Control electrónico para el condenado que violó la prisión domiciliaria
Cárcel no, tobillera sí
La fiscalía había solicitado que se le revocara la detención domiciliaria al ex juez Roberto Catalán. Pero la Justicia Federal de Tucumán sólo dispuso que lleve tobillera electrónica.
Roberto Catalán fue condenado por delitos de lesa humanidad.Roberto Catalán fue condenado por delitos de lesa humanidad.Roberto Catalán fue condenado por delitos de lesa humanidad.Roberto Catalán fue condenado por delitos de lesa humanidad.Roberto Catalán fue condenado por delitos de lesa humanidad.
Roberto Catalán fue condenado por delitos de lesa humanidad. 

En lugar de mandarlo a la cárcel le dieron una tobillera. El Ministerio Público Fiscal había solicitado que se revoque la prisión domiciliaria del ex juez federal Roberto Catalán, condenado por delitos de lesa humanidad en la provincia de La Rioja, y sea enviado a cumplir su pena en una cárcel común luego de que fuera filmado mientras violaba ese beneficio. “La actitud altanera y desafiante demostrada por el condenado Catalán es una muestra más de la impunidad con la que se movieron y se siguen moviendo estos personajes siniestros, y la falta de control demostrada por las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, en este caso la Policía Federal, va en sintonía con los tiempos actuales en donde las emergencias sirven de pretexto para dejar de lado las obligaciones asumidas a nivel internacional, que un condenado se pasee libremente”, dijo a PáginaI12 uno de los fiscales que participó del juicio, Patricio Rovira. 

“Roberto Catalán fue encontrado incumpliendo la domiciliaria porque la condena social resiste en tiempos de Macri. Piedra libre sigue siendo el grito de vecinas y vecinos, no los quieren en el barrio. Saben que violaron, torturaron, asesinaron, desaparecieron, robaron bebés. Saben que su único lugar es la cárcel y que si están en sus casas la condena del barrio se convierte en las rejas. Debería ir inmediatamente a la cárcel porque ya demostró que el motivo del beneficio es falso. Su salud le permite pasear, burlarse de las víctimas y seguir demostrando que como juez lo suyo no fue la justicia, sino la impunidad”, dijo a este diario Giselle Tepper, de Hijos.

Si bien la fiscalía solicitó la revocación del beneficio del arresto domiciliario y su inmediato traslado a una unidad penitenciaria, sin resolver ese pedido el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán se remitió a un simple decreto firmado por uno solo de sus miembros, el juez subrogante Gabriel Eduardo Casas, por el cual ordenó se oficie al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica a fin de solicitar proceda a proporcionar el dispositivo electrónico de control para ser colocado a Roberto Catalán. Algo así como: puede seguir paseando pero no escapar.

El miércoles luego de que circulara el registro audiovisual, difundido por la agrupación Hijos, en el que se ve a Catalán haciendo compras y burlándose de la situación, la fiscal María Virginia Miguel Carmona solicitó a la Justicia de Ejecución Penal que le fuera revocado el beneficio de la detención domiciliaria. Según Miguel Carmona, integrante de la Unidad de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en La Rioja, del video “se desprende que el encausado puede movilizarse sin ningún inconveniente, gozando de una salud tal que le permite, incluso en estos días de intenso calor en esta provincia, salir a la calle, caminar y desenvolverse sin ayuda o colaboración de nadie”. La fiscal agregó que “ha violado la prisión domiciliaria de la que goza, no respetando las condiciones en que debe cumplirse la misma, en franca violación a la normativa aplicable”.

Consultada por PáginaI12, Tepper afirmó que “mientras el macrismo refuerza su discurso y práctica sobre la doctrina Bullrich, cada vez más genocidas y partícipes civiles tienen el beneficio de la domiciliaria o excarcelación. Así, el Poder Judicial les permite insertarse en los barrios como si fueran vecinos, pero son genocidas. Son peligrosos. Son culpables. Y son quienes saben y siguen callando dónde están los nietos y nietas y los cuerpos de las miles de víctimas”. La militante de Hijos agregó que luego de la difusión de las imágenes “rápidamente tanto la fiscalía como la Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja pidieron que el Tribunal de Ejecución Penal revoque el beneficio, pero la primera respuesta fue disponer la aplicación del control electrónico hasta que resuelva la cuestión de fondo que sería poner al ex juez condenado a 12 años de prisión en su lugar: la cárcel común”. Tepper enfatizó que “el 65 por ciento de las personas con causa judicial por delitos de lesa humanidad tiene este beneficio, y a ese número se suman los excarcelados y prófugos, por lo tanto el control ciudadano que implica la condena social pone en alerta sobre la impunidad de los genocidas”.

Catalán fue juez federal durante la última dictadura cívico-militar, luego de que Jorge Rafael Videla lo nombrara en el cargo en 1976. Fue condenado en 2016 por colaborar desde la Justicia con los crímenes de lesa humanidad que entonces sucedieron en territorio riojano. La Fiscalía que participó del juicio oral y público en el que se evaluó su responsabilidad y la de otras 60 personas en torturas, secuestros y desapariciones, consideró probado que el ex juez “tomó declaración a detenidos vendados, esposados y vigilados por guardias del Instituto de Rehabilitación Social, un centro clandestino de detención que funcionó en la zona”. 

El ex juez representa aún el poder real en La Rioja, no solo dentro de la Justicia federal sino a nivel gobierno local. Uno de sus hijos está vinculado al diario mas importante de la provincia y fue funcionario del anterior gobierno. “Está preso usted, no puede salir ni a la puerta. Está preso por genocida, lo voy a escrachar”, le gritaron. “¿Me vas a sacar una foto?”, preguntó Catalán, y luego saludó con su brazo a la cámara.

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