SOCIEDAD › TRABAJO. NUEVAS REGULACIONES, VIEJAS PRáCTICAS Y EL PELIGRO DE QUE SE VENGAN LOS SINDICATOS PROEMPRESARIOS.

Debates para salir del yugo

Representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario hablaron con este diario sobre el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También sobre los efectos de la llamada crisis global en esta provincia, el nuevo Código Procesal Laboral de Santa Fe y, como no podía ser de otra manera, los motivos que originaron el violento enfrentamiento de esta semana entre distintos sectores del gremio de los lácteos.

 Por Alicia Simeoni

Sólo el 12 por ciento de las empresas que hay en la Argentina tiene representación sindical a nivel de cuerpos de delegados, un número que por sí solo muestra que el modelo sindical argentino no alienta la participación en la vida interna del mundo de los trabajadores. Esta idea que desgrana la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario se completa con la explicación acerca del por qué de la estructura y voluntad de gran parte del sindicalismo en la Argentina que "no impulsa" a la que se considera como la representación más importante de quienes forman parte de la vida laboral, los delegados de base, quienes conocen y tienen a mano la problemática diaria. Diego Boglioli, presidente, Jorge Elizondo, vicepresidente y Andrés Paoloni, secretario de redacción de la revista Tribuna Laboral hablaron con Rosario/12 sobre varios temas que tienen que ver con la vida y las perspectivas de los trabajadores, de los santafesinos en particular. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de la Asociación Trabajadores del Estado, que fija nuevas reglas y posibilidades respecto de la representación sindical, los efectos de la llamada crisis global en el territorio santafesino, la preocupación porque el nuevo Código Procesal Laboral de Santa Fe consagre situaciones que de hecho se dan en el fuero laboral, y de las que los tres abogados son críticos (ver aparte) formaron parte del diálogo con este diario. También hacen una reflexión sobre los sucesos que se dieron con la llegada de un numerosísimo contingente de integrantes del consejo directivo nacional de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) y que dio origen a un violento enfrentamiento con el saldo de una persona muerta y numerosos heridos.

"La ley actual, la 23.551 de Asociaciones Sindicales tiene que ver con el modelo sindical del país que privilegia al sindicato con personería gremial y que es muy cuestionado, incluso desde la OIT. El fallo abre el abanico para que otros trabajadores puedan acceder a ser representantes de sus compañeros y si bien no se expide sobre muchos aspectos, deja la puerta abierta para algún otro avance hacia el camino de la democratización de la vida sindical o de lo que significa la libertad sindical. Por eso es tan resistido por las burocracias sindicales", se dijo desde la Asociación

La AAL tiene en cuenta que un sindicato puede ser 'armado' desde y con los intereses de una empresa. Para poner un ejemplo, está el caso de ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera) que en los últimos días ocupó tanto espacio en los medios y en la discusión de diversos sectores. Allí el que aparece como un problema sólo sindical fue denunciado por la seccional Rosario como un tema económico, en el cual juegan con fuerza los intereses económicos del grupo Sancor y se mete como cuña en la vida y relaciones de sus dependientes y de los integrantes del gremio. Las patronales pueden apostar fuerte en este sentido.

Para el doctor Elizondo, el tema es así. "Justamente, el fenómeno del llamado 'amarillismo' sindical se genera a partir de la libertad sindical al modo como la entiende el Instituto Argentino de Desarrollo de Sindicalismo Libre que patrocina la FL-CIOLS, de EE.UU. El interés no está puesto en la unidad de los trabajadores sino en la existencia de sindicatos proempresarios. En la Argentina durante casi 6 décadas funcionó el modelo que promueve la unicidad. Eso significa que puede haber tantos sindicatos como los trabajadores quieran, con lo que de alguna manera se cumpliría con el convenio 87 de la OIT, pero el Estado promueve sólo a uno. El sindicato promovido es el que tiene la personería gremial, a la vez el más representativo por el número de afiliados. Por supuesto para desplazar la personería de ese sindicato, es necesario hacer una campaña que resulta imposible de afrontar porque se requiere al menos el 20% de quienes van a ser representados dentro de la actividad. Cuando los trabajadores en general no tienen medios ni recursos, no lo pueden hacer. Por eso queda congelado el mapa sindical en la Argentina. Pero curiosamente se ha entendido que en el país el modelo sindical no es tan molesto para las empresas, en tanto y en cuanto ese mismo modelo no permite la representación de los trabajadores dentro los lugares de trabajo. Existe sólo un 12 % de las empresas que tienen comisiones internas y cuerpos de delegados. No hay que confundir este aspecto con el nivel de afiliación, que es más o menos como el europeo, alrededor de un 25 por ciento".

Boglioli recuerda que el 88 por ciento de las empresas argentinas no tiene representantes sindicales. "Y esto dice que el modelo no facilita la representación sindical en la empresa y aún pudiendo coexistir varios sindicatos, aunque sólo uno tenga la personería gremial, al interior de este último tampoco hay una verdadera democracia sindical, porque la relación es absolutamente verticalista. Esto que decimos, en cuanto a que no hay delegados en las plantas muestra que no hay un interés de muchas cúpulas sindicales en generar activismo sindical desde abajo. La problemática laboral y el conflicto capital-trabajo se vive realmente desde la empresa. Algo está pasando para que a este estructura no le interese que esto ocurra porque de los contrario no se explicaría que haya solamente un 12 por ciento de empresas con representación de los trabajadores en las empresas".

