Desde Santa Fe.
Once diputados de la provincia le iniciaron una causa judicial a Miguel Lifschitz por nombrar vocales del Tribunal de Cuentas a un ex secretario de su equipo económico Sergio Beccari y al abogado radical Lisandro Mariano Villar y a éstos por haber aceptado el cargo. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que el fiscal en turno investigue la "conducta" del gobernador por haber designado a dos profesionales que -‑a juicio de los legisladores-‑ "no cumplen con los requisitos legales exigidos por la ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado". Y si esa decisión se ajusta a derecho o encuadra en el artículo 253 del Código Penal que sanciona con multa e inhabilitación al "funcionario público" que nombre en un cargo público "a una persona que no cumple los requisitos legales" y a éstas por "aceptar un cargo para el cual no tengan los requisitos legales".
Los once diputados denunciantes son los justicialistas Leandro Busatto y Luis Rubeo (foto), el jefe bloque del Frente para la Victoria Héctor Cavallero y sus ocho colegas de Cambiemos: Alejandra Vucasovich, Cesira Arcando, Miriam Cinalli, Raúl Fernández, Federico Angelini, Sergio Mas Varela, Germán Mastrocola, Demetrio Alvarez.
La impugnación a Beccari es la misma que le plantearon ante Casa Gris la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, el Colegio de Abogados de Santa Fe y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe y luego en la Legislatura, el bloque de diputados del FpV. Si el contador se desempeñó como secretario de Ingresos Públicos en el gabinete de Lifschitz hasta diciembre de 2017, los denunciantes interpretan que tiene una "incompatibilidad legal" para pasar al Tribunal de Cuentas durante dos años. Y en el caso de Villar, invocan una supuesta "falta de idoneidad".
Según la denuncia, la "conducta" del gobernador se habría "tipificado" al enviar los pliegos de Beccari y Villar a la Legislatura, "a pesar de las severas críticas a las designaciones que hicieron ante propio Poder Ejecutivo el Colegio de Abogados de Santa Fe, el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas y el decano de la Facultad de Derecho de la UNL Javier Aga.
El nombramiento de Beccari "sigue el escrito‑ sería una "flagrante violación"del artículo 195, inciso e) de la ley 12. 510, que establece: "No pueden ser vocales del Tribunal de Cuentas: "Los que hayan desempeñado cargos, en los últimos dos años inmediatos anteriores a su designación, cuyas funciones sean materia de contralor por parte del Tribunal de Cuentas y que manifiestamente los coloquen en estado de incompatibilidad".Y el designado operó "nada menos que hasta diciembre de 2017 como secretario de Ingresos Públicos, sujeto a control del Tribunal de Cuentas".
En el caso del doctor Villar, "infringe las exigencias de idoneidad debidamente probada que se debe reunir para ocupar un cargo de la envergadura que representa la Vocalía de un órgano de control externo del Estado provincial". Y se invoca el artículo 193 de la misma ley 12.150: "Previo a su nombramiento, el Poder Ejecutivo deberá consultar sobre la idoneidad profesional de las personas propuestas, a las entidades con competencia en el ejercicio de la profesión".
La denuncia cita las cuatro impugnaciones a Beccari y Villar que se plantearon en el trayecto del Poder Ejecutivo y en la Legislatura.
