PáginaI12 En España

Desde Barcelona

El devenir político en Cataluña ayer se jugó en un pequeño pueblo de Alemania. El juez de primera instancia de Neumünster, donde Carles Puigdemont se encuentra detenido desde el domingo, resolvió mantener en prisión preventiva al ex president hasta resolver si lo extradita o no a España. La orden internacional de detención que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó contra el líder independentista este viernes precipitó los acontecimientos y cambió de lugar los escenarios, ahora no es la justicia belga sino alemana la que tiene en sus manos la libertad de Carles Puigdemont, por haber sido hallado en Schuby, a una treintena de kilómetros al sur de la frontera alemana con Dinamarca.

Mientras en el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein se debate si los delitos de rebelión y malversación de fondos imputados por la Corte española a Puigdemont son válidos dentro del Código penal germano para extraditarlo –procedimiento que puede durar entre 60 y 90 días–, en Cataluña el reloj corre hacia unas nuevas posibles elecciones y los partidos tienen menos de dos meses para encontrar un nuevo candidato a la presidencia. La misión no se presenta sencilla, teniendo en cuenta que ya son tres las investiduras fallidas desde las urnas regionales de diciembre y que ya no queda ningún cabeza de lista entre las filas independentistas –dueños de la mayoría parlamentaria– en libertad o en suelo español. 

El último varapalo dado por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al movimiento secesionista el viernes pasado –cuando ordenó prisión preventiva para tres ex consellers, la ex presidenta del Parlament y el candidato a la investidura, Jordi Turull– dejó en shock a los partidos favorables a la separación de España e, incluso, a los que no la apoyan, como es el caso de socialistas y comuns (coalición entre Podemos y la formación de Ada Colau). Absorbidos desde ese día por la discusión sobre la pertinencia o no de las medidas cautelares impuestas por la Justicia española para los miembros del anterior Ejecutivo catalán –todos, excepto el Partido Popular (PP) y Ciudadanos las tachan de desproporcionadas– queda pendiente la tarea que desde hace cuatro meses se arrastra: formar gobierno.

Mañana el Parlamento regional celebrará un nuevo pleno para evaluar la propuesta del bloque independentista formado por Junts per Catalunya, Esquerra Republicana (ERC) y la CUP para que la Cámara reconozca a Carles Puigdemont y Jordi Turull el derecho a ser investidos presidentes de la Generalitat. Los secesionistas basan su resolución en el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU que garantiza el ejercicio político de los presos, documento que también piensan usar de alegato para intentar evitar la expatriación del ex president y el resto de diputados exiliados en diversos países europeos.

La sesión convocada por el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, no tiene más efectos prácticos que el de una declaración política, sin embargo, causó revuelo entre los grupos del denominado bloque constitucionalista- PP y Ciudadanos- porque implica un nuevo paso en la búsqueda de un gobierno con vistas a la independencia de Cataluña. Inés Arrimadas, líder la fuerza más votada en los últimos comicios, Ciudadanos, solicitó de inmediato la dimisión del presidente de la Cámara local porque, según anunció, “lleva poco en el cargo pero ya ha pasado todos los límites”. Arrimadas lamenta que Torrent “haya bloqueado el Parlament durante meses, haya propuesto tres candidatos a la presidencia de la Generalitat que no podían ejercer el cargo, haya cambiado la fecha de los plenos en función de la agenda judicial y haga mítines de ERC en sus intervenciones” y, apoyada por el PP, este miércoles espera ver cómo responden los demás partidos a su solicitud.

Al margen de los reclamos de la oposición, el bloque independentista está ocupado ahora en buscar un nuevo candidato que evite una repetición de elecciones por nadie deseada en Cataluña. El nombre que vuelve a estar sobre la mesa es el que nunca dejó de estarlo del todo: Carles Puigdemont. La diputada Elsa Artadi de JxCat avanzó ayer que su partido sigue siendo partidario de restituir la presidencia al ex mandatario para lo que tendrían que concluir con el trámite de la reforma de la ley de Presidència i Govern que permitiría una investidura a distancia. Sus socios ERC, sin embargo, prefieren no adelantarse y esperar a que Alemania decida si extradita o no a Puigdemont.

Catalunya en Comú-Podem también denunciará en el Parlament la “actitud irresponsable del gobierno de Mariano Rajoy” y la situación de “prisión provisional injustificada” que sufren varios diputados. El Partido Socialista Catalán (PSC), por su parte, presentará una iniciativa para el pleno de mañana en la línea del que viene siendo su discurso, sobre todo, después de la investidura fallida de Jordi Turull y su posterior encarcelamiento. Recuperar el diálogo político y buscar amplios consensos es su prioridad, apelando incluso a “un gobierno de concentración”, en el que estén todos los partidos con representación parlamentaria. “Un gobierno de concentración es una respuesta excepcional a una situación como la actual, que es excepcional”, manifestó el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, optimista con una propuesta vetada de antemano por la mayoría de grupos, al venir de un partido que propició la implementación del artículo 155 para la intervención de la autonomía catalana. 

Puertas afuera de los lujosos pasillos del Parlament, el sector independentista de la ciudadanía también volvió a tomar cartas en el asunto ocupando las calles con movilizaciones en Barcelona y las demás capitales de provincia. Tras la detención de Carles Puigdemont, miles de personas se manifestaron domingo y lunes de forma pacífica, convocados por la Assemblea Nacional Catalana(ANC) y grupos auto organizados en favor de la secesión, los llamados Comités de Defensa de la República (CDR). Entre gritos de “Puigdemont, el nostre president (nuestro president)”, los independentistas reivindicaron que los delitos que se imputan al ex mandatario y a los otros políticos “están completamente falseados y se basan en una violencia que no se ha dado en ningún caso en la sociedad catalana”.