-En el fallo existe una revalorización de la figura del delegado...

-Lo que hace esta decisión de la Corte es volver a otorgar toda facultad y prerrogativa al trabajador, de manera individual, para que se constituya como sujeto social, y esto más allá de las organizaciones constituidas. El eje central del fallo, sacando lo técnico-jurídico y lo político sindical, es devolver el poder de la democracia a todos y cada uno de los trabajadores en el establecimiento. Desde allí vuelve a dar poder al delegado directo, al más directo que tiene el trabajador, el que más conoce los sufrimientos y padecimientos, las reivindicaciones concretas y tiene diálogo directo con los que están en la empresa. Es como que todo lo otro queda para un futuro debate entre técnicos, los abogados de las distintas tendencias que vamos a participar, y entre los dirigentes sindicales. Con la dictadura se instaló un nuevo modelo y el es el de la no representación de los trabajadores en sus lugares respectivos- señala Paoloni.

-¿Cómo afecta la llamada crisis global -caída de bancos, derrumbes de las cotizaciones en las bolsas mundiales y el crujir de grandes empresas- en la región, especialmente en la provincia de Santa Fe? -se le consulta a Paoloni.

-El criterio que venimos sosteniendo desde la AAL y el cotejo con la situación en los distintos gremios que atiende cada profesional, es que la crisis no llegó, por lo menos a la región sur﷓centro de la provincia de Santa Fe. Esta consideración exceptúa a aquellos casos que se producen por derivaciones de casas matrices, que están ubicadas fuera de la Argentina y cuyas decisiones obedecen a intereses que son ajenos a la producción o productividad en los establecimientos industriales radicados en la zona. Puede haber casos puntuales, tal el de General Motors que se refiere a una decisión, también a la crisis en Estados Unidos y a cómo se resuelva en términos de salvataje, fusión o no, con otras grandes corporaciones.

Otra actividad específica que está afectada es la de los curtidores, quienes trabajan con los cueros vacunos, que tiene que ver en parte con la industria automotriz pero además con las dificultades de la producción en la República Argentina donde lo que se hace es exportar materia prima y no industrializar.

Además hay un caso que se relaciona con la agroindustria y que tiene que ver con un circuito de crisis de los agronegocios: se trata de que los chacareros no están vendiendo la materia prima porque el precio que se fija internacionalmente no es rentable, pero eso supone que existe una espalda económica porque si la situación dependiera de los pequeños chacareros está claro que venderían a cualquier precio. Por otro lado está la situación de la industria aceitera y la del biodiesel, que no puede producir en función de que no puede acceder a la materia prima. Aquí sí que hay mucho más espalda que es la de las grandes exportadoras mundiales. A su vez muy pocas grandes empresas -Molinos Río de La Plata, Cargill, Dreifuss, Noble, Vicentín, Bussatti, ADM- tienen capacidad económica como para soportar cualquier crisis y esto es en función de que la incidencia del costo de la mano de obra sobre el producto final es muy bajo.

"En los inicios de lo que apareció como la crisis, se vio la situación de las cadenas de electromésticos que aducían que trabajaban a crédito solventadas por los fondos de inversión a través de las AFJP, pero de una u otra forma se han reconstituido. Creo que hubo una participación interesante del ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe que pudo frenar algunas cuestiones y aquí no hay grandes cadenas, así que el impacto de la crisis tuvo que ver más con los telegramas fáciles de los empleadores que con la crisis", explica Boglioli.

-¿Qué se espera de esta 'crisis global' para el futuro próximo y en especial en el ámbito provincial?- se le pregunta.

-Todas las medidas vinculadas con el derecho del Trabajo tienen que ver en parte con la legislación y las políticas laborales, pero en buena medida también con las políticas públicas. Aquí se ve, como también sucede en Estados Unidos y el resto del mundo, la importancia del Estado y en este caso como asignador de recursos en el ámbito social. En los '90 el Estado impulsaba y fogoneaba la flexibilidad laboral y no se hacía cargo en absoluto de las consecuencias sociales de las medidas económicas. Creemos que ahora hay, por lo menos culturalmente, un cambio en ese sentido, donde el Estado se preocupa y empieza a pensar en frenar las consecuencias sociales y laborales de la crisis o de la declamada situación de crisis. No queremos comprar a paquete cerrado este tema porque es como la emergencia económica que puede servir, después, para justificar cualquier tipo de medida. Pero sí es importante que si hay una situación que aparentemente se va a profundizar, el Estado tome, especialmente como se hace en la provincia, una política que no tolere despidos indiscriminados. De ahí que sea importante que se diga que se va a realizar procedimiento preventivo de crisis, que se va a dialogar con todos los sectores, que se va a negociar de alguna manera en cuanto a que quienes tengan, o quieran tener subsidios o beneficios fiscales del Estado, tengan que dejar como contrapartida medidas laborales: no echar personal, no suspender. El gobierno nacional va a contramano de este tema cuando le va a bajar los aportes patronales a las empresas pero aparentemente no está pidiendo nada a cambio. Un poco lo que sucedió en los '90, cuando (Domingo) Cavallo bajó esos aportes patronales pero no pidió ninguna contrapartida.

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