CIUDAD

Simoncini pasó por Diputados por el caso Acevedo, pero no despejó dudas

La ministra quedó ayer entre las preguntas precisas de la oposición y el silencio oficialista. Ellena, en la cuerda floja.

 Por Juan Carlos Tizziani

La ministra de Salud, Silvia Simoncini, tiró ayer de la cadena de responsabilidades por la muerte de Ana María Acevedo, la joven de 20 años que no tuvo la chance de un aborto terapéutico para tratarse un cáncer y prolongar su vida. "¿Usted cree que el procedimiento en este caso fue correcto?", le preguntaron la interpelación en la Cámara de Diputados. "Si tuviéramos una respuesta con tanta seguridad, no hubiéramos llevado el caso a la justicia", contestó. Una forma de descargar sospechas sobre otros: el director del hospital Iturraspe, Andrés Ellena y los médicos involucrados en el caso que ahora quedaron en la cuerda floja. Simoncini desmintió a Ellena al negar que los abortos no punibles requieran autorización judicial. Y admitió que la provincia carece de dos herramientas desde hace años: un protocolo que indique a los médicos cómo proceder ante un aborto terapéutico y una lista de objetores de conciencia que se inhiban de actuar ante situaciones que les generen conflictos morales o religiosos. Simoncini quedó ayer entre las preguntas precisas de la oposición y el silencio oficialista. Sólo el jefe del bloque del PJ, Mario Lacava intentó defenderla en un cruce de chicanas con su colega Marcelo Brignoni. Las más incisivas fueron la socialista Lucrecia Aranda y su colega del ARI, Alicia Gutiérrez. Más de una vez dejaron en evidencia a Simoncini, quien esgrimió los dos argumentos de la defensa oficial que ya se conocían: Ana María tenía una autorización para una ligadura de trompas en el hospital de Vera -de donde era oriunda- pero no se presentó a la cirugía. Y después, ya embarazada de su cuarto hijo, no formalizó el pedido de aborto terapéutico en el hospital Iturraspe. "No hay en toda la actuación una constancia de que haya habido una solicitud (de un aborto terapéutico) y que ésta haya sido denegada", dijo Simoncini.

-¿Debería estar la constancia de que esa posibilidad fue desechada?- lre preguntaron.

-Debería constar la solicitud de la familia, si es que lo hizo.

-¿Y por qué se denegó la solicitud del aborto terapéutico?

-No consta que haya habido una solicitud. Por lo tanto, no hay ninguna denegación de algo que no consta que ocurrió -reiteró Simoncini.

-¿Y cuál es el procedimiento establecido para los abortos terapéuticos? -insistió Aranda.

-La evaluación del caso y su encuadre legal, de lo que permite la ley -contestó la ministra.

-¿Y cómo debieron haber procedido los médicos?

-Se evalúa en el hospital si está encuadrado en la normativa vigente que son los casos que establece el Código Penal y se da curso a la práctica requerida o no.

-¿Y este era un caso para aborto terapéutico?

-Yo creo que si estuviera tan claro no lo estaríamos discutiendo. Justamente, por lo que se hizo, por lo que no se hizo y por las dudas que tenemos, yo hice una presentación en la justicia. Y será la justicia la que deberá investigar el caso -afirmó Simoncini.

La diputada Gutiérrez aprovechó entonces para pasar una vieja factura: la mora en reglamentar los abortos no punibles en la provincia. "En Santa Fe hay un proyecto de la diputada Aranda que presentó dos veces, pero que nunca fue tratado en la comisión de Salud de la Cámara", reprochó. ¿Hay algún protocolo en la provincia que indique a los médicos cómo actuar en estos casos?

-No, porque está el Código Penal que es clarísimo. La política sanitaria no puede salirse de las normas vigentes -le contestó Simoncini.

-Entonces, ¿ustedes envían a los hospitales una copia del Código Penal? -disparó Brignoni. Ahí saltó Lacava: "¡Yo le pido al diputado Brignoni que respete a la ministra de Salud porque lo que acaba de decir es una falta de respeto!"

-Por favor, diputados. Vamos a preguntar y escuchar las respuestas y después cada uno podrá hacer las evaluaciones que crea conveniente -trató de apaciguar el presidente de la Cámara, Edmundo Barrera.

El diputado de la UCR, Hugo Marcucci, levantó la mano. "El doctor Ellena dijo que antes de hacer un aborto terapéutico había que pedir una autorización judicial ¿Es así? -preguntó.

-Esa es una afirmación del doctor Ellena, no es la posición del Ministerio de Salud. Está muy claro los casos en que se puede realizar un aborto terapéutico, son extremos, muy concretos: en violaciones, debilidad mental y cuando está en riesgo de vida de la madre -explicó Simoncini.

-¿Se debe dejar constancia de esa evaluación?

-Por supuesto, en la historia clínica.

Fue allí cuando intervino otro socialista. "¿Cuántos abortos terapéuticos se hicieron en la provincia?", quiso saber Sergio Liberatti.

-No tenemos registros de solicitudes en los últimos tres años.

-Usted es responsable de la política sanitaria de la provincia ¿Cree que el procedimiento en este caso fue correcto?

-Si tuviéramos una respuesta con tanta seguridad no hubiéramos llevado el caso a la justicia -contestó la ministra.

-Ahora, entiendo cuál es la posición -dijo Liberatti. Allí volvió a terciar Aranda: "Usted dijo que no tiene registros de abortos terapéuticos solicitados en la provincia. Bueno, el mes pasado una paciente oriunda de Puerto San Martín: una niña de 14 años discapacitada, violada por su padrastro, solicitó el aborto terapéutico en tres hospitales provinciales y le fue denegado. La situación fue resuelta en un hospital de la Municipalidad de Rosario. Se lo digo como información por si la desconoce".

-Bueno, la tomo para investigar -se disculpó Simoncini.

El dictamen del Comité de Bioética del hospital Iturraspe sobre el caso de Ana María Acevedo quedó también bajo la lupa cuando Brignoni citó la definición más polémica: '¿En algún momento se pensó en un aborto terapéutico? Por convicciones o cuestiones religiosas o culturales en este hospital y en Santa Fe, no', dice el documento del que dio cuenta este diario. "¿Cuál es el contenido médico de esta afirmación?", preguntó el legislador.

-El dictamen está en el sumario. Yo no estoy acá para evaluar a un Comité de Bioética -dijo Simoncini.

-¿Y cuáles son las dudas del Ministerio? -preguntó entonces Marcucci.

-Tomamos la resolución de investigar lo que había pasado y de ir a la justicia para que las garantías fueran absolutas.

-¿Y cuáles son las conclusiones de ese sumario?

-No hay conclusiones, el sumario sigue abierto y la causa ingresó a la justicia la semana pasada -concluyó Simoncini.

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Silvia Simoncini, ministra de Salud de la provincia.
 
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