La diputada Aida Ayala fue hospitalizada en medio de su complicada situación procesal
Una internación oportuna

A cuatro días de que la Cámara Federal de Resistencia confirmara su procesamiento con prisión preventiva y a tres de que el fiscal federal Patricio Sabadini ratificara su pedido de desafuero al Congreso, la diputada del oficialismo Aida Ayala fue internada en el Sanatorio Güemes de la capital chaqueña por un malestar físico. El hospital todavía no dio precisiones sobre su estado de salud. 

En el marco de la causa en la que se la investiga por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero durante su gestión como intendente de Resistencia, Sabadini había solicitado este lunes a la justicia que reclame al Congreso de la Nación el desafuero de la diputada. "Si no tuviera fueros, Ayala estaría detenida", aclaró al momento de emitir la orden el fiscal. 

Días antes, el fallo de segunda instancia puso en jaque los argumentos de la alianza gobernante para preservar los fueros de Ayala, que el viernes pasado se anticipó al tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales y comunicó que no se opondrá a su detención. “No me escudaré en los fueros parlamentarios, esclareceré los hechos y mi falta de responsabilidad en el lugar que corresponde”, había afirmado mediante un comunicado Ayala, quien ahora está internada por recomendación médica. 

A la diputada de Cambiemos se la acusa de “haber conformado una organización destinada a la obtención de beneficios económicos, a través de la implementación de mecanismos articulados para resultar adjudicatarios de determinadas prestaciones por parte de la Municipalidad de Resistencia, valiéndose para ello de la conformación de sociedades creadas a medida tanto para resultar beneficiados en las licitaciones por un lado, y al mismo tiempo para ocultar la identidad de los verdaderos dueños y por último la conformación de sociedades a través de las cuales ingresa el producido de este tipo de maniobras”.  

Las maniobras se habrían realizado con la complicidad de Jacinto Sampayo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia y a través de la contratación de camiones a una empresa para la recolección de residuos. Esa empresa, PIMP S.A., tiene como uno de sus socios a Daniel Fischer, ex yerno de la diputada, también detenido en el marco de la causa. 

Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