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Jueves, 24 de diciembre de 2015

Políticas públicas

 Por Emiliano Litardo

Cada política sexual que en los últimos años fue conquistada ha sido en función del posicionamiento histórico que los sujetos de la disidencia sexual han asumido desde lo político. Se ha construido también cierta reciprocidad política; los movimientos LGBT hoy son considerados actores políticos reales, y eso se traduce en el modo de pensar los marcos de referencia para encarar los derechos sexuales en las agendas sociales. Hay un amplio, divergente y en algunos casos contradictorio marco de derechos sexuales LGBT constituido por leyes, resoluciones administrativas, programas sociales que siguen un enfoque de derechos, todo lo cual se fue construyendo durante estos años consagrando entramados que posibilitan políticas públicas en DD HH. Solo por mencionar algunas: las leyes nacionales de protección de los datos personales que refiere a la vida sexual como dato sensible (2000); de salud sexual y procreación responsable (2002); de modificación de la ley de matrimonio civil (2010); de salud mental (2011); de muerte digna (2012); de identidad de género (2012); de modificación del código penal al que matare por odio de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión (2012); de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida (2013); en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la ley de cupo laboral trans (2015). Por supuesto, falta profundizar el proceso. Podemos ver que hay una desigual distribución de capacidades materiales dentro de los movimientos para introducir temas de agenda pública, pero no puede desconocerse que los actores LGBT han conquistado territorios del Estado y torcieron cierta percepción política: ya no somos los enfermos, perversos o invertidos, sino sujetos políticos que trascendemos la categoría SOGI (orientación sexual e identidad de género) y la complejizamos con las interseccionalidades de la clase y la raza.

Será difícil pensar el nuevo panorama político con un presidente que cree que la homosexualidad es una desviación, o con una vicepresidenta que se opuso a la adopción homoparental para no revictimizar al niño adoptado o con algunos diputados del PRO que para no tratar la ley de identidad se escudaron en la falta de seguridad jurídica. El PRO nos construye desde una vulnerabilidad que nos invalida como sujetos. Ello condiciona 1) el tipo de reconocimiento, 2) los modos en que se estructura la justicia, 3) las maneras de escucharnos, 4) la noción de derechos sociales a implementar y 5) los mecanismos de garantía. En definitiva, la distribución del espacio del habla y de la competencia para exigir. Dependerá de nosotrxs, como siempre, disputar ese trasfondo conservador, en que la tolerancia, promovida como exigencia del pacto liberal, buscará acallar cualquier acción política. Un ejemplo que pinta el panorama que nos tocará enfrentar es la guía que el GCBA lanzó con el nombre “Chau Tabu”, que oculta más de lo que informa: ¿de qué sirve que se informe qué es la violencia de género si el gobierno tiene denuncias de cierre de programas de víctimas de violencia sexual? ¿de qué sirve que se informe que unx tiene derecho a un aborto no punible si el gobierno clausura toda posibilidad de aborto legal incumpliendo, incluso, con los criterios establecidos por la CSJN para realizar abortos no punibles? ¿de qué sirve que se hable de violencia institucional cuando el gobierno reprime a trabajadorxs de la salud? ¿de qué sirve que se informe acerca de los derechos de las personas trans si el gobierno es cómplice de su criminalización especialmente de quienes ejercen la prostitución por aplicación del actual código contravencional?

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