Que “menores de 13 años”, “mujeres embarazadas producto de una violación”, “adolescentes entre 13 y 16 años”, y “mujeres con embarazos no deseados” en general no aborten y, en cambio, puedan acceder a “realizar una adopción en proceso sumarísimo, a fin de resguardar cada una de las vidas”. Eso propone en su proyecto de “Ley especial sobre protección de la mujer con embarazo no deseado” (expediente 2001/18) el senador Guillermo Pereyra. Según explica en los fundamentos del proyecto, el legislador construyó esa propuesta porque, con el debate de interrupción voluntaria del embarazo “se está intentando imponer la libertad de la mujer como el bien jurídico protegido por sobre el resto de los bienes jurídicos que sí están establecidos en nuestras leyes, como es la vida. Esta es realmente una definición de fondo y una decisión a tomar, si mantenemos a la vida como bien jurídico protegido o lo cambiamos. Son principios. Lo que realmente se está intentando cambiar”.

De acuerdo con el proyecto, el trámite de entrega en adopción puede comenzar “a partir que la mujer tome conocimiento de su situación de embarazo y tome la decisión libre e informada” para ello. Si está casada, para el trámite “se requerirá la decisión libre e informada de su cónyuge”. Luego de que la mujer manifieste “la decisión de entregar en adopción, gozará de un período de arrepentimiento que finalizará el día que se produzca el nacimiento”. Además, el Estado creará el “Programa Nacional de Asistencia Médica y Psicológica para mujeres en estado de embarazo no deseado”.

“Este proyecto aparece como una alternativa válida a la problemática derivada del tratamiento del debate sobre despenalización del aborto”, indica Pereyra en los fundamentos, en los que también reflexiona acerca de que “la redacción y aplicación práctica de un Manual de Detección de Riesgo Psicológico en la Mujer Embarazada, por ejemplo, iría en sentido favorable a mejorar las condiciones de salubridad de la mujer encinta”. Por eso también propone “programas de ginecología social o bien la creación de un ‘cuerpo de ginecología social’, para prever y evitar el riesgo psicológico de la mujer embarazada que pueda llevar a un riesgo de muerte para el niño”. Para el senador Pereyra, “el planteo que a nivel social se presenta como una dicotomía entre ‘Aborto legal’ o ‘Aborto clandestino’ es falaz”, porque “ambos son lo mismo”. Para una mujer, un embarazo no intencional es “una pesada herencia”.