“Un disparate”. Ese fue el adjetivo que eligieron varios referentes de los derechos humanos para referirse a las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien relativizó el gatillo fácil y defendió a los policías involucrados en los hechos de violencia institucional en los últimos meses. “Creer que disparar por la espalda sólo es un detalle forma parte de la doctrina Chocobar que instaló el Gobierno Nacional”, indicaron.

“Lo que hace (Patricia) Bullrich es olvidarse de los estándares internacionales. No se puede permitir a una policía que primero tira y después pregunta”, dijo, en diálogo con PáginaI12, Matías Pisanello, coordinador del área de Seguridad y Derechos Humanos de Andhes. Este  organismo lleva adelante la querella en el asesinato de Facundo Ferreira, el niño tucumano de 12 años quien solo por manejar una moto fue visto como “sospechoso” por la policía local. Pero además de la defensa a la fuerza de seguridad, los integrantes de Andhes repudiaron también la liviandad de la ministra para referirse al homicidio de Ferreira. “Es increíble que la ministra se refiera al caso sin ver el expediente. Ni siquiera nosotros, la querella, tuvimos acceso al documento judicial. Lo único que hizo ella fue criminalizar a un niño de 12 años, sin tomar en cuenta que, en cualquiera de las hipótesis, la única realidad fue que un niño recibió un tiro en la nuca y varios disparos de goma en la espalda”, aseguró Emilio Guagnini, coordinador de Defensa de este organismo de Derechos Humanos y Estudios Sociales del noroeste argentino.

La interpretación personal de Bullrich acerca del gatillo fácil también fue duramente cuestionada. “La violencia institucional es sumamente más compleja de lo que describe la ministra. Y no es que a un policía no le gusta la cara de una persona, sino que se da siempre que un policía utiliza una arma de fuego sin respetar las normas pautadas por Naciones Unidas, que fueran aprobadas en nuestra normativa”, aseguró Luis Duacastella Arbizu, defensor general adjunto del Ministerio Público de Defensa porteño. “Tiene que entender que una vida nunca tiene que estar en mano de la decisión policial”, indicó.

Además, Duacastella Arbizu hizo mención al pedido de Bullrich sobre “bajar la violencia”, aunque desarticuló los argumentos de la ministra. “El gobierno nacional criminaliza a los sectores vulnerables y considera que éstos son los culpables de la violencia en las calles. Puede llegar a ver como culpable a un chico de 12 años. En realidad, lo que busca es crear a un enemigo, que son los pobres, con el fin de legitimar el uso de la fuerza”.

Por su parte, la abogada de Correpi, María del Carmen Verdú, cuestionó las estadísticas que dio Bullrich en Radio Nacional acerca de las muertes que involucraron a agentes policiales. Según contó la letrada, en el recuento del organismo se registraron 774 asesinadas por alguna fuerza de seguridad del estado desde 2016 –incluyendo los asesinatos en lugares de detención– muy distinto a los números entregados por el Ministerio de Seguridad (84 casos). Por su parte, el informe de “letalidad policial” que realiza el CELS contabilizó 220 personas muertas en hechos de violencia, con participación de las fuerzas de seguridad en los últimos dos años.

Informe: Jeremías Batagelj.