Los reclamos de los gremios docentes porteños contra el cierre de 14 escuelas nocturnas comerciales, además de otros nueve liceos y bachilleratos, forzaron la apertura de una mesa de acuerdo promovida por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para asegurar los puestos de trabajo e iniciar un debate sobre las modificaciones de los planes de estudio propuestos por la administración de Horacio Rodríguez Larreta. En el acta firmada hoy quedó asentada una de las mayores diferencias entre los gremios y la ministra de Educación local, Soledad Acuña, acerca de la derogación de la resolución, que la titular de la cartera insiste en defender al sostener que "no se cierran escuelas, se actualizan planes de estudio". Los sindicatos discutirán una propuesta en febrero, aunque mantienen latente un paro en el comienzo del ciclo lectivo.
El encuentro, del que participaron el titular de la Defensoría, Alejandro Amor, Acuña, y los dirigentes de UTE, Eduardo López, y de Ademys, Jorge Adaro, además de representantes de Sutecba y Sedeba, concluyó al mediodía. Aunque Acuña aceptó la apertura de la discusión defendió la resolución 4055 y aseguró que los cargos docentes no estaban en peligro debido a la demanda de las escuelas porteñas.
Los gremios, por su parte, reclamaron que la resolución fuera derogada como garantía de que los cursos de las 14 escuelas comerciales continuarán abiertos en 2019, punto sobre el cual no hubo acuerdo.
López, a su turno, pidió que mientras prosiga el debate acerca de la actualización de los planes de estudio de las escuelas comerciales, los cursos permanezcan abiertos. La ministra Acuña, poco después, en diálogo con TN, se negó a responder acerca de la inscripción en dichos establecimientos, y señaló que se acordó "abrir una ventanilla especial, en la sede de San Juan 250, para que jóvenes y adultos conozcan todas las ofertas educativas". La funcionaria, además, reivindicó la resolución que contempla el cierre progresivo de las escuelas comerciales, aduciendo que "es un plan de estudios de los años 70" que tiene un alto nivel de deserción.
"Con esta instancia el Gobierno intenta maquillar su política educativa de ajuste permanente contra la educación pública y las reformas que vienen degradando el sistema educativo en su conjunto", denunció Ademys más tarde, a través de un comunicado, en el cual advirtió que "si en 2019 cierra una sola escuela, no podemos comenzar las clases en ninguna".
