SOCIEDAD › ATENCIóN EN VIOLENCIA DE GéNERO: LO QUE HACE Y LO QUE DEBE EL ESTADO

Las políticas públicas van detrás de una cruda realidad

Sólo en junio, el Teléfono Verde atendió 279 consultas, y en ese lapso ingresaron 16 mujeres a los dos hogares de tránsito municipales, que tienen 32 plazas. La demanda de quienes corren riesgos reales encuentra respuestas insuficientes.

 Por Lorena Panzerini y Sonia Tessa

En junio, el Teléfono Verde atendió 279 consultas y en ese lapso, ingresaron 16 mujeres a los dos hogares de tránsito que tiene la Municipalidad de Rosario, Casa Amiga y Alicia Moreau de Justo. Según los números que facilitó la propia directora del Area de la Mujer, Silvina Santana, durante este año se solicitaron 33 botones de alarma, un instrumento ideado para que las mujeres hostigadas por sus exparejas se comuniquen de inmediato con las fuerzas de seguridad. La violencia contra las mujeres se instaló con fuerza en la agenda pública con la movilización "Ni una menos", que en Rosario convocó a unas 20 mil personas, pero venía siendo noticia día a día, a partir de mujeres que denuncian y no obtienen las respuestas adecuadas, y de agresores que no se detienen ante medidas como la prohibición de acercamiento dictada por una autoridad judicial. Los reclamos son múltiples y las iniciativas más remolonas que la realidad, pero hubo algunas respuestas: El mismo día que se realizó la movilización, la intendenta Mónica Fein anunció la creación de un Centro de Atención a las Víctimas, a cargo del sector político encabezado por María Eugenia Schmuck, de la Unión Cívica Radical. La diputada provincial Alicia Gutiérrez presentó un proyecto para crear una Fiscalía especializada en Violencia de género, la Multisectorial de Mujeres mantiene desde antes del 3 de junio reuniones con el fiscal regional Jorge Baclini para consensuar un protocolo de atención a víctimas en el ámbito judicial. La Oficina de Género de la Fiscalía Regional de Rosario recibe un promedio de 120 denuncias por semana. En tanto, en el Concejo Municipal, concejalas como Norma López, del Frente para la Victoria y Lorena Giménez, del Partido del Progreso Social, piden informes y hacen propuestas para mejorar la atención del estado municipal. "Rosario es una ciudad donde las mujeres denuncian pero el estado está desactualizado", considera Majo Gerez, secretaria de Género de la CTA Autónoma Rosario, y una de las que más transitan los pasillos de Tribunales acompañando a denunciantes.

La Oficina de Atención a víctimas comenzó a funcionar esta misma semana, el 1º de julio, bajo la coordinación de Anahí Schibelbein, una militante que viene trabajando temas de violencias. Y si bien asiste a víctimas en general, la concejala Schmuck aseguró que las de violencia de género son "las más concurrentes". De hecho, entre el 20 de junio y el 2 de julio recibieron 13 casos, de los cuales 9 eran por violencia contra mujeres. Con respecto al presupuesto que tiene disponible el nuevo espacio, la edila señaló que por ahora funcionará con el mismo que tiene disponible el Municipio pero adelantó que cuando se conformen las partidas presupuestarias para el año próximo, se pedirá una suma específica. Schmuck subrayó que más que un presupuesto "lo que necesita es gestión". Por el momento, la oficina funciona en el segundo piso de Intendencia, pero la idea es que se instale en el edificio de la Aduana. "Lo que haremos desde aquí es institucionalizar lo que se hace desde el Concejo, con varias concejalas". Schmuck indicó que "desde la denuncia" habrá un seguimiento de atención a las víctimas con una psicóloga, trabajadores sociales, un abogado penalista y otro civil, quienes fueron derivados desde otras áreas. "La idea es que todos los protocolos existentes en provincia y municipio se resuman allí, para facilitarle las cosas a la víctima y no derivarla a otro lugar. Serán estos asistentes los que ayuden a desburocratizar el proceso y ponerse al servicio con acompañamiento: conseguir dinero para un alquiler, acompañar a hacer una denuncia y lo que sea necesario", resumió la edila.

Presupuesto

Según denunció Lorena Giménez el último jueves, en la sesión del Concejo, el presupuesto para esta tarea es insuficiente. Con las planillas en la mano, la edila del PPS detalló que sobre el total de presupuesto destinado a la atención en violencia de género (5 millones de pesos), hay 42 mil pesos para "bienes de consumo" y 380 mil para "subsidios varios". Muchas de las mujeres que recurren al estado no tienen trabajo, y necesitan solucionar urgencias como la alimentación de sus hijos. En cuanto a los hogares de tránsito, el presupuesto de este año indica que Casa Amiga cuenta con un millón (1.191.076 pesos) en todo concepto (incluye personal) pero sólo 85.505 pesos son para "bienes de consumo". Esto implica 7.125 pesos por mes para atender las necesidades urgentes de las seis plazas que tiene ese refugio, en el que cada mujer es alojada con sus hijos. En cuanto al hogar de tránsito Alicia Moreau de Justo, el presupuesto total es de un millón 696 mil pesos, pero de ese total, 1 millón 335 mil está destinado a sueldos. Para bienes de consumo se destinan 114.000 pesos en todo el año. En ese hogar hay 26 plazas para mujeres en riesgo por violencia, y que siempre llegan allí con sus hijos. En total, el Estado municipal dispone de 32 plazas para mujeres (hay que sumar a los hijos), que según Giménez "no sólo está colmada sino que se las estaría derivando a otros refugio ubicados fuera de la ciudad, sin que se las acompañe ni se brinden los medios necesarios a tal fin".

