Desde Santa Fe

El ex agente secreto del Ejército César Luis Frillocchi que zafó de quedar preso en un juicio al terrorismo de estado que condenó a otro ex PCI de la dictadura Horacio Barcos por secuestros y torturas, en 2010, volvió a zafar esta semana. La sala 2 de la Cámara de Casación Penal le cerró la causa por supuesto “falso testimonio” que le había iniciado el fiscal Martín Suárez Faisal cuando lo acusó de mentir en la audiencia ante el Tribunal Oral de Santa Fe y pidió su detención hace ocho años. Casación lo exculpó con el mismo argumento que la Cámara Federal de Rosario ya le había dictado la “falta de mérito” en setiembre de 2011 y luego la confirmó en abril de 2012, al entender que su decisión de “apartarse de la verdad” estaba “amparada por el artículo 18 de la Constitución Nacional” por el que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”. En mayo de 2012, el fiscal Claudio Palacín apeló la sentencia, pero Casación se tomó su tiempo: seis años después y en sólo tres carillas declaró “inadmisible” el recurso y confirmó el “sobreseimiento” de Frillocchi por mayoría: dos jueces a favor (Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci) y uno en contra (Alejandro Slokar).

Aquella audiencia en el juicio a Barcos, en marzo de 2010, en la que el fiscal Suárez Faisal pidió la detención de Frillocchi tuvo su resonancia. A la semana, el abogado Horacio Coutaz, que era querellante en el proceso solicitó al rector de la Universidad Nacional del Litoral que explique cuál era la “labor” del ex PCI. Y tras varias peticiones y marchas del Foro contra la Impunidad (que integran Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de desaparecidos y otros organismos de derechos humanos), el ex espía del Ejército fue exonerado de la UNL, recién en setiembre de 2016.

Frillocchi era investigado por supuesto “falso testimonio” por qué en el juicio negó conocer a dos represores del Destacamento de Inteligencia Militar 122, en el que operaba: el capitán Julio César Domínguez –que según el Ministerio de Defensa era su jefe- y el ex suboficial Eleodoro Jorge Hauque, quien tenía bajo su mando a todos los PCI. La tercera imputación era por la fecha en que empezó a operar como buchón de la dictadura: según su legajo, fue el 1º de mayo de 1978, pero él dijo que eso ocurrió en agosto de ese año. La diferencia no es menor porque Barcos fue juzgado por los secuestros del profesor universitario José Alberto Tur y su ex esposa Amalia Ricotti, el 16 de mayo de 1978 y condenado a 15 años de prisión.

La Cámara Federal de Rosario interpretó esa discordancia de fechas. Frillocchi declaró como testigo en el juicio a Barcos. Ricotti dijo que el grupo de tareas que secuestró a su esposo y a ella estaba integrado por “quince personas, muchas aún sin identificar”. Y en el legajo de Frillocchi surge “objetivamente que ingresó al Destacamento de Inteligencia Militar en mayo de 1978”. “En ese contexto, su declaración de que recién ingresó en agosto de ese año parece claramente dirigida a alejarse de cualquier posible imputación por aquellos delitos”, dijo la Cámara. Más, cuando antes de “responder sobre la fecha en que ingresó al Destacamento”, Frillocchi “se apresuró a señalar que no tenía nada que ver con el Ejército en la época en que la señora Ricotti ‘dice que tuvo ese problema’”. En consecuencia, “aún apartándose de la verdad”, la afirmación ex espía “se encuentra amparada por el artículo 18 de Constitución Nacional”, por el que “nadie está obligado a declarar contra sí mismo”.

La Cámara de Casación coincidió. En el fallo que se conoció esta semana, recordó que la Cámara de Rosario “analizó las presuntas falsedades en las que habría incurrido” Frillocchi y “concluyó que su testimonio podría resultar auto incriminatorio”. Según esa “hipótesis” de la alzada, “habrían sido manifestaciones con la finalidad de eludir su posible responsabilidad en los hechos que se juzgaban” en el juicio a Barcos y por lo tanto estaba bajo el amparo del “principio constitucional” del artículo 18 de la Constitución Nacional”. En consecuencia, Casación concluyó que la causa por supuesto “falso testimonio” no es la vía para que el “titular de la vindicta pública” –como llamó al Ministerio Público Fiscal- “podría encauzar la pertinente investigación” a Frillocchi.