El fiscal Eduardo Taiano pidió ayer la elevación a juicio de la causa por la operatoria dólar-futuro, en la que están imputados Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y otros ex funcionarios. Lo que se pretende juzgar es una parte de la política económica del kirchnerismo. El caso es tan político y tiene tan poco que ver con un delito penal que CFK hizo una presentación para que el juicio se haga cuanto antes. En ese momento, noviembre pasado, el juez Claudio Bonadio consideró impertinente su presentación. Después del pedido de elevación de ayer, las defensas de los imputados tendrán que pronunciarse y luego habrá un pronunciamiento del juez, que seguramente en marzo mandará el expediente a juicio oral. Una vez sorteado un tribunal oral se pondrá en marcha un proceso que, según opinan en Comodoro Py, llevará a que el juicio empiece en 2018.
En concreto, la acusación de Taiano es por administración fraudulenta en perjuicio del Estado: el fiscal considera que la estrategia del dólar-futuro le hizo perder miles de millones de pesos al erario. CFK, Kicillof, Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central, y los demás imputados afirman, por el contrario, que con esa operatoria lograron evitar una gigantesca devaluación que hubiera pegado de lleno en los salarios reales de los trabajadores y en los ingresos de los jubilados. De hecho, los funcionarios kirchneristas alegan que la devaluación de fines de 2015, concretada por el macrismo, produjo una inflación del 30 por ciento y fue un golpe para la mayoría de los ciudadanos del país.
Más allá de la polémica, está claro que el expediente que se pretende mandar a juicio oral no es un caso de corrupción ya que ningún funcionario kirchnerista está acusado de haberse enriquecido con las operaciones. Por el contrario, los que sí obtuvieron ganancias fueron gerentes y empresarios que hoy están en el equipo de la Casa Rosada y que, además, fijaron la cotización del dólar que permitió que consiguieran esas ganancias.
Por eso, resulta curioso que cuando Taiano, en el escrito de ayer, describe el delito, señala que se trata de administración fraudulenta en perjuicio del Estado pero que implica “procurar un lucro para sí o para un tercero violando sus deberes y perjudicando los intereses confiados”. La realidad es que en este caso la administración kirchnerista no procuró ningún beneficio económico para sus propios integrantes ni para sus allegados, mientras que los funcionarios de Cambiemos, cuando llegaron al Gobierno, sí establecieron una cotización que los benefició personalmente a algunos de ellos.
En la instrucción, el juez Bonadio consideró que el valor natural del dólar se correspondía con el precio del mercado de Nueva York o del dólar-bolsa, unos 15 pesos, y que como con la operatoria de dólar futuro se hicieron ventas a 10,65 pesos, evaluó que hubo un perjuicio para el Estado. Ese planteo ya marca un hecho asombroso: un juez considerándose con autoridad para establecer el valor natural del dólar.
Lo que respondieron los imputados fue que se trató de una política económica para frenar corridas contra el dólar que tantos desastres produjeron en el pasado. Vanoli, por ejemplo, argumentó que su función como titular del Banco Central era, entre otras cosas, “promover el desarrollo con equidad”. En ese marco, la operatoria del dólar futuro evitó una devaluación que hubiera deteriorado el salario real de los trabajadores.
Todo indica que un eventual juicio, en 2018, tendrá ese punto central. Habrá un fiscal que dirá que se produjo un perjuicio para el Estado, mientras que las defensas sostendrán que podría haber quien opine que la política de dólar–futuro fue buena o fue mala, pero que en todo caso no constituye delito porque las políticas económicas de un gobierno elegido por el voto en democracia no son judiciables. Las defensas afirmarán que con esa política económica evitaron una devastadora corrida cambiaria.
En la balanza seguramente pesará que ningún funcionario se llevó dinero al bolsillo por el dólar futuro y que los que hicieron las ganancias fueron los que llegaron después a la administración nacional.
Aún así, nada es seguro en Comodoro Py. Hoy por hoy lo que domina en los tribunales de Retiro es la política y la ofensiva contra el anterior gobierno.
