La secretaría pasará a ser una agencia con autarquía y autonomía para vender predios como el Cenard
Macri juega al achique en Deporte
Un decreto está a la firma del Presidente por iniciativa del secretario Diógenes de Urquiza Anchorena y Fernando Marín. Le permitirá al nuevo ente enajenar unas 700 hectáreas donde se desarrollan actividades deportivas.
El secretario de Deportes, Diógenes de Urquiza Anchorena, junto a Mauricio Macri.El secretario de Deportes, Diógenes de Urquiza Anchorena, junto a Mauricio Macri.El secretario de Deportes, Diógenes de Urquiza Anchorena, junto a Mauricio Macri.El secretario de Deportes, Diógenes de Urquiza Anchorena, junto a Mauricio Macri.El secretario de Deportes, Diógenes de Urquiza Anchorena, junto a Mauricio Macri.
El secretario de Deportes, Diógenes de Urquiza Anchorena, junto a Mauricio Macri. 

La degradación de la Secretaría de Deporte de la Nación al rango de Agencia de Deporte Nacional mediante un decreto remite a los tiempos de la última dictadura militar. El Ente Autárquico Mundial 78 (EAM) –con alcances incluso más limitados– fue lo más parecido al organismo que pretende crear el gobierno de Mauricio Macri mediante un DNU. Tenía autonomía para decidir, era descentralizado y su autarquía económica le permitió disponer sobre ingresos, bienes y servicios bajo su órbita. No es un dato menor que el proyecto fechado el 15 de este mes y firmado por el secretario del área, Diógenes de Urquiza Anchorena, haya pasado para su análisis por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que lo apruebe. Es el paso previo para que casi 700 hectáreas de tierras fiscales ubicadas en la Capital Federal y los partidos bonaerenses de Ezeiza y Esteban Echeverría queden disponibles para ser entregadas al mercado inmobiliario. 

El decreto que salió de la hasta ahora Secretaría de Deporte tiene nueve carillas y le otorga a la Agencia por crearse “plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado” además de señalar que “su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y los que adquiera en el futuro por cualquier título”. Entre esos bienes están las instalaciones del Cenard ubicado en el barrio de Núñez (11,5 hectáreas), los predios de Ezeiza donde se levantan los Centros Argentinos de Deportes en la Naturaleza (Caden 1 y 2) y el estadio nacional de béisbol (582,26); y el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNaDe) de Esteban Echeverría (38,33). El relevamiento no incluye las 42 hectáreas que el estado le cedió a la AFA de manera precaria y en comodato hasta 2048 –y en las que se levanta el centro de selecciones nacionales–, ni tampoco las 35 de la villa olímpica que se construyó en Villa Soldati para los Juegos de la Juventud realizados en 2018 y que pertenecen al gobierno de la ciudad. Una parte de estas serían destinadas al nuevo Cenard cuando se enajenen las tierras del que todavía está en Núñez.  

Detrás de la firma del decreto está el empresario Fernando Marín, ex gerenciador de Racing cuando lo controlaba Blanquiceleste SA y asesor rentado del presidente Macri con cargo equivalente al de subsecretario. La idea está basada “en la Agencia Córdoba Deportes, un ente mixto creado en 1999 por el gobernador José Manuel de la Sota a imagen y semejanza de modelos brasileños para conseguir dinero fresco y agilizar la administración en áreas relacionadas con la cultura y la juventud”, sostiene el periodista Ernesto Rodríguez, quien difundió el borrador del proyecto el último fin de semana.

La inminencia del decreto movilizó a la Confederación Argentina de Deportes (CAD), una institución casi centenaria que se fundó en 1921 y será afectada por la medida del gobierno nacional. Al amparo que ya presentó en la justicia contra la derogación de la ley 27.201 que creó el Enaded (Ente Nacional de Desarrollo Deportivo), ahora le sumará otro contra el proyecto que creará la Agencia. “Nos quieren quitar la legitimidad activa para intervenir, de eso se trata. Porque saben que si se firmara este DNU presentaremos denuncias por abuso de poder, persecución ideológica más la carátula accesoria de tráfico de influencias, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”, le dijo ayer Rodolfo Paverini, el presidente de la CAD a PáginaI12. 

La confederación es opositora a las políticas oficiales del macrismo. Vinculada por décadas al peronismo –al punto de que resultó intervenida por las dictaduras de 1955 y 1976–, fue esmerilada en sus atribuciones por las autoridades de la Secretaría de Deporte cuando estaba a su frente Carlos Mac Allister. El ex funcionario alentó la creación de la Condepa, una entidad que se escindió de aquella. Varios de sus dirigentes fueron querellados penalmente por la CAD por administración infiel en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 14. Entre ellos hay un funcionario de alto rango de la Secretaría: el director nacional de Deportes y primer vicepresidente de la Federación Mundial de Karate (WKF), José García Maañón. 

Con este marco conflictivo de fondo, la Agencia se quedaría con el poder absoluto en sus manos en cuestiones de política deportiva. El artículo 5 del decreto que pasó por la AABE menciona de qué modo se haría de recursos y cómo administraría los bienes sometidos a su control. Se mencionan las ventas, locaciones u otras formas de contratación, los fondos provenientes de la explotación de bienes y de los servicios arancelados, derechos publicitarios y comercialización de espacios publicitarios, entre otros. Para lograr ese cometido, el proyecto firmado por De Urquiza Anchorena pisotea varias leyes. Deroga artículos de la 20.655 o Ley del Deporte promulgada en 1974, de la 24.052 que creó la comisión de automovilismo y motociclismo deportivo, de la 26.573 (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), la 27.201 (Ente Nacional de Desarrollo Deportivo) y la 27.202 (nueva Ley del Deporte).

El DNU que estará a la firma de Macri más temprano que tarde puntualiza en su artículo 14 un detalle clave: “Hasta tanto la Agencia del Deporte Nacional cuente con plena operatividad, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación prestará los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras, de recursos humanos y en materia jurídica”. Las decisiones las tomará Fernando De Andreis, un ex dirigente de River, de quien dependerá la Agencia una vez que se constituya.

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