SANTA FE › POLICíA JUDICIAL Y PROTECCIóN DE TESTIGOS

Henn apurará la sanción de leyes

El vicegobernador Jorge Henn tomó el reclamo del Poder Judicial y ayer armó una reunión con el fiscal general Julio De Olazábal, funcionarios del Ejecutivo y senadores provinciales. El motivo: apurar la sanción de la ley que cree el organismo auxiliar de investigación del Ministerio Público, conocido como "policía judicial", y también la ley de protección de testigos. Según el titular del Senado, ambas leyes serán sancionadas "no más allá de las próximas dos sesiones".

Antes de que el gobernador Antonio Bonfatti regresara desde México, Henn recibió al jefe de los fiscales en la presidencia de la Cámara de Senadores. Estaban el secretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz, y once senadores del oficialismo y del justicialismo: Hugo Marcucci, Germán Giacomino, Lisandro Enrico, Orfilio Marcón, Rodrigo Borla, Felipe Michlig, José Baucero, Ricardo Kaufmann, Alcides Calvo, Armando Traferri, y Eduardo Rosconi.

De Olazábal había dicho que el proyecto de policía judicial ya había tenido "tiempo suficiente de debate", había logrado la media sanción en Diputados dos meses atrás, y ahora era el turno del Senado. "Sería la solución a nuestra relación con la policía", dijo entonces a Rosario/12. Ayer hablaron de esa ley en ciernes, y de la que establece el programa de Protección de Testigos.

Henn se comprometió a convocar "a una mesa de gestión en la que participen los tres poderes del Estado para trabajar en acciones concretas para hacerle frente a la inseguridad". La presencia de tantos senadores fue una señal de que el consenso para aprobar la ley reclamada por los fiscales finalmente se ha logrado. "El Senado está dispuesto a aprobar la creación del organismo de investigación judicial en un término no mayor de dos sesiones, igual que la ley de protección de testigos", afirmó.

"Es necesario dar una respuesta inmediata y sin excusas. Asumimos el compromiso y estamos dispuestos a llevarlo adelante para atacar la criminalidad", indicó.

La herramienta reclamada por los fiscales implica desentenderse de la policía ordinaria y de su modo autónomo de intervenir a pesar de ser auxiliares de la Justicia.

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