17:01 › "DIALOGANDO DE BUENA FE"

Griesa nombró un mediador entre la Argentina y los fondos buitre

Luego de que el ministro de Economía confirmara que la Argentina pediría formalmente que el juez Thomas Griesa declarara un "stay" al fallo que había ordenado el pago total de la deuda reclamada por los holdouts para abrir un diálogo en condiciones "equitativas, justas y legales", el magistrado designó a un "asistente especial", Daniel Pollack, para "conducir y presidir las negociaciones para un acuerdo entre las partes de este litigio".

De acuerdo con la orden impartida por Griesa, Pollack podrá liderar las negociaciones "públicamente o a puerta cerrada, total o parcialmente", y podrá consultar con las partes por separado según lo considere necesario.

Poco antes, el ministro de Economía, Axel Kicillof, había advertido, que si no se declaraba una suspensión de la medida judicial dictada por el propio Griesa se podía "dar la paradoja de que por una medida judicial que favorece al 7 por ciento de los acreedores, no impida pagarle al otro 93 por ciento".

En una breve conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, el ministro sostuvo: "Es esencial que el juez otorgue esta medida para que la Argentina pueda continuar pagando a sus bonistas de la reestructuración normalmente, y de este modo llevar adelante un diálogo que nosotros necesitamos que sea en condiciones equitativas para el cien por ciento de los acreedores".

Kicillof recordó el discurso de la presidenta Cristina Kirchner en Rosario e insistió en la necesidad de que las condiciones de la negociación con los holdouts sean "equitativas, justas y legales".

"Con los acreedoras que formaron parte del canje de deuda, la Argentina acordó condiciones que constan en el prospecto y en las autorizaciones del Parlamento. Allí, figuran elementos que la Argentina quiere seguir cumpliendo: pago en tiempo y forma, la cláusula RUFO y la propia ley argentina que impide al gobierno pagar a los que no entraron en la reestructuración más que a los que sí lo hicieron", detalló Kicillof para argumentar la necesidad de que Griesa declare el "stay".

En el escrito entregado al juez neoyorquino, el Gobierno nacional asegura que la Argentina "quiere seguir honrando" sus compromios y cumplir con "el 100 por ciento de los acreedores", en el escrito que presentó para solicitar el restablecimiento de la medida suspensiva (stay) que le permita cumplir con el pago de los próximos vencimientos. En el documento que se dio a conocer esta tarde tras su presentación en el juzgado de Griesa, el Gobierno afirmó que la Argentina "ha honrado sus obligaciones, incluyendo a los bonistas reestructurados, y quiere seguir honrándolos cumpliendo con el 100 por ciento de los acreedores" y en consecuencia solicitó "que otorgue este stay para brindar la posibilidad de iniciar negociaciones de buena fe entre Argentina y sus acreedores".

Según la traducción del escrito que el abogado Carmine D. Boccuzzi Jr presentó a las 14,40 (hora de Nueva York, las 13,40 en la Argentina) se destacó en su primer párrafo que "la República Argentina tiene la voluntad de negociar de buena fe" y que "respetuosamente solicita una medida suspensiva ("stay") de los Amended Injunctions [medidas cautelares] que le permita entablar conversaciones con los demandantes en un plazo de tiempo razonable para este tipo de negociaciones".

En el escrito también se detalló que "recientemente, la República ha resuelto con éxito importantes disputas, incluyendo la existente con Repsol S.A. que había demandado a la Argentina por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF S.A. ante el CIADI por la suma de 10.000 millones de dólares, con las naciones miembro del Club de Paris por 9700 millones de dólares, con los titulares de laudos CIADI". "Estos recientes acuerdos 'que fueron producto de extensas negociaciones y se concretaron en condiciones de cumplimiento posible para la República, con quitas, extensión de plazos y/o reducción de tasas' constituyen grandes avances que reflejan el foco de la Argentina con respecto a la salida de la crisis de 2001 y la normalización de las relaciones con sus acreedores", continuó.

El Gobieno destacó en su presentación que "todos estos acuerdos fueron voluntarios y por tanto equitativos para las partes. Argentina quiere salir de los litigios que han cargado sobre ella y sobre las Cortes". "Por ello respetuosamente solicita un stay de su Señoría", insistió al considerar que "un stay proporcionaría un resguardo (un 'paraguas legal') para que las negociaciones tengan lugar considerando las complejidades legales y financieras inherentes al proceso".

Al respecto, la postura argentina fue aclarar al magistrado que "toda vez que la decisión de la Corte de Apelaciones del Second Circuit requiere a Argentina, cuando realiza un pago de intereses sobre la deuda reestructurada, a pagar a los acreedores el total del capital e intereses de su deuda en default, la República no está en condiciones de pagar a los demandantes en su totalidad, ni de pagar la totalidad a algunos acreedores y no a otros".

En ese mismo sentido, planteó que "el total adeudado a los holdouts luego de la reestructuración de deuda de la República excede la mitad las reservas del país. Ningún país puede utilizar la mitad de sus reservas para hacer un pago y ser dejado sin medios para administrar su moneda, manejar su economía, incluyendo atender las necesidades de su población". "Ni puede Argentina ignorar la cláusula de Derechos Sobre Ofertas Futuras (RUFO), que adjuntamos como Anexo, que es uno de los términos de la deuda reestructurada bajo ley de Nueva York y cuyos efectos pierden vigencia el 31 de diciembre de 2014, ya que esto puede llevar a que en otras jurisdicciones se entable un litigio que haga caer la reestructuración exitosa del 92 por ciento de la deuda de la República que estaba en default", continuó el documento.

Además, como nación soberana, Argentina "también se encuentra sujeta a sus propios procesos constitucionales y a las leyes sancionadas por el Congreso vigentes en materia de reestructuración de deuda". Por lo tanto, el país -aclaró el Gobierno- "se encuentra comprometida a entablar un diálogo con los demandantes que pueda llevar a la resolución de este litigio en tanto y en cuanto se den las condiciones propicias para que la negociación contemple los intereses del 100% de los acreedores".

En resumen de toda la exposición, "la República está comprometida al diálogo que continuará en lo que la República aspira será una resolución final a este litigio, y a todo el problema de la deuda externa, lo cual constituye una cuestión de interés público para todo el pueblo argentino".

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"Con los acreedoras que formaron parte del canje de deuda, la Argentina acordó condiciones que quiere seguir cumpliendo."
 
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