo electoral.

En su informe “Como corderos entre lobos”, usted denuncia que no menos de 18.000 niños, niñas y adolescentes forman parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. ¿Cómo reacciona la sociedad civil colombiana frente a esto? ¿Qué hace el gobierno al respecto?

–Hace unos años este tema ni siquiera hacía parte de la agenda y así lo demuestra la desmovilización paramilitar que desapareció a los niños en sus filas. Según el testimonio que recogí de los jefes paramilitares, a algunos niños los mandaron a casa con algo de dinero y a otros los asesinaron porque sabían demasiado. Semejante aberración fue avalada por las organizaciones internacionales que hicieron la veeduría del proceso y que tienen presencia en Colombia con el mandato de vigilar esos temas. Pero sólo años más tarde han empezado a documentar lo que sucedió con esos niños a raíz de las denuncias que hicimos en el primer y el segundo informe, al que usted hace referencia.

¿Cuál es la actual coyuntura? ¿Es optimista en cuanto a las conversaciones de paz entre el gobierno, las FARC y ahora el ELN?

–Siempre he creído que la paz no es cuestión de optimismo, sino de trabajo duro y mucha resistencia a los embates, que son cada vez más frecuentes y difíciles de sortear. El actual es un proceso muy bien estructurado, que se ha amarrado muy bien a partir de una voluntad política incuestionable de reconocer y reparar a las víctimas del conflicto, no importa el origen del daño causado e independientemente de si el proceso de paz marcha o no. Esta transición es también un escenario de transformación social en el que han empezado a surgir cuestiones de gran trascendencia: ¿quién es víctima?, ¿a quién debe repararse?, ¿cómo establecer la verdad y hasta dónde debe llegar este esfuerzo por develar los móviles del conflicto?, ¿cuál es el mecanismo correcto para refrendar los acuerdos de paz? Estamos lejos de la firma de los acuerdos, pero muchísimo más lejos de encontrar la paz y que ésta llegue y se consolide en las regiones que más han sufrido.

Usted ha señalado que el perdón y el olvido siempre llevan a brotes de violencia más graves. Hace hincapié en la búsqueda de alternativas audaces para consolidar la paz.

–Colombia ha producido, en el último siglo, más de 90 actos de amnistía (de facto y de jure) y perdones generales e individuales que, evidentemente, no han contribuido a la paz. La clave de la paz está en la desmovilización de los combatientes, la atención de todas las víctimas y el desarrollo de una política de Estado en materia de justicia que nos obligue a hacer un diagnóstico realista de lo que pasó, por qué pasó, quiénes son los responsables y los beneficiarios de esa violencia y cómo garantizar que no vuelva a ocurrir. Yo empezaría por la instauración de una comisión de la verdad y de un tribunal especial. En manos de la Justicia está la respuesta.

¿Cuáles podrían ser algunas de esas alternativas específicas?

–En 2003 presenté una alternativa que desde entonces he defendido e implementado, y que por eso mismo puedo revisar incluso a la distancia. Mediante el uso del principio consuetudinario del resarcimiento del daño causado, los combatientes pueden cumplir su pena en libertad y con trabajo, en el cumplimiento de tareas muy específicas que les permitirán actuar en las mismas comunidades que han destruido, a unos costos y tiempos que son verdaderamente extraordinarios. Por ejemplo, el desminado de los territorios que ellos mismos han sembrado y la reconstrucción de infraestructura de acceso a regiones que han vivido, literalmente, en una situación permanente de confinamiento. Funciona y ya podemos probarlo.

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