Estudiantes universitarios de Nicaragua demandaron al Gobierno de Daniel Ortega que permita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investigar las muertes y supuestas torturas a jóvenes detenidos durante las protestas en el país. Ayer, la Iglesia Católica, quien media en el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, dijo que se debe hacer una revisión desde la raíz del sistema político del país.

“Exigimos al Estado de Nicaragua aceptar en no menos de siete días que la CIDH y los relatores de derechos humanos de la ONU vengan a investigar lo ocurrido”, indicó un comunicado emitido la noche del miércoles por el Movimiento Universitario 19 de Abril, que protagonizó recientes protestas en el país. Víctor Quadras, vocero del movimiento que surgió con las protestas del mes pasado, dijo que si el Gobierno no acata esa demanda, incrementarán la resistencia hasta llegar a un paro nacional porque los crímenes no pueden quedar impunes.

El Gobierno reconoció diez muertes en las protestas, pero la independiente Comisión Permanente de Derechos Humanos asegura que los fallecidos fueron 63. Otro deceso se confirmó el miércoles, cuando un joven herido de bala falleció en un hospital de Ciudad Sandino, al suroeste de Managua.

“Estamos dando un ultimátum al Gobierno. El pueblo está demandando justicia para los asesinados, los heridos y los que desaparecieron. Las familias están sufriendo y no han obtenido respuestas”, afirmó Quadras. El vocero estudiantil añadió que los expertos internacionales también deberán investigar desapariciones y denuncias de torturas a los detenidos en celdas de la Policía, agresiones físicas a periodistas por presuntos activistas del Gobierno y censura oficial a medios de comunicación.

Las protestas se iniciaron a mediados de abril por una reforma de la Seguridad Social que aumentaba los aportes mensuales de empleados y empresas, y reducía en cinco por ciento las pensiones de los jubilados. A causa de la violenta acción de la Policía sobre los manifestantes, las protestan se extendieron a catorce ciudades del país.

La demanda de una misión de la CIDH y de la ONU también consta en el Pronunciamiento Ciudadano firmado por ex guerrilleros, comandantes y ex funcionarios sandinistas alejados hoy de Ortega. “Exigimos el establecimiento de un mecanismo de las Naciones Unidas como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Nicaragua para investigar las muertes en el país”, señaló el pronunciamiento. “La CIDH tendría también que verificar la existencia de fuerzas partidarias/paramilitares que actúan en coordinación con la Policía para reprimir manifestaciones pacíficas y perseguir a opositores”, advirtieron.

Pese al reclamo de estudiantes y otros sectores, el Gobierno de Nicaragua no está obligado a convocar a la CIDH y al Alto Comisionado de la ONU, pues el país no ratificó el Estatuto de Roma, según reconocieron los firmantes. Para la ex comandante Mónica Baltodano, que suscribió el Pronunciamiento Ciudadano, lo que ocurrió en Nicaragua hace dos semanas fue una masacre desmesurada de civiles a manos de la policía que no puede ser investigada por autoridades locales. “Por la gravedad de esta matanza y por las violaciones a los derechos humanos denunciadas, no hay posibilidad de que sea investigada por ninguna autoridad de Nicaragua, porque todo es parte de un andamiaje controlado por la pareja presidencial”, Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, advirtió.

En declaraciones al canal 12 de televisión, Baltodano opinó: “La crisis de gobernabilidad en el país sólo se va a resolver con la salida de Ortega y Murillo (...) una pareja que se ha perpetuado en el poder, se ha enriquecido y no tienen nada que ver con revolución ni con izquierda”.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora en el diálogo planteado entre el gobierno y la sociedad civil, manifestó ayer que se debe hacer una revisión de raíz del sistema político. “Creemos (los obispos) que el objetivo de este diálogo nacional debe de ser revisar el sistema político de Nicaragua desde sus raíces para lograr la auténtica democracia”, mencionó el cardenal Brenes, presidente de la Conferencia. Sin embargo, el religioso no especificó a qué se refería al hablar de esa revisión, en momentos en que sectores opositores están exigiendo la renuncia del presidente y de su esposa, la vice.

El comunicado añadió que el tema de “las dolorosas muertes sufridas durante las manifestaciones universitarias” debe ser esclarecido a fondo. Los obispos solicitaron a los estudiantes que definan a sus representantes en el diálogo y sus puntos de agenda. “Hacemos un llamado a que terminen de organizarse lo más pronto posible y definan su agenda y a sus representantes, igualmente a estar atentos a grupos ajenos al movimiento estudiantil que están actuando agresivamente, sembrando confusión”, dice el comunicado. El arzobispo de Managua no quiso adelantar los posibles temas del diálogo y aseguró que habrá una agenda abierta.

Un nuevo episodio de violencia se registró la madrugada de ayer en la Universidad Nacional de Nicaragua, cuando se rompió la tensa calma vivida después de 16 días de manifestaciones y represión violenta. El enfrentamiento ocurrió en los primeros minutos del jueves cuando miembros de la oficialista Juventud Sandinista, apoyados por la Policía Nacional, atacaron a un grupo de universitarios atrincherados en el campus, según denunció el Movimiento Estudiantil 19 de Abril. El objetivo de los atacantes era expulsar a los estudiantes, que permanecen en la sede de la Upoli desde mediados de abril, en protesta por la represión del gobierno de Ortega.