Es bueno comenzar por el principio, aunque esta sea una verdad de Perogrullo. 

El antónimo de blanqueo, debe ser “negreo”. El negrero, según el diccionario, es “la persona que se dedicaba al comercio ilegal de esclavos negros”. 

Llevado el término a la actualidad podemos decir que negrero es el empleador que tiene a sus trabajadores en negro. 

O sea para que quede bien en claro: el que se dedica a la explotación ilegal de sus asalariados. Es un explotador. Ortega y Gasset decía que algunas cosas obvias, a veces, no son tan obvias. 

También quiero dejar en blanco sobre negro, o mejor en negro sobre blanco que, pese a la repugnancia que originalmente produce esta situación, el blanqueo, tapándonos las narices, es una vía de salida.

Los proyectos que circulan en el Parlamento, originados en el PEN, cuyo titular es Mauricio Macri, aunque los autores materiales sean legisladores oficialistas o paraoficialistas, pasan olímpicamente por alto estas consideraciones y amnistían o indultan a los explotadores. Si bien reconocemos que no los aplauden, falta poco para que lo hagan.

Difícilmente el Presidente llegue a buen puerto si confunde Puerto Williams con Punta Arenas. 

Obsérvese que al negrero que blanquea  no le exigen que le reconozcan al trabajador toda la antigüedad, ya que ponen un límite arbitrario de 60 meses aunque hayan trabajado más. Tampoco la contabilizan para adicionales.

Para los recargos o multas desprecian como base tarifaria la remuneración devengada sino que toman una inferior como es el salario mínimo, vital y móvil. 

Sin pretender agotar los beneficios que se le reconocen al evasor, destacamos que se discrimina su conducta, ya que el proyecto dispone la extinción de las acciones penales; la salida del Registro de violadores laborales y la condonación de la deuda de capital e intereses. 

Por otra parte, es obvio que este Ejecutivo, autor en la sombra de estos proyectos, con su ADN patronal, tampoco le exige al negrero que blanquea, contrapartidas, como sería, a modo de ejemplo, la obligación de no despedir durante dos años o alguna conducta dirigida a una política de empleo. 

Es absurdo el bill de indemnidad que le da al negrero: 365 días. 

Es como decirle: tenés 364 días para seguir esclavizando al trabajador en negro.

Acá me quiero detener para dejar en claro qué significa para un trabajador estar en negro: El asalariado no registrado no tiene obra social, gana mucho menos que el que está en blanco, no tiene acceso a la protección, aunque deficiente, ante un accidente laboral o una enfermedad profesional ya que carece de un ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo). Como si llegase, diría que milagrosamente, una inspección de la Secretaría de Trabajo, no aparece porque el patrón lo esconda. Resumiendo el trabajador en negro es un verdadero desaparecido social. 

Por estas razones, aun tragando sapos si hay blanqueo, debe ser muy riguroso y no blandengue o cómplice como el que propone el empresario a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. 

Con todo esto ya no quedan dudas de que el Gobierno se ha convertido en un capanga de los empleadores. 

Héctor Pedro Recalde: Abogado laboralista. Presidente de Fuentes.