En un gesto desafiante, el Consejo de la Magistratura le envió a la Corte Suprema una nota donde le pide explicaciones sobre la acordada 4/2018 en la que rechazó habilitar el Tribunal Oral Federal 9 (TOF9) por considerar que había sido constituido a dedo, sin respetar el mecanismo constitucional que incluye el concurso, la conformación de una terna enviada al Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado. El TOF9 es el que había recibido causas contra Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. El órgano que elige y sanciona a los jueces tuvo ayer un plenario extraordinario que giró en torno de la situación en la que quedará ese tribunal después de la decisión suprema, aunque en los hechos está desactivado. Pero el quid de la cuestión, que se fue filtrando en el debate, es que el Gobierno ya planeaba más designaciones similares en otros tres tribunales orales federales, como forma de expandir la presencia de jueces “propios” en Comodoro Py, para lo cual también había aplicado el mecanismo de los traslados definitivos de jueces a cargos estratégicos, una modalidad a la que también pareció aludir la Corte.

A fines de 2016 se sancionó una ley impulsada por Cambiemos que disponía que cinco tribunales orales criminales, que se dedican a juzgar delitos comunes, serían convertidos en tribunales orales federales, para lo cual pasarían a juzgar corrupción, narcotráfico, delitos de lesa humanidad y trata, entre otros, sin que sus integrantes hayan concursado para eso. La norma establecía la posibilidad de trasladar a los jueces de un lugar a otro, sin importar que tuvieran distinta competencia, con la sola aprobación de una mayoría simple en el Consejo de la Magistratura. La iniciativa fue parte de una estrategia para diluir el poder de Comodoro Py y colonizar lugares claves: los tribunales orales son los encargados de dictar las sentencias en los casos más resonantes, contra ex funcionarios, y a futuro podrían juzgar a los actuales. En diciembre último, el bloque oficialista en el Consejo –que es una alianza de diputados y senadores de Cambiemos, jueces y abogados– aprobó la transformación del Tribunal Oral Criminal 10, en Tribunal Oral Federal 9. La Cámara de Casación lo metió en el sorteo de casos y empezó a recibir expedientes. Sin embargo, la Corte Suprema no lo había habilitado. La acordada que finalmente firmaron los supremos dos semanas atrás, rechazó con tres votos la habilitación de ese tribunal, y en forma unánime, dispuso anular los sorteos de las causas que le habían asignado.

Así, los supremos ponían freno a una maniobra que había instrumentado el Gobierno a través de su bloque y aliados en el Consejo. También fue un golpe a la Casación. En tribunales todo el mundo interpretó que la decisión iba más allá del TOF9, e impedía el avance de la conversión de otros tres tribunales orales criminales, que ya estaba prácticamente resuelta. Pero el Consejo, donde predomina la furia con los jueces supremos y el oficialismo no está dispuesto a renunciar a su objetivo, resolvió enviar por escrito un pedido a la Corte de explicaciones sobre el “alcance” de la acordada en cuestión y pedir una reunión cara a cara. No anuló ni suspendió tampoco la resolución por la que había nombrado a los jueces del TOF9, y le reenvió al alto tribunal un oficio de la Casación que le preguntaba si debía reflotar el tribunal criminal 10 con sus jueces de origen y ponerlo en los sorteos. y pedía definir si les pagaría el sueldo la Casación de Comodoro Py o la Cámara del Crimen. O sea, el Consejo habilitó una discusión pero no se movió ni medio centímetro de lo que ya había hecho y de lo que pretende hacer. Sólo resolvió que el pago de los haberes sea en el fuero ordinario.

Lo curioso fue que en el debate aparecieron posturas de lo más variadas. Las más extremas fueron, por un lado la del dúo de diputados de Cambiemos Pablo Tonelli y Mario Negri, que decían que a la Corte no había nada que preguntarle o decirle, que la acordada era clara, pero que el Consejo había actuado bien de acuerdo a una ley que está vigente y que fue votada por un abanico amplio de legisladores. Para ellos, el razonamiento correcto era el de los jueces de la minoría cortesana, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, que reconocen la posibilidad de trasladar jueces sin un proceso de selección. La mayoría cuestionaba el nombramiento que prescindió del mecanismo constitucional y se refería a la anomalía de los traslados. Tonelli y Negri presentaron ya en el Congreso un proyecto para dar una regulación más precisa a esos traslados. En el extremo opuesto estuvo Rodolfo Tailhade, del Frente Para la Victoria, que considera que la acordada de la Corte fue clara en señalar una “integración irregulares”, pero que no es sólo para el TOF9, sino otras designaciones similares. Pidió puntualmente que se anulen los traslados definitivos de jueces como Carlos Mahiques en la Casación Federal, Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal y Guillermo Yacobucci en el TOF7. Sin embargo, al menos ayer no logró adhesiones.

Por la vereda del medio, la voz cantante la tuvo el senador peronista Rodolfo Urtubey, que fue quien explicitó la propuesta de pedir una explicación al máximo tribunal. Fue el único punto aglutinante. Fuera de eso, casi todos planteaban un ángulo distinto. El juez Luis Cabral, por ejemplo, decía que el TOF9 sigue existiendo. La camarista Gabriela Vázquez señalaba que la ley de federalización de tribunales es de dudosa constitucionalidad y que debe haber un mecanismo de selección. Mario Negri pidió un cuarto intermedio, intentó ordenar a la tropa, pero lo logró a medias. Urtubey decía que no se deben poner en riesgo las decisiones judiciales de jueces con nombramiento cuestionado. Mostró su proyecto de ley para dar acuerdo en el Senado a los traslados.

Ayer en los despachos supremos, se hacían los distraídos y decían que esperarán hasta la semana que viene para ver qué pasos siguen. El tribunal no quiere ceder poder ni territorio en el nombramiento de jueces y juezas. El oficialismo está dispuesto a continuar con su ofensiva.