Cualquier acuerdo sobre derechos de TV que involucre a Torneos y Competencias tiene una ilegitimidad de origen. No de ilegalidad, que es otra cosa. Los contratos que el Estado nacional firmó con la empresa desde que explotó el escándalo de la FIFA el 27 de mayo de 2015 no están fundados en un concepto ético, de moralidad que los convalide solo por el hecho de ajustarse a derecho.
En ocasiones lo legal es ilegítimo y lo legítimo puede ser ilegal. Los montos que recibió la empresa por la venta de sus acreencias sobre el Mundial de Brasil y el de Rusia ahora –tanto del gobierno anterior como del actual– no son el problema de fondo. Más allá de que el responsable del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyC), Hernán Lombardi, haya quedado desnudo por sus explicaciones infundadas sobre el convenio vigente con TyC International B.V. Una compañía con sede en los Países Bajos que pertenece al holding de la omnipresente productora que fundó Carlos Avila y hoy tiene a sus actuales dueños en EE.UU. Direct TV es uno de ellos.
En un jardín de senderos que se bifurcan en ilegalidades varias, Torneos creó a la sociedad Datisa el 21 de mayo de 2013 junto a la Full Play de Hugo y Mariano Jinkis y Traffic, del brasileño José Hawilla. Las tres más que salpicadas, empapadas de corrupción por las coimas que se les comprobaron en la Justicia de Estados Unidos. Datisa –vale recordar– fue la misma que cuatro días después de constituirse en Uruguay, firmó el lucrativo contrato de 317,5 millones de dólares que permitió el enriquecimiento ilícito de varios directivos y empresarios que quedaron detenidos, bajo arresto domiciliario o sujetos a pedidos de extradición por el gobierno de EE.UU. Es más, esa compañía todavía conserva los derechos televisivos de las próximas ediciones de la Copa América que se jugarán en 2019 y 2023.
En diciembre de 2016, Torneos y Competencias llegó a un acuerdo con la fiscalía federal de Nueva York por el cual la compañía se comprometió a pagar 112,8 millones de dólares a cambio de una amnistía por cuatro años sin que se le presenten cargos en su contra. Era su reconocimiento explícito al rol de coimero clave que había cumplido su ex accionista Alejandro Burzaco en la trama del FIFAgate. La empresa también se obligó a implementar mecanismos de control internos y a ofrecer una cooperación total con la investigación del escándalo que le costó la cabeza a Joseph Blatter, Michel Platini y otros altos dirigentes del fútbol mundial.
