El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, vendió ayer las acciones que le quedaban de Farmacity. El funcionario demoró 855 días desde que asumió en el Gobierno. La maniobra de venta despertó suspicacias y se detalló que las acciones de Quintana fueron absorbidas por el resto de los socios de la empresa. En la venta de los títulos no se difundieron los montos ni el banco que formó parte de la transacción. El argumento que se dio ante los medios de comunicación es que la información es reservada. 

Quintana dijo que iba a desprenderse del 2 por ciento de las acciones que aún le quedaban en la empresa tras una investigación periodística. En esa investigación se planteó que el vicejefe de Gabinete seguía impartiendo órdenes en la compañía pese a tener esa minoría accionaria. Esto implica que el resto de los accionistas, que la semana pasada le compraron las acciones restantes, le seguían haciendo caso. En el Gobierno no dieron mayores precisiones de este asunto. Simplemente lanzaron un comunicando que “se dio cumplimiento al compromiso público que había asumido meses atrás, según el cual vendería la totalidad de su participación accionaria antes de fines de 2018”, mencionaron.

El fiscal federal Ramiro González había imputado a Quintana por posible conflicto de intereses con Farmacity. Se investigó si ocultó en sus declaraciones juradas información sobre su influencia en la compañía. La denuncia se dio tras un informe en los medios de comunicación que apuntaba que el vicejefe de Gabinete, si bien tenía menos del 3 por ciento de las acciones de Farmacity, se aseguraba el 53 por ciento de los votos en esta firma a través de la accionista Partner. El funcionario no pudo dar argumentos efectivos para evadir el problema que se planteó sobre las sociedades offshore que la firma tiene en el paraíso fiscal Delaware en los Estados Unidos.

Quintana, siendo funcionario y manejando las operaciones de Farmacity, habría incurrido en un conflicto de intereses al tener poder de decisión en la empresa, que fue favorecida como proveedor del PAMI. Las denuncias contra Quintana también se dieron porque hubo una presunta adulteración de documentación para conseguir la habilitación de Farmacity en la provincia de Buenos Aires y presiones a la Corte para fallar a favor de la cadena.