CIUDAD › QUE HACE EL ESTADO PARA REENCAUZAR EL DESTINO SEGURO DE UNA NIñA

Avatares para empezar a vivir

Denunciaron en Diputados que la Municipalidad de Funes separó de su familia de origen a una beba cuya madre fue asesinada, sin cumplir con la ley que protege los derechos de la niñez, y que la entregó a una pariente de la intendenta.

 Por Luis Bastús

Luego de que asesinaron a su mamá, una beba vivió un segundo trance en sus 22 meses de vida, cuando funcionarios de la Municipalidad de Funes la quitaron del cuidado de una tía y la entregaron a un matrimonio pasando por alto los pasos que imponen las leyes que preservan los derechos de la niñez, puesto que ni la Justicia ni el área provincial a cargo del programa Familias Solidarias se enteraron hasta que la familia reclamó por la niña y consiguió recuperarla. Según su relato, el municipio funense les impuso la entrega de la nena a un matrimonio cuya mujer tiene un vínculo de parentesco con la intendenta Mónica Tomei. Desde que lograron recuperar a la beba, aseguran que la intendencia les cortó la asistencia social que les brindaba. En la Municipalidad afirman que la ayuda no se interrumpió y que aquella decisión de separar a la beba fue una decisión de urgencia para preservarla de un ámbito no propicio en el que la niña estaba durante los fines de semana, y negaron que la jefa municipal hubiera influido en el asunto. El caso se denunció en la comisión de Derechos y Garantías de Diputados.

La niña, cuya identidad de menor de edad debe preservarse, es la única hija de María Florencia Chanampa Saldías, asesinada el 6 de mayo en el barrio Villa Elvira, de Funes. Su cuerpo apareció descuartizado en el sumidero de la casa de su tío, René Araya Saldías, quien está procesado por homicidio doblemente calificado por vínculo y alevosía. La escena del crimen, en la vivienda del probable asesino, está al lado de la miserable piecita en la que vivía la joven con su beba, lindante con la casa de ese tío que años atrás estuvo preso por abuso sexual de María Florencia cuando era niña. Aquella tarde, luego de que la policía encontrara los restos de la joven, una prima concluyó simple y contundente: "Hacía falta que pasara esto nomás, las denuncias de antes parece que no servían. Mirá adonde la asistente social le hizo hacer la pieza a Flor: al lado de esta bestia. Y pasó lo que tenía que pasar nomás".

Al día siguiente del femicidio, la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia libró una "medida de protección excepcional de urgencia" para alejar a la bebé de la escena del crimen y ponerla al cuidado de una tía abuela, Alejandra Chanampa, mientras se tramitara la tutela definitiva con su familia ampliada. Es que su familiar más directo, su abuela materna, vive al lado de la casa de Araya Saldías, donde aparecieron los restos de Florencia.

Alejandra Chanampa contó que el 14 de junio fue citada con la niña por la Secretaría de Acción Social municipal. "Vino una psicóloga y se llevó a la nena y no la vi más por un mes, la asistente social me dijo que la tenían que llevar a otra familia. Me hicieron firmar un papel y me largaron sin nada, y me dijeron que los de Niñez ya sabían, pero no era cierto. Me dio un ataque de nervios porque yo no quería separarme de la nena", dijo. Alejandra agregó que "la entregaron a A. T. y al marido, y ya no me la dejaron ni ver, hasta que fui a Niñez y ahí se empezó a arreglar todo y la recuperé", resumió.

El 22 de julio, la Dirección de Derechos de la Niñez provincial ordenó la restitución de la beba a su tía abuela, como lo impone la ley cuando existe familia ampliada y no amerita su guarda a una familia sustituta ni a una institución. En el acta, la Dirección provincial reprochó al municipio funense por "no informar a la familia de origen con quién se encontraba la niña" y que "esta decisión fue tomada sin consulta previa a este organismo de aplicación y en desconocimiento de la ley 12.967 entregando a la niña en custodia a un matrimonio ajeno al Programa de Familias Solidarias, consumando una situación sumamente irregular".

Como atenuante, comprobaron luego que aquella pareja está inscripta en el Registro Unico de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos (Ruaga), aunque eso no termina de justificar la asignación de la niña por medio de una decisión municipal. Esta instancia de gobierno no es autoridad competente para decidir el destino de un menor de edad.

Alejandra Chanampa dijo que una vez que recuperó a la niña, la pareja a la que el municipio se la había asignado intentó continuar el breve vínculo iniciado a instancias de esa guarda ajena al protocolo establecido por la ley provincial de protección integral de los derechos del niño, y que adhiere a la ley nacional 26.061. "Decían que se habían encariñado, que querían seguir viéndola, que para qué la quería yo si total yo ya tengo hijos, y hasta ofrecieron no se qué para que se la diéramos", relató Chanampa con estupor.

Denuncia. "La Municipalidad salteó el protocolo correspondiente sin que medie una orden judicial ni aviso a la autoridad de aplicación, la Subsecretaría de Niñez, al entregarla a una familia que ni siquiera estaba inscripta en el Programa de Familias Solidarias", denunció Marcos Messineo, un vecino de Funes que mantiene un explícito enfrentamiento con la gestión Tomei y que se hizo eco de lo que ocurrió con esa niña y su familia. Por cierto, presentó la situación en forma de denuncia ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia como "un caso de apropiación ilegítima de una menor", y pidió explicaciones al área provincial de Niñez por no haber denunciado penalmente a los funcionarios funenses por la maniobra.

Protocolos. El secretario de Gobierno municipal, Gonzalo Miranda Aguiar, rechazó suspicacias y negó de plano la existencia de una maniobra de mala fe en perjuicio de la nena y su familia. "Se tomó aquella decisión previo aviso a la Defensoría Provincial de la Niñez, para preservarla de un ambiente no propicio en el que la niña quedaba los fines de semana, porque su tía abuela no podía cuidarla", dijo Miranda Aguiar y exhibió informes ambientales negativos sobre otro hogar que solía albergar a la beba. "Fue una medida preventiva y urgente para cuidar a la nena. Nos hacemos cargo si estuvo mal desde lo administrativo, pero eso se aclaró con la Provincia, y lo importante es que hoy la niña está con su familia ampliada, como corresponde. De ninguna manera hubo una apropiación ilegítima. La intendenta no tuvo nada que ver, porque en ese momento estaba afuera del país incluso", añadió el funcionario.

El director provincial de Niñez, Lautaro D'Anna, también hizo hincapié en que "más allá de los desacuerdos coyunturales que hubo en la urgencia de preservar a la niña, lo importante es que ella ahora está con su familia de origen y lo seguirá estando. Se priorizaron los derechos de la nena, lo hablamos con la intendencia y no hubo mala voluntad. Quizás, hace falta más capacitación para actuar en estos casos, promover más el programa Familias Solidarias, pero finalmente los protocolos se cumplen", afirmó.

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La pieza que Florencia Saldías habitaba, al lado de donde la mataron delante de su hija.
 
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