Los organismos denunciantes ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU por la detención arbitraria de Milagro Sala le solicitaron al gobierno de Mauricio Macri que informe qué medidas está tomando para cumplir con la resolución del organismo internacional en la que se ordenó la inmediata liberación de la líder de la Tupac Amaru.

Amnistía Internacional, ANDHES y el CELS recordaron que el Grupo de Trabajo le encomendó al Estado informar sobre las medidas de seguimiento de la resolución, entre las que se incluyen: la fecha de su liberación, si ha tenido lugar algún tipo de reparación y si se ha “llevado a cabo una investigación sobre la violación de los derechos de la Sra. Sala” y sus resultados. Además de qué medidas se tomaron para evitar la repetición de los hechos que originaron la intervención del mecanismo internacional.

Los demandantes enviaron la nota a la canciller Susana Malcorra y al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y les recordaron que la decisión se dictó en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tratados con jeraquía constitucional en la Argentina desde 1994.

Por eso, los organismos de derechos humanos subrayaron que "lejos de ser una opción" como pretende eludirlo el gobierno nacional y el jujeño, de acuerdo a las declaraciones de sus funcionarios, el cumplimiento de la resolución es "un deber del Estado ante la comunidad internacional y el sistema jurídico argentino".

En ese sentido, los denunciantes sostuvieron que "ante decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, el Estado no puede utilizar como excusa que se trataría de una supuesta interferencia indebida en otros poderes o jurisdicciones", ya que "tal proceder significaría desconocer sus obligaciones internacionales, el rol que tiene el Estado federal como garante y numerosos antecedentes".