SANTA FE › DERECHO. EL DEBATE EN LA PROVINCIA POR EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIóN PúBLICA. EL DECRETO QUE FIRMó BINNER Y LA DISCUSIóN LEGISLATIVA.

Acceso total

En los últimos día de abril, el gobernador Hermes Binner firmó el decreto que autoriza a todo ciudadano -y no sólo a los periodistas- a tener acceso total a la información pública. Cumplió así con una promesa de campaña en una provincia donde la Legistura intentó limitar siempre este derecho consagrado en la Constitución. Ahora, las Cámaras y la justicia tendrán que iniciar el debate para brindar un acceso sin reestricciones tal como se dispuso para el Ejecutivo.

 Por Alicia Simeoni

El bloque de Senadores Justicialistas tumbó tantos proyectos que pretendían convertir en ley el derecho de acceso a la información pública, que se convirtió -en contra de las más diversas expresiones de organizaciones de la sociedad-, en un grupo con profunda concepción autoritaria y elitista, como para arrogarse la enojosa potestad de que 13 personas decidieran si los santafesinos tenían o no la posibilidad de acceder a la información que se encuentra en el ámbito de los tres poderes del Estado. Pocos días atrás el gobernador Hermes Binner decidió, por decreto Nº 0692, hacer posible ese derecho, sin ningún tipo de limitaciones, tal como se había comprometido durante la campaña cuando era candidato por el Frente progresista Cívico y Social. El decreto sujeto a los estándares internacionales sólo tiene ámbito de aplicación para el Poder Ejecutivo (ver aparte) pero con esta decisión no sólo dio muestras de voluntad política a favor de la transparencia de su propia gestión sino que dejó, aún más al descubierto, esa ausencia de legislación por la permanente negativa antes citada. Ahora, el senador por el Departamento Rosario, Juan Carlos Zabalza se propone retomar la temática con el convencimiento de que la provincia "vive otra realidad y puede haber condiciones más favorables. Si no fuera así la sociedad tendrá en claro de dónde vienen las limitaciones", dijo.

"La idea política es que tengamos una ley de acceso a la información válida para los tres poderes del Estado. Sin dudas la información es un derecho humano al que hay que ejercer con responsabilidad pero sin limitaciones ﷓a excepción de aquéllas que tenga que ver con la seguridad del Estado o con datos personales que no tendría sentido que se divulgaran. Cualquier ciudadano tiene el derecho de presentarse ante cualquiera de los poderes del Estado y hacer la consulta que tenga interés en hacer, por sí mismo o por la organización a la que representa. De ahí que creo positiva la actitud del gobernador porque el Ejecutivo arrancó en un camino distinto frente al hecho de que la provincia no tiene ley porque la realidad legislativa no lo hizo posible" dijo Zabalza a Rosario/12. Además explicó que el gobernador no quiso demorar el tema frente a la ciudadanía "porque además es un compromiso de campaña, y por supuesto, a través de los legisladores del Frente Progresista Cívico y Social vamos a impulsar la aprobación de una ley en la materia".

-Usted hace hincapié en el tema de los fondos fiduciarios en los que participa la provincia.

-Claro porque es un tema nuevo y que, por ejemplo, a nivel nacional dio origen a lo que se conoció como el 'affaire' Skanska. Se trató del caso de la multinacional sueca encargada de construir dos gasoductos y que pagó enormes sobreprecios a empresas fantasmas y que cuando fue denunciada, tal señalamiento fue desestimado por el ENARGAS. Se trata de dineros que se derivan del presupuesto nacional hacia un fideicomiso sobre los que no existe ningún tipo de información. Creo que sobre todos los ámbitos que manejan recursos del Estado, en este caso provincial, debe haber una posibilidad de seguimiento y un ejercicio transparente de los mismos. Y tener acceso a la información pública es un hecho que está íntimamente ligado a la transparencia de la gestión y a un incremento de la participación ciudadana. La existencia de una ley en la materia armaría una base estructural cualitativamente diferente, porque plantearía una exigencia distinta a los tres poderes provinciales, sea cual sea el signo político de quien ocupe una responsabilidad determinada. De hecho se trataría de 'un antes y un después' de una legislación en la materia, por eso es que estamos convencidos de que debe existir la ley.

-¿Cuál es la razón por la que plantea que el proyecto que usted, como tantos otros legisladores, aspira a que se convierta en ley debe ingresar por el Senado?

-Porque creo que estamos en un momento importante en la provincia. Porque creo que no se puede mentirle a la gente y, a veces, hay discursos que confunden. Y porque también creo que debe haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El derecho a la información no puede, hoy, ser discutido por nadie. Entonces, si estamos tan de acuerdo en que ese derecho debe existir, plasmémoslo en un proyecto de ley.

-¿Su idea es retomar los proyectos que ya han sido elaborados en la materia?

-Sí, porque hay aportes de legisladores de todos los partidos y creo que lo importante es una base de consenso y el escollo estuvo siempre en el Senado. Entonces me parece que sería bueno que este mismo Senado, en una provincia que guste o no guste cambió, debe dar señales claras a la sociedad.

-El ex senador Raúl Gramajo Benavídez ya no forma parte del Bloque Justicialista que comandó y desde donde se arrogó la construcción de las distintas variantes limitativas que expuso en diversos períodos. ¿Tiene expectativas en que esta actitud sea modificada con la actual composición de la cámara, en la que continúan varios de los senadores que fueron compañeros de Gramajo Benavídez y sostuvieron sus iniciativas?

-Yo quiero creer que sí. Deseo que vaya a ser así, porque acerca de todo lo que signifique mayor transparencia y mayor participación, considero que no puede haber nadie racionalmente en contra. Me da la sensación de que existen condiciones para que podamos avanzar.

Se llegó a un punto de un gran consenso en Diputados, tanto es así que las mujeres y hombres que integraban la Cámara pasada habían podido realizar un trabajo de verdadera construcción, o más bien de vocación política, para hacer una síntesis de los distintos proyectos: El de Gabriel Real (PDP), el de Hugo Marcucci (UCR), el del gobernador Jorge Obeid, el de Danilo Kilibarda (PJ). Sin embargo todo se detuvo porque el mismo día en que los diputados aprobaron ese consenso, los senadores justicialitas dieron media sanción, como cámara de origen, a otro proyecto que aportaba nuevas limitaciones. Fue como un tablero de ajedrez que quedó en suspenso, nadie podía mover la siguiente pieza porque la vocación elitista amenazaba con apropiarse de una construcción tan plural. A partir de allí se le preguntó al senador Zabalza si creía que si el Senado es Cámara de origen variará la actitud de quienes integran el bloque Justicialista. "Lo que creo es que si surgen cláusulas limitativas nadie podrá tener dudas sobre el origen de esos contenidos limitativos", respondió.

-Esas limitaciones son la negación del propio derecho...

-Bien, pero nadie podrá tener dudas de dónde vienen. Esto es muy importante y por eso creo en la participación ciudadana como coadyuvante y motor de la transparencia. Esa transparencia tiene dos patas, una es la decisión política de quienes gobiernan de hacerlo en forma transparente, la otra son los mecanismos de acción popular que a través de una mayor participación de la ciudadanía garantizan transparencia.

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Para Zabalza, el Senado provincial que antes limitó el acceso "debería dar señales claras a la sociedad".
Imagen: Alberto Gentilcore
 
ROSARIO12
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