Reclamo para que se corrija el Memorándum con el FMI por posibles juicios contra el Estado
Una palabra que de cauta no tiene nada
Cristina Kirchner advirtió que el uso de la palabra “incautación” en referencia a la estatización de las AFJP habilitará juicios contra la Argentina. Presentó un proyecto en el Senado para anular ese término.
La titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.La titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.La titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.La titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.La titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.
La titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. 
Imagen: AFP

No se trata de un mero error de redacción. Por eso la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto para que se anule en el Memorándum que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la palabra “incautación”, en referencia a la nacionalización de los fondos de jubilaciones y pensiones que eran administrados por las AFJP. En sus fundamentos, CFK advierte que la palabra usada en el acuerdo para referirse a la decisión del Congreso Nacional de recuperar la administración de esos fondos en un sistema único previsional “podría habilitar una enorme cantidad de litigios y reclamos ilegítimos, que recaerán nuevamente sobre las espaldas de todo el pueblo argentino”. En especial cita la demanda presentada en el Ciadi contra el Estado argentino por la empresa estadounidense Metlife, cuyo CEO fue Juan Martín Monge, y que el gobierno de Mauricio Macri encumbró como titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social que sostiene todo el sistema previsional argentino.  

“En ese documento los funcionarios argentinos afirman, al referirse al destino de los activos de los fondos de pensiones, que ‘habían sido incautados en 2008’. Esto, además de ser falso, puede traer graves problemas jurídicos y económicos para nuestro país”, escribió CFK en su cuenta de Twitter, donde también compartió el proyecto.

En el texto de la iniciativa, la senadora explica que “la Ley 26.425, al unificar el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público (SIPA), resolvió la recuperación y nacionalización de los fondos de jubilaciones y pensiones cuya administración estaba en manos privadas, y no eran de propiedad de las empresas administradoras”.

Allí también describe que según la Real Academia Española, el término “incautar” tiene dos acepciones: “privar a alguien de alguno de sus bienes como consecuencia de la relación de estos con un delito, falta o infracción administrativa”, y el más directo “apoderarse ilegítimamente de algo”. 

“Es por ello que, las palabras utilizadas por los funcionarios de este gobierno, que esperamos constituyan un lamentable error, no pueden pasar inadvertidas”, afirma el proyecto presentado ayer en el Senado. “Es una afirmación falsa” y “merece ser suprimida de manera urgente ante las posibles consecuencias gravosas que la misma puede acarrear para nuestro país”, sostiene CFK.

La advertencia de la ex presidenta tiene sus fundamentos en la causa iniciada por una ex AFJP en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), una institución que depende del Banco Mundial y con sede en Washington. “La demanda que existe contra nuestro país en Ciadi por parte de la empresa estadounidense Metlife, que sostiene precisamente el término que los funcionarios incorporaron en la carta de intención cuestionada”, afirma CFK.

Por lo que la senadora concluye que “si a ello le sumamos que el actual titular del FGS, Juan Martín Monge, haya sido el CEO de la empresa demandante (Metlife) hasta diciembre de 2016 la necesidad de la sanción de la presente se convierte en un ejercicio de responsabilidad institucional, sin perjuicio de las acciones penales y de responsabilidad civil que pudieran corresponder”. De todas maneras, el proyecto no deja de lado el reclamo que el acuerdo con FMI sea tratado por el Congreso “de conformidad con lo prescripto en el artículo 75 de la Constitución Nacional”.

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