Por eso, Giménez presentó el 26 de mayo pasado un pedido de informes "urgente" sobre los refugios, "detallando cantidad de personas alojadas, estado de las instalaciones y montos de las partidas destinadas a la atención de las necesidades de las personas afectadas". El artículo 2 del proyecto de ordenanza plantea que "a los fines de brindar un eficiente apoyo, se deberá destinar anualmente una partida destinada a solventar tanto los gastos de funcionamiento como de mantenimiento de los refugios".

En riesgo es mucho más que un rótulo. A diario hay mujeres que sufren hostigamiento de sus exparejas. Schmuck destacó que muchas víctimas que lograron salir del círculo de violencia se acercaron para ayudar. Incluso, la edila presentó un proyecto para crear un registro de "domicilios solidarios", donde mujeres víctimas puedan ser hospedadas con sus hijos. "El problema de las viviendas es el más grave que tienen hoy las mujeres para animarse a denunciar al agresor", lamentó.

No sólo información

En el Teléfono Verde, el número 0800 444 0420, este año se recibieron 1564 consultas desde el 1 de enero al 30 de junio. De esas, 1230 correspondieron a mujeres que sufren situaciones de violencia. En 2014 ese número había alcanzado a 3076 llamadas en total. El servicio está a cargo del Area de la Mujer. Al respecto, Schmuck planteó que la idea es incorporarlo, en algún momento, al nuevo Centro de Asistencia a Víctimas. "Hay que hacerle muchas modificaciones. Más que una línea de información, necesitamos una línea de contención y acompañamiento", dijo.

En cuanto al Teléfono Verde, una de las demandas reiteradas es la falta de atención las 24 horas y, si bien desde el municipio señalan que por la noche y los fines de semana, las consultas son atendidas por la Guardia Urbana Municipal (0800 444 0909), desde la Multisectorial de Mujeres se alzan voces que reclaman una efectiva atención las 24 horas del día, algo que estaba contemplado en la ordenanza de Emergencia Social por Violencia de Género, aprobada en el Concejo Municipal en septiembre de 2012 y que, según consideró Gerez, no tuvo los efectos esperados.

En cuanto a la flamante Oficina de Atención a Víctimas, Schibelbein adelantó: "La idea del Centro es que sea un dispositivo de atención primaria. Seremos una articulación con todos los dispositivos existentes, y daremos acompañamiento permanente. La entidad directa para violencia de género seguirán siendo el Instituto de la Mujer y el Teléfono Verde. La idea es fortalecer un trabajo en red. Va a depender de la Secretaría de Gobierno y a fin de año se mudaría a la Aduana". La presentación oficial será el 6 de agosto, al cumplirse dos años de la tragedia por la explosión en Salta 2141, ya que también asiste a ese tipo de víctimas. Schibelbein afirmó que "de los primeros 13 casos que ingresaron (del 20 de junio al 2 de julio), nueve fueron de violencia de género. Las mayores demandas tienen que ver con los hijos y con la dependencia económica".

Schmuck señaló que uno de los mayores problemas "es la Justicia. El día de la marcha del 3 de junio atendimos el caso de una chica que tenía cinco denuncias judicializadas. Y nos preocupan las respuestas que dan los funcionarios judiciales porque tienen una gran responsabilidad en esto".

En la justicia

Una de las integrantes de la Oficina de Género de la Fiscalía Regional, la psicóloga Marcela Santolín, afirmó que aspiran a tener "ambiente adecuado" para atender a las víctimas. Actualmente, el espacio es reducido en el local donde están provisoriamente, pero en el nuevo edificio de Justicia penal, ex Heca, habrá otra disponibilidad. Según un informe presentado por la Fiscalía, "hace más de un año se concursaron cargos de trabajadores sociales y psicólogos que formarán parte del equipo interdisciplinario, y se esperan las designaciones por parte de la Corte".

Según expresó Santolín, "una de las cuestiones por las que trabaja la oficina es que el daño psicológico de las víctimas de violencia de género llegue a las audiencias orales como parte de la prueba contra el agresor. Se intenta subir a la categoría de 'visible' el daño psicológico, dijo Santolín, que trabaja con las denunciantes. Además, indicó que tras la feria judicial de invierno, buscarán iniciar un espacio de encuentro con las organizaciones y las propias víctimas.

