La escena se repite casi religiosamente cada miércoles y jueves entre las 23 y las 2 de la madrugada: picadas en la costanera norte sobre la avenida Colombres. El municipio lo tiene constatado y frecuentemente realiza operativos para evitarlo, remitir al corralón a los autos y motos y sancionar a los conductores. Sin embargo, los hechos se repiten ante los escasos alcances de la legislación municipal. "Para poder actuar con más dureza hace falta aplicar el Código Penal que desde 2008 tipificó esta conducta como un delito, con penas que van desde los seis meses hasta los tres años de prisión", explicó el titular de la Dirección de Tránsito municipal, Mauricio Malano para después agregar que esto requiere "de la cooperación de la Justicia, ya que sin aval judicial el material probatorio que recopilamos carece de valor". En ese marco, esta semana la Municipalidad gestionará ante la Justicia de Faltas provincial una audiencia para aceitar el mecanismo administrativo y así poder "pescar in fraganti" a los infractores para después ponerlos a disposición del juez de instrucción en turno.

Los vecinos de la zona norte se hicieron escuchar el jueves, tras una picada que terminó en escándalo: un patrullero del Comando Radioeléctrico resultó dañado luego que la policía detectara que varios jóvenes corrían picadas en motos a la altura de Colombres al 1600, tras lo cual fueron detenidas seis personas, cinco menores. El argumento esgrimido ante cámaras de televisión y los micrófonos de las radios fue que lo ocurrido no fue un hecho aislado y que semanalmente hay carreras de autos y motos en la zona, que podrían derivar en una tragedia.

"Compartimos la preocupación de los vecinos y hemos fijado como una de nuestras prioridades profundizar los controles en la zona norte para prevenir las picadas, pero solos no podemos", planteó Malano a Rosario/12. Según el funcionario "acá hay varias patas a tener en cuenta, por un lado la responsabilidad de los padres cuando hay menores o jóvenes de por medio, la cuestión cultural, nuestra intervención y también el rol de la Justicia para darle validez a los operativos".

Al respecto, el director de Tránsito explicó que "todo procedimiento preventivo, con trabajo de inteligencia y el material probatorio que podamos recopilar como filmaciones y fotografías, sin autorización previa de un juez en turno después carecen de validez legal e impide que podamos encuadrar a los infractores en la tipificación del Código Penal", reformulado parcialmente en marzo de 2008.

Concretamente, la Ley 26.362 establece que "será reprimido con prisión de seis meses a tres años de inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente. La misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare esa conducta y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que será utilizado para ese fin".

En ese marco, Malano se reunió con el subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Luis Baita y acordaron realizar gestiones ante la Justicia. "Esta semana vamos a intentar reunirnos con los dos jueces de faltas provinciales con competencia en la ciudad (Liliana Puccio y Osvaldo Alzugaray), para tender un puente y a la vez que sean un nexo con los jueces y fiscales de instrucción para que podamos trabajar en conjunto y que los procedimientos sirvan".

Malano fue más allá al señalar que "los operativos, para que sean exitosos requieren de una gran logística, de por lo menos 60 inspectores nuestros, la colaboración de otros tantos agentes de la policía, el pago de horas extras, inteligencia previa y es una lástima que no prosperen por cuestiones de competencias y limitaciones legales".