LA VENTANA › MEDIOS Y COMUNICACION

La madre de todas las deudas

El debate sobre el proyecto de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que debería sustituir el decreto-ley dictado por la dictadura y que, con reformas posteriores, sigue rigiendo la comunicación, se sigue postergando. Mientras tanto, continúan las críticas al manejo que los intereses económicos y políticos hacen del sistema masivo de medios.

 Por Ernesto Rega *

La información que recibimos y que utilizamos para formar opinión –no es novedad– está mediada por los medios de comunicación. El 2008 estuvo plagado de temas de importancia nacional que suscitaron la atención de toda la población por las repercusiones mediatas e inmediatas que pudieran tener. ¿Pero qué hubiera pasado si esos temas tan candentes se hubieran tratado a la luz de una nueva ley de radiodifusión?

Quien fuera el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) hasta principios de este año sostenía públicamente que por la cantidad de modificaciones que tenía el decreto-ley de radiodifusión ya no era “de la dictadura”. El decreto-ley 22.285/80, firmado por Jorge Videla y todo su gabinete, fue modificado en democracia decenas de veces y paradójicamente en cada una de ellas se profundizaba aún más su condición de decreto de la dictadura. La norma se adaptó así a la dictadura del mercado, permitiendo los monopolios, el ingreso de capitales extranjeros, la propiedad cruzada de medios y la posibilidad de un gran negocio a costa de lo que debería ser un servicio público.

“En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional”, comienza la norma de radio y televisión vigente. Las modificaciones que tuvo el decreto-ley en democracia no cambiaron el espíritu de la Doctrina de la Seguridad Nacional que todavía expresa en el art. 7.: “Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional”. La norma establece también que el organismo de control, el Comfer, debe estar integrado por un representante de cada una de las Fuerzas Armadas y señala que un representante de la SIDE forma parte de una “Comisión asesora”. Desde la vuelta de la democracia, hace 25 años, ese organismo está intervenido y es el presidente de la Nación quien designa a su titular. Gabriel Mariotto, el actual interventor, declaró públicamente su voluntad de ser el último interventor.

¿Cuántas batallas ganaría el país con una comunicación democrática? Con un sistema de medios en el que existan muchas voces, en el que coexistan en equilibrio medios comerciales, estatales no gubernamentales y medios sin fines de lucro, que una persona o grupo no pueda tener los medios de comunicación que lleguen al ochenta por ciento de la población, con una ley que entienda a la comunicación como un derecho y no como un negocio. Hasta la declaración de inconstitucionalidad del art. 45 del decreto-ley las entidades sin fines de lucro no podían acceder a licencias de radio y televisión.

En abril de este año el Gobierno sorprendió cuando se reunió con las organizaciones de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y anunció que se iba a impulsar una ley que reemplazara al decreto-ley 22.285 de la dictadura. La expectativa de muchas organizaciones y comunicadores que luchan hace años por un nuevo modelo de comunicación crecía. Más aún, cuando desde el propio Gobierno se aseguraba (y todavía lo hace) que los “21 Puntos por el Derecho a la Comunicación” presentados en 2004 iban a ser la columna del proyecto oficial. “En junio ingresa al Congreso”, se prometió extraoficialmente cuando el conflicto con la patronal del campo estaba en su punto más candente. “El 9 de julio se anuncia”, trascendió después. “En agosto”, dijeron cuando las retenciones a las exportaciones no eran el problema principal. “Antes de fin de año”, aventuraron más tarde. Pasaron la derogación de la Resolución 125, la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, la “movilidad jubilatoria”, la eliminación de las AFJP y la Ley de Radiodifusión sigue siendo una deuda. ¿No se podían haber discutido mejor todos esos temas, de importancia para el país, con una ley de radiodifusión plural y democrática?

Hace semanas la Coalición por una Radiodifusión Democrática volvió a reclamarle a la Presidenta que cumpliera con el compromiso de presentar el proyecto de Ley de Radiodifusión o de Servicios de Comunicaciones Audiovisual, evaluó la posibilidad de presentar un proyecto propio si la iniciativa oficial no ingresaba al Congreso y acordó impugnar cualquier avance en la norma para la Televisión Digital hasta la vigencia de una nueva ley. La Ley de Radiodifusión es “la madre de todas las batallas”, declaró el interventor del Comfer en reiteradas entrevistas. La Ley de Radiodifusión es una de las deudas más importantes de la democracia. Y por eso hoy la información sigue siendo una mercancía.

* Miembro de Radio Ahijuna, y productor del Foro Argentino de Radios Comunitarias.

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