Sobre la recolección de pruebas, la profesional lamentó que se trata de delitos en los que normalmente no hay testigos, por lo que se les aconseja a las víctimas que estén a la "caza de las pruebas". Es decir, si salen solas a determinado lugar y es una salida conocida por el agresor, que no vayan solas. La psicóloga lamentó que en ese sentido "hay obstáculos legales" para recolectar evidencias.

La referente de género de la CTA Autónoma Majo Gerez, militante de Patria Grande, manifestó que le preocupa que haya "una exigencia a las mujeres para que ellas consigan pruebas y testigos, cuando esa tarea le corresponde a los funcionarios judiciales". También subrayó que existe un "trato diferencial entre las mujeres que van solas a denunciar y las que llegan acompañadas por organizaciones de mujeres". Es decir, que las mujeres son oídas si las acompañan personas con capacidad de presión política o mediática.

La militante de la ONG Ampliando Derechos, Nora Giacometto, que acompaña a víctimas, manifestó que les resulta difícil encontrar fiscales que escuchen a las denunciantes con una perspectiva de género y si bien han realizado diversos reclamos ante Baclini, recién después de la difusión pública de algunos casos puntuales lograron sentarse para acordar la elaboración de un protocolo. Esta reunión fue el 8 de abril pasado. En este momento, la Fiscalía hizo una propuesta de protocolo que incluye, por ejemplo, un "test de credibilidad narrativa", es decir, una forma de evaluar si la víctima miente. Desde el ejecutivo municipal, la directora del Área de la Mujer, Silvina Santana, también puntualizó que el poder judicial pide un "índice de victimización" para evaluar si la denunciante dice la verdad, y que ese es un obstáculo concreto.

Baclini aseguró en abril que apenas se designaran los diez fiscales de refuerzo que había pedido, iba a disponer de dos para el área, y que seguiría reclamando la incorporación de personal capacitado. En la actualidad, y tras la rotación de otros fiscales, el área está a cargo de Raquel Almada. Se espera que con las nuevas designaciones se sume otro fiscal.

En esa línea, la diputada provincial del Partido SI en el Frente Progresista presentó un proyecto el 23 de junio para crear una Fiscalía especializada en cada nodo de la provincia (dividida en cinco nodos regionales, Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista). Ese proyecto aún no fue tratado. Gerez consideró que es una iniciativa redundante, porque "existe una Fiscalía, lo que hace falta es que funcione. En lugar de sumar estructuras, el Estado debe hacerlas eficientes".

Más reclamos

Desde el Movimiento de Mujeres, los reclamos se suman: la creación de la Oficina de Violencia Doméstica en el ámbito judicial es uno de ellos. El convenio entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la provincial está firmado, pero nunca se puso en marcha. Beatriz Fullone, que fue la primera directora de la Mujer de la provincia de Santa Fe, en 2007, y hoy integra la OVD de la Corte Suprema de la Nación (en Buenos Aires), ha solicitado a distintos ministros de la Corte provincial, como María Angélica Gastaldi y el ex presidente, Rafael Gutiérrez, que creen esta oficina, pero que la respuesta siempre ha sido evasiva.

Giacometto, por su parte, insiste con la reglamentación completa de la ley provincial 13.348, que adhiere a Santa Fe a la ley nacional 26.485. El gobernador Antonio Bonfatti firmó la reglamentación en noviembre de 2013. Entre la gran cantidad de artículos (e incisos) sin reglamentar, hay uno crucial: el artículo 16, que establece los "derechos y garantías mínimas de los procedimientos judiciales" y donde se garantiza el acceso a patrocinio gratuito. Tampoco está reglamentado el artículo que alude al presupuesto asignado al programa que debe ponerse en marcha, aún.

La concejala del Frente para la Victoria, Norma López autora de ordenanzas para mejorar el funcionamiento del Teléfono Verde, entre otras relacionadas con la asistencia a las mujeres , considera que el principal déficit está hoy centrado en el poder judicial. Pero también señala que, después de "Ni una menos", la municipalidad y la provincia debieron hacer una "autocrítica" por la falta de políticas adecuadas. Una de las críticas repetidas es la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda a las mujeres para que puedan salir del círculo de la violencia. Justamente, López presentó un proyecto para que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar sean beneficiadas con la adjudicación del 10 por ciento del total de los núcleos habitacionales a construir por el Programa Municipal de Viviendas para el Sector Medio. Esa ordenanza fue aprobada en diciembre de 2010 pero nunca se puso en práctica. "Los funcionarios del Servicio Público de la Vivienda ni siquiera saben que existe", reclamó la edila.

Por su parte, Gerez también expresó que en distintas instancias estatales (municipal, judicial) reciben respuestas que "ponen a las organizaciones de mujeres y a las denunciantes en el mismo nivel de responsabilidad en generar acceso a la justicia o respuestas a demandas concretas". Muchas veces se encuentran en las oficinas estatales con respuestas como "nosotras tampoco podemos hacer nada". Y cuestionó esa actitud, al señalar la asimetría: "Es el estado el que debe dar las respuestas".

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