La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su “preocupación” por “las frecuentes imputaciones y cuestionamientos proferidos por funcionarios de la política” a la jueza de instrucción en lo Criminal y Correccional 62, Patricia Guichandut. Se trata de la jueza criticada por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta tras haber liberado a un motochorro de nacionalidad colombiana, previa probation. El ladrón había robado un teléfono celular.

En un comunicado que lleva la firma de su vicepresidente, Marcelo Gallo Tagle, la Asociación manifestó que “se considera oportuno reclamar mesura a las figuras públicas en los cuestionamientos fuera de los carriles legales” y subrayó que “un proceder contrario, lejos de contribuir a la institucionalidad, la termina horadando”.

La polémica en torno a Guichandot se dio cuando se conoció el caso de Jair Jurado Mora, de 25 años, que el 22 de enero le robó un celular a una joven en Caballito. Tras su detención, la magistrada lo dejó libre. Para ello, se acordó una probation y el pago de 700 pesos a la víctima del asalto.

Al conocerse el fallo, Macri definió la liberación del colombiano como “indignante” y opinó en Twitter que “las fuerzas de seguridad están haciendo su trabajo en la calle, pero con una Justicia así, no hay policía que alcance”. La jueza, criticada también por Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, salió al cruce y aclaró que de los informes que le remitieron el Registro Nacional de Reincidencia y por la Policía Federal Argentina no surgía que Jurado Mora tuviera "antecedentes penales ni procesos en trámite”. También precisó que personal de la Dirección Nacional de Migraciones se entrevistó con Jurado Mora y en ningún momento le notificaron que hubiera estado alcanzado "por alguno de los impedimentos de ingreso y permanencia en el territorio nacional".

En una presentación posterior la Dirección Nacional de Migraciones sostuvo que el imputado no había apelado la decisión administrativa de deportación por lo que quedó firme y con esa nueva información la jueza Guichandut ordenó su detención y deportación. Ahora las fuerzas de seguridad se dedican a buscarlo.

En ese contexto, la Asociación estimó que “los ciudadanos necesitan confiar en el Poder Judicial como máxima salvaguarda de sus derechos. En consecuencia, aquellos ataques que se difunden a través de los medios periodísticos, fuera de las vías adecuadas y pretendiendo alcanzar en forma generalizada a todos los integrantes de la justicia por igual, persiguen un inmerecido descrédito de la institución como así también de los Magistrados del Poder Judicial de la Nación en su conjunto”. 

El comunicado agrega que “resulta imprescindible que todas las figuras públicas que forman parte de las instituciones democráticas, se expresen con prudencia a la hora de cuestionar a otros Poderes del Estado”.