La causa por las agresiones sufridas por el diputado nacional Leonardo Grosso el 13 de diciembre durante la represión de Gendarmería en la esquina del Congreso navega entre la inoperancia y la desidia. A pesar de centenares de imágenes registradas cuando los gendarmes soltaron perros que lastimaron al legislador del Peronismo para la Victoria, el organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal encargado de identificar al responsable emitió un informe en el que se excusa de no haber podido lograrlo. “En virtud del informe acompañado por Datip (Dirección General de Investigaciones y Apoyo) no podemos dejar de manifestar nuestro asombro en virtud de los nulos resultados que el mismo arroja en relación a decenas de videos analizados, los cuales incluyen la cobertura específica y en directo de los hechos denunciados”, dijo Grosso en un nuevo escrito presentado ante el juez federal Sergio Torres. 

En la denuncia original, Grosso había descripto que estaba ejerciendo sus funciones como diputado cuando se enteró que “en las inmediaciones del Parlamento, se aprestaba un enorme operativo policial que se cernía sobre los manifestantes que se habían acercado a expresar su repudio al proyecto de ley de reforma previsional que dicho cuerpo se encontraba tratando por iniciativa del Poder Ejecutivo”. Junto a la diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur) buscaron al responsable del procedimiento. Quien parecía estar a cargo les respondió que “acá la única jefa es Patricia Bullrich y no va a hablar con ustedes”. Acto seguido, los empujó y con otros efectivos comenzaron a pegarles bastonazos hasta que soltaron un perro que se abalanzó sobre Grosso, le destrozó la camisa y lo mordió en la zona abdominal. Otros legisladores también fueron agredidos y golpeados. 

El legislador del Movimiento Evita argumentó que los uniformados cometieron abuso de autoridad: “el perro fue azuzado por los efectivos que hacían uso del mismo para que me ataque, y los violentos palazos que recibimos los diputados presentes tuvieron lugar inmediatamente después de identificarnos”, sostuvo y agregó que “tal accionar tiene un claro contenido político: dar un grave mensaje de amedrentamiento hacia los que se manifiestan contra la reforma previsional”. 

Pasaron más de cinco meses, y ninguno de los organismos oficiales encargados de identificar a los agresores obtuvo resultado alguno. Por eso, esta semana los abogados de Grosso volvieron a solicitar respuestas. En su nuevo escrito, al que accedió PáginaI12, sus abogados Myriam Bregman y Matías Aufieri precisaron el informe de Datip “se limita a relevar tres capturas de pantalla en que se apreciaría la presencia de los denunciantes, resulta inexplicable, que no existan capturas del mismo tenor, del momento en que efectivamente se producen las agresiones”. Por eso destacaron que “resulta igual de inverosímil, la realización de una única individualización de un agente de Gendarmería participante del operativo, a quien, para peor, tampoco es posible identificar por falta de tecnología, tal es lo argumentado por el órgano informante”. El análisis del material enviado a esa dependencia, demandó más de dos meses, “arrojando peores resultados aún, que el obtenido por cualquier televidente que presenció la transmisión de los hechos denunciados”. Y adjuntaron varios links donde cualquiera podría lograr lo que los supuestos expertos no habrían podido hacer.

Como si todo esto no fuera suficiente, en su nueva denuncia los letrados de Grosso, que integran el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), destacaron que desde otras dependencias estatales, como la División Análisis de Inteligencia Informática de la Ciudad, se adujo en primer término la imposibilidad de efectuar identificaciones de los gendarmes agresores. Sin embargo, “han demorado escasas horas en identificar a particulares que se manifestaban en movilizaciones de protesta como las que aquí se examinan, habiéndose echando mano incluso al patrullaje de redes sociales de particulares”.