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En diciembre de 2010, junto con un destacado conjunto de protagonistas del Villazo (la gran rebelión democrática sindical de los trabajadores de Villa Constitución contra la Unión Obrera Metalúrgica, en marzo de 1974) y sobrevivientes del Operativo Serpiente Roja (de marzo de 1975, ordenado por un decreto gubernamental de Isabel Perón e inspirado por el presidente del directorio de Acindar y futuro ministro de economía Alfredo Martínez de Hoz) entre los que se contaban Juan Actis, Alberto Piccinini y Carlos Sosa, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunció penalmente al directorio de Acindar por los crímenes cometidos contra los trabajadores y el pueblo de Villa Constitución.

La denuncia nunca gozó de la velocidad procesal que caracterizan otras causas judiciales emprendidas por el juez Oyarbide. En octubre del 2011 reconoció a la Liga como querellante y tomó algunas pocas testimoniales.

Con la muerte de Alfredo Martínez de Hoz se temía que el Juez clausurara la investigación, a pesar de que en estos años hemos aportado nuevos testimonios y la nomina del directorio de Acindar de entonces.

Sin embargo, el 16 de setiembre de 2013 el juez resolvió que las actuaciones continúen bajo la ley 23984, dándole vista al fiscal.

Dice Oyarbide: "los distintos textos acompañados por la querella y otros textos publicados a los que se ha tenido acceso y que tratan los acontecimientos de Villa Constitución, dan la pauta que la represión y persecución que se inicia el 20 de marzo en Villa Constitución y se continúa más allá del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 tiene por objeto fundamentalmente la desarticulación de la comisión directiva de la UOM de dicha localidad con la detención de todos sus integrantes y la intervención de la seccional gremial con la clara intención de que las políticas económicas que se pretendían implementar no fueran obstaculizadas por la actuación gremial". Y luego sostiene que el Operativo Serpiente Roja fue parte de un proceso escalonado por el cual las Fuerzas Armadas fueron recibiendo del gobierno de Isabel Perón el control territorial de la Nación.

El juez suma un elemento de excepcional importancia. Dice así: "aquí se involucra la responsabilidad del directorio de una empresa como Acindar cuyo presidente en el momento de los hechos era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 pasó a ser Ministro de Economía, circunstancia que no puede soslayarse, dado que los intereses económicos de Acindar, prima facie, no parecen ajenos a la represión".

José Schulman

Secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre

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