El diputado provincial Aldo Strada (ARI) ingresó un proyecto de declaración repudiando los dos despidos producidos por la empresa AR ZINC (ex Sulfacid), propiedad de Atilio Quarín y Marcelo Palavecino. "No es la primera vez que la empresa con sede en Fray Luis Beltrán nos obliga a tomar intervención", dijo el legislador.

Más allá de lo que implican los despidos, Strada resaltó el fondo del conflicto: Los dos trabajadores despedidos intimaron a que les abonaran un concepto remunerativo consagrado en un acuerdo celebrado entre la empresa, la entidad sindical y los trabajadores homologado por el Ministerio de Empleo y Trabajo de a Nación en 1992, el denominado "código 90". Este acuerdo incrementa en un 34 % el valor de la hora básica del Convenio Colectivo. La respuesta de la empresa se tradujo en una amenaza de despido comunicada por su gerente de Recursos Humanos, Rubén Schopp. Esta situación fue denunciada ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia delegación San Lorenzo por parte de los trabajadores como por la entidad sindical con ámbito de actuación, el Sindicato Unico de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Fray Luis Beltrán.

En dichas actuaciones los despedidos, junto con dos trabajadores más (Jorge Molla y Agapito Apolonio Gómez), denunciaron amenazas extorsivas realizadas por el gerente de Recursos Humanos, más la firma bajo presión de documentos pasados por ante escribano público en octubre del 2005 que contienen renuncias a derechos consagrados por la normativa legal y convencional. Pero el jueves, al intentar ingresar a desempeñar sus tareas normales y habituales, Quarin y Palavecino fueron impedidos por personal de la empresa, entregándoseles en ese momento copia de los telegramas de despido. "Sulfacid no quiere pagar un aumento legalmente reconocido a sus trabajadores", insistió Strada.