“Siempre más democracia”. Con esa frase, el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, resumió la postura de la administración que comanda Axel Kicillof respecto a las amenazas denunciadas a finales de la semana por el intendente de Puan, Diego Reyes.
“Acabo de comunicarme con el intendente para expresarle mi solidaridad y repudio ante las amenazas que recibieran él y su familia”, contó Bianco a través de sus redes sociales y agregó: “Podemos tener diferencias y proyectos distintos, pero nunca las amenazas y la violencia son una opción”.
A mediados de la semana, el jefe comunal del partido ubicado en el suroeste provincial había denunciado penalmente a un empleado municipal que en medio de un conflicto salarial había incitado a otras personas a “prender fuego la casa” de Reyes “con toda la familia adentro”. En el extremo de la escalada discursiva, el denunciado habría instado a "manotearle a la hija", a quien, según se desprende de la denuncia, había visto en un natatorio. Por esa razón, la Justicia le impuso en principio una restricción de acercamiento.
La información se conoció el viernes, cuando el secretario de Gobierno municipal, Franco Mombelli, informó que el intendente se había presentado ante la Fiscalía para radicar la denuncia. La prueba principal que el Reyes puso sobre la mesa para justificar su pedido consta de un audio en el se escucha al denunciado convocando a "ir a Bordenave y prenderle fuego a casa con toda la familia adentro, como le hicieron una vez a López", en referencia al radical Horacio López, que gobernó el distrito entre 1999 y 2011.
Reyes, jefe comunal de Juntos por el Cambio, dijo a Télam que el audio fue recibido el miércoles por la noche, momento en que se acercó a la Comisaría a hacer la denuncia. “Ya tenían conocimiento de la amenaza porque alguien había convocado la participación del área de Niñez por la mención que hacían de mi hija”, detalló el jefe comunal y agregó que el jueves radicó la denuncia en la ayudantía fiscal.
Por decisión de la Justicia, el empleado del municipio no podrá acercarse al intendente ni a su familia y, además, se le secuestró el celular. “Hay que cortar con estas personas que creen que de guapo van a lograr los objetivos, no entienden de formas y maneras”, indicó Reyes.
Repudio
Como suele suceder cuando las situaciones de conflicto se extreman y empiezan a aparecer amenazas públicas y privadas, que en este casos apuntan directamente contra la vida del intendente y su familia, lo ocurrido generó una andanada de repudios que llegaron desde todo el arco político provincial.
La UCR bonaerense, que preside el senador nacional Maximiliano Abad, emitió el fin de semana un comunicado con el título “Violencia nunca más”, en el que se describe a los acontecimientos de Puan como acciones de “una gravedad institucional alarmante” que “ponen en riesgo a la convivencia democrática”.
Recordando los 40 años desde el final de la última dictadura que se cumplieron el pasado 10 de diciembre, el radicalismo provincial advirtió que “no se puede permitir que la violencia sea parte del juego democrático”. “A la cultura de la violencia, los aprietes y las extorsiones, siempre le vamos a contraponer la cultura del diálogo, la tolerancia y el respeto”, advirtieron.
Casi en paralelo, el Foro de Intendentes de Juntos por el Cambio, que encabeza el titular de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se puso a disposición de Reyes y pidió que la Provincia, los responsables de la seguridad y el Poder Judicial velen por la paz social y el cumplimiento de la ley en la ciudad de Puan. “Hechos de esta naturaleza superan cualquier análisis o postura de carácter político, atentando contra la libertad, la convivencia democrática y la vida de las personas”, dice el comunicado del sábado por la tarde, que agrega que “ninguna situación política, institucional o económica justifica este tipo de acciones”.
Lo ocurrido en el municipio de la Sexta sección también impulsó a acciones de repudio que llegaron desde los diferentes bloques de la Legislatura bonaerense, donde el diputado Agustín Forchieri presentó un proyecto para que el cuerpo declare “su más enérgico rechazo a las amenazas e intimidaciones dirigidas al intendente Diego Reyes y su familia”.
El hecho rápidamente trascendió las fronteras de la provincia y se metió en la discusión nacional. Desde ese plano, Juan Grabois se sumó a los repudios y advirtió: "Estamos asistiendo a niveles de deshumanización peligrosos, en la sociedad y la política. Ni balas, ni incendios, ni guillotinas, ni linchamientos, ni amenazar el hogar o la familia, mucho menos los hijos. Debe haber límites incluso en la confrontación".
Herencia
Puan viene siendo noticia desde el comienzo de la nueva gestión debido al conflicto suscitado por la prolongada crisis económica que se profundizó durante la última gestión de Facundo Castelli. En su intento por explicar el clima de tensión que se vive en la ciudad, Reyes recordó que la situación con los trabajadores municipales está tensa desde antes de que asumiera en el cargo el 7 de diciembre, escenario que motivó una denuncia contra la administración saliente, de su propia fuerza política, por “irregularidades”.
“Venimos de una situación compleja porque asumimos con 120 millones de pesos en rojo en el Banco Provincia, con un descubierto sin cumplir que nos quitó el derecho a usar esa herramienta financiera; y además con la obligación de tener que cumplir con el pago de 600 millones de pesos de sueldos de noviembre, 300 de aguinaldo y 500 en deuda de proveedores”, describió. Ante esta situación económica comenzó un conflicto con los trabajadores que se tradujo en un paro de actividades que se extendió hasta esta semana, tras acordar el pago de lo adeudado en cuotas.
A días de asumir, Reyes se reunió con el ministro de Hacienda de la Provincia, Pablo López, y acordaron el envío de un aporte del Tesoro provincial de 250 millones de pesos que permitió avanzar en el pago de los salarios de los trabajadores municipales para comenzar a destrabar la situación.
“El gobierno provincial entendió la situación de Puan, que no somos responsables de lo que pasó, han entendido la necesidad de ayudar a los vecinos del distrito, y que dependemos de una buena voluntad del gobierno de la provincia para que los empleados del distrito cobren su salario”, había señalado Reyes al comunicar el acuerdo con la administración provincial y destacar “la respuesta positiva del gobernador quien manifestó que más allá de banderías políticas hay que trabajar en conjunto para que los trabajadores cobren su salario”.
Días antes de dejar el gobierno, Castelli reconoció públicamente la situación en diciembre y pidió “perdón” a los vecinos de su localidad por la situación que se precipitó sobre el fin de su gestión. “Quiero que quede claro que en ningún momento se desviaron fondos para la agrupación vecinal. Lo que se hizo fue una devolución de recursos de 83 millones”, explicó el intendente saliente que estaba siendo acusado de trasferir dineros del municipio a la agrupación política de la que formaba parte.
“Esta agrupación en el mes de agosto ingresó a una cuenta municipal 83 millones los cuales se utilizaron para el pago de salarios, por ende a lo que se procedió es a la devolución de esos recursos, que no eran municipales, a la cuenta bancaria de dicha agrupación”, se justificó Castelli, que agregó entonces que “toda esta operatoria está respaldada por sus respectivos decretos y actos administrativos”. “ Por lo tanto, en caso de que se realice alguna denuncia penal en relación a este tema, seré el primero en ponerme a disposición de la justicia para aclarar tal situación”, argumentó.
