Estados Unidos anunció ayer sanciones contra el jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, consuegro del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, contra el vicepresidente de la petrolera Albanisa, Francisco López, y Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua. El objetivo de las sanciones es “enviar un mensaje” al resto de funcionarios nicaragüenses para que sepan que “apoyar a un gobierno que instiga la violencia” tiene como consecuencia perder acceso al sistema financiero estadounidense, explicaron funcionarios de Estados Unidos, que pidieron el anonimato. Los individuos sancionados verán congelados sus activos bajo jurisdicción estadounidense y tendrán prohibido hacer transacciones financieras en Estados Unidos. En rueda de prensa telefónica, los funcionarios de Estados Unidos precisaron que las sanciones son una “respuesta inmediata” a la crisis que vive Nicaragua, la más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, y que dejó más de 300 muertos y más de 2500 heridos.  Los funcionarios describieron a Francisco Díaz como el “líder de facto” de la Policía Nacional de Nicaragua, a la que organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusaron de haber cometido graves violaciones de derechos humanos en colaboración con grupos paramilitares. Estados Unidos considera que, bajo las órdenes de Díaz, la Policía de Nicaragua llegó a cometer ejecuciones extrajudiciales. Sobre Moreno Briones, los responsables de Estados Unidos detallaron que su papel actual es de “enlace” entre los gobiernos municipales y el oficialista Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN). Washington asegura que, a principios de 2017, Moreno reclutó a motoristas para reprimir manifestantes, una imagen que se vio en las actuales protestas. Por otro lado, Estados Unidos acusa a López de haberse embolsado “grandes cantidades de dinero” usando su posición como vicepresidente de Albanisa, y como presidente de la estatal Distribuidora Nicaragüense de Petróleo.