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Morrongo

Roberto José Martínez Dorr fue durante la dictadura un activo miembro del comando radioeléctrico, infaltable en los operativos que terminaron con la vida de decenas de compañeros militantes en la ciudad de Santa Fe. En abril de 2012 fue condenado por uno de sus múltiples delitos, y en esa ocasión el tribunal hizo lugar al pedido de investigación sobre la participación de Martínez Dorr en los asesinatos de: Miguel Angel Fonseca, Luis Alberto Vuistaz, Nora Gladys Meurzet, Antonio Martín Mendicute, Adriana María Bianchi, María Josefina Mujica y José Pablo Ventura, entre otros delitos. Por razones que desconocemos la justicia todavía no indagó a este peligroso represor por esos delitos, pero sí le otorgó el privilegio de la libertad. La aplicación de una ley derogada a un peligroso represor que, es importante aclarar, cumple condena en su casa y no en una cárcel común, no es un beneficio ¡es un vergonzoso privilegio de impunidad! El extenso e interminable tiempo que la justicia se toma para la investigación y enjuiciamiento de los represores como Martínez Dorr contrasta llamativamente con la celeridad con la que resuelve un pedido de excarcelación o una prisión domiciliaria de parte de la defensa. Recordemos que el año pasado durante la feria judicial de enero la justicia resolvió otorgarle un privilegio similar a Brusa, Ramos y Aevi y tardó meses, hasta agosto, en resolver el pedido para terminar con la irregularidad. La justicia tardó más de 35 años en condenar al Morrongo y el lapso de una feria judicial para liberarlo. A lo largo de su vida Morrongo ha sido felicitado y beneficiado por su conducta: en dictadura fue elogiado por su solvencia, virilidad y sacrificio a la hora de participar en los operativos de la muerte. Su supuesta buena conducta hoy lo premia con la libertad; recordemos que Martínez está en su casa. ¿A quién le preguntaron si se porta bien? Las conductas de este genocida han sido y son amparadas en un manto de impunidad que debe terminar. Exigimos: Que en forma urgente se atienda la impugnación del ministerio público sobre "la inaplicabilidad del derogado artículo 7° de la ley 24.390", atentos a que además esta ley no estuvo vigente ni al tiempo de cometerse los delitos por los que fue condenado "ni tampoco durante su prisión preventiva". Que Roberto Martínez Dorr cumpla su condena en una cárcel común, ya que haciendo uso del privilegio otorgado por el tribunal se paseó por diferentes bares de nuestra ciudad, demostrando que no tiene ningún impedimento físico que le impida cumplir su condena en una cárcel común. Que rápidamente se investigue y se enjuicie a Martínez Dorr por todos los delitos cometidos durante la última dictadura cívico﷓militar.

Exigimos justicia y el cese de privilegios para éste y todos los genocidas.

Foro Contra la Impunidad y por la Justicia